Reforma del Esmad y cambios a Fiscalía, propuestas polémicas de la Comisión

Aunque desde la conformación de las entidades que integrarían el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del proceso de paz con las Farc se tenía previsto que la Comisión de la Verdad presentaría sus recomendaciones que serán monitoreadas por un comité de seguimiento, llamaron la atención en algunos sectores que se incluyeran sugerencias relacionadas con aspectos distintos al conflicto.

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De hecho, la comisión en su informe señala que, además de los planes para cumplir los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo Final de Paz, se acudió a otras recomendaciones que “también apuntan a transformaciones que no fueron objeto de discusión en el Acuerdo Final de Paz”. 

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Consideraron los comisionados que esas discusiones “son necesarias para superar la guerra y su legado en las instituciones”. Estas recomendaciones, según la norma, no son vinculantes.

La Comisión se refirió, por ejemplo, a la protesta social y a corto plazo recomendó la prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social y la reforma o eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Igualmente pidió al Congreso modificar la forma de elección del Fiscal General de la Nación “para garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia”. Se incluyó en esta iniciativa que la reforma “del proceso de postulación y selección se incluya la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano”.

Frente al ente acusador insistió en la promoción de medidas para fortalecer los cargos de carrera y los concursos de mérito y mejorar los criterios de ingreso y permanencia de los funcionarios y se refirió a otros temas internos, como el traslado de funcionarios y su estabilidad.

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Se propuso en el informe la creación de una Comisión de Investigación mixta (nacional e internacional), transitoria e independiente, que apoye el trabajo de la Fiscalía y la Unidad Especial de Investigación (UIE), para que se impulse la investigación en temas de narcotráfico, de criminalidad organizada y “aparatos organizados de poder funcionando al interior de las instituciones estatales que han generado; de las violaciones a derechos humanos o infracciones al DIH asociado a estas; y de la corrupción a mediana y gran escala”.

Además, se habla del direccionamiento civil sobre las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de inteligencia y, en ese punto, se habla de separar a la Policía del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio. Se plantea que el control al porte de armas también salga del Comando de las Fuerzas Militares y pase a un cuerpo civil.

También se piden controles a los agentes de inteligencia militar y policial “para que no determinen o participen indebidamente en los actos de investigación como la interceptación de comunicaciones, el uso de agentes encubiertos, entre otros”.

En materia de investigación a uniformados, los comisionados hablan de garantizar por parte de la Procuraduría el ejercicio de la acción disciplinaria, en plazos razonables, sobre las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por uniformados.

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Además se propone realizar un diagnóstico que cuente con la participación de organismos de control y de expertos independientes sobre los límites y controles a los gastos reservados que son usados por las autoridades en sus operaciones, y de un ajuste para que labores como “el monitoreo al espectro electromagnético cuente con controles civiles e independientes del Gobierno y las Fuerzas Armadas”.

En el mismo sentido, frente a las Fuerzas Militares menciona abrir el debate público sobre el Fuero Penal Militar y que, como sucede hoy, allí solo se juzguen las conductas típicamente militares y en ningún caso las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

En el caso de la Policía, es más profunda la petición y habla de que la Justicia Penal Militar “no investigue ni juzgue ningún tipo de conducta punible cometida” por de la institución.

El documento menciona una revisión a la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía, y de evitar que realicen labores sociales u obras civiles en los territorios que pongan en riesgo a la población civil o la comprometan en las hostilidades.

El informe se refiere también a la necesidad de garantizar que las personas desmovilizadas o desvinculadas individualmente o colectivamente de grupos armados ilegales no participen en operaciones militares o de inteligencia, más aún cuando se trate de menores.

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En este apartado, hablan de eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio y evitar ascensos a quienes tengan denuncias o procesos abiertos en su contra en casos de violaciones de los derechos humanos.

En temas de narcotráfico, la Comisión plantea renunciar definitivamente, “sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato” y garantizar la permanencia en Colombia de las personas solicitadas en extradición que puedan aportar verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, esto en pro del derecho de las personas afectadas por sus crímenes en el país.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), dijo que la función de la Comisión es, “en últimas, evitar la repetición, y en ese sentido puede hacer recomendaciones generales y específicas sin que se viole la ley o sin que el Gobierno tenga que implementarlas todas: las puede ver con ‘beneficio de inventario’, y eso está bien”.

Igualmente, señaló que no considera que algunas de las propuestas sean una extralimitación a las funciones del organismo.

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Por su parte, Angelika Rettberg, docente de la Universidad de los Andes y experta en resolución de conflictos armados, dijo que son propuestas y que será en el escenario del Congreso en donde se tendrá que examinar de fondo su viabilidad.

El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que siguen revisando todo el informe, pero que inicialmente consideran inviables puntos como las reformas del fuero militar.

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