Invisibilidad estadística de población afro llevó a Colombia a la CIDH

En Colombia habitan por lo menos 4’671.160 personas afrodescendientes, quienes representan al 9,34 por ciento del total de la población, pero este dato no se supo por el último censo de 2018, que contabilizó 48’258.494 colombianos, ya que un error llevó a contabilizar solo a 2’982.224 personas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, un 30,8 por ciento menos que los 4’311.757 que se habían registrado en 2005, cuando se hizo el último censo.

Esa ‘desaparición’ de casi un tercio de la población afro no solo tiene un capítulo en la Corte Constitucional, que ya cuenta con un proyecto de fallo, sino que llevó al Estado la semana pasada a dar explicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia temática –no judicial– sobre el hecho de que las personas negras del país, además del censo, son invisibles en otras bases de datos del Estado, por ejemplo, en temas de salud, pensión o educación, según explicaron varias organizaciones en esa diligencia.

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La audiencia, realizada el miércoles, duró una hora y media y en ella la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Corporación Afrocolombiana Hileros-Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), e Ilex Acción Jurídica expusieron a los comisionados por qué la invisibilidad estadística viola los derechos a igualdad, información, los derechos económicos, sociales y culturales, y desconoce la diversidad étnica y cultural de la nación.

“¿Quién cuenta como ciudadano para el Estado? Al parecer la población afrocolombiana no, y es supremamente grave que en pleno siglo XXI estemos discutiendo que necesitamos aparecer de una manera veraz y confiable en las estadísticas públicas. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a atender las brechas sociales tan graves que experimenta la población afrodescendiente”, señaló en la audiencia Daniel Gómez Mazo, miembro fundador de Ilex.

En la diligencia, las organizaciones fueron más allá de los reclamos frente al censo e indicaron que el tema también tiene que ver con las bases de datos istrativas, las cuales, dijeron, pueden comenzar a incluir desde ahora datos desagregados por identidad étnica.

Por ejemplo, así como se cuenta cuántas mujeres y cuántos hombres integran el Congreso, el gobierno, una corte, una universidad, etc., podría contarse cuántos de ellos son personas afrodescendientes; de este modo, sostuvieron, se puede comenzar a atender los problemas ya, en lugar de esperar a que el próximo censo, que sería en 2027 o 2028 –los censos se hacen cada 10 años–, corrija los problemas que tuvo el del 2018 y entregue datos precisos sobre la cantidad y condiciones de vida de los afrocolombianos.

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Por su parte, en la audiencia en representación del Estado estuvo el Departamento istrativo Nacional de Estadística (Dane), que reconoció, como lo ha hecho en otros escenarios, que hubo una omisión censal en 2018 por varios motivos, lo que llevó a contabilizar menos personas afro, pero añadió que el tema del volumen ya se ajustó a partir de otros ejercicios como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) y un ejercicio de machine learning para estimar el total de personas que no se contabilizaron, y donde se ubican por manzanas en cada ciudad.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, también señaló que ya están en marcha otras acciones para que en el futuro no se repitan estos errores y se incluya una agenda integral étnica en los ejercicios de la entidad para seguir produciendo información de calidad sobre las personas afrodescendientes.

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En entrevista con EL TIEMPO, Gómez y Oviedo detallaron en mayor profundidad las dificultades e implicaciones que tuvo el ejercicio de medir a los colombianos hace cuatro años.

El representante de Ilex explicó que hubo varios factores que influyeron en que no se midiera bien a la población afro, como que la omisión censal fue más alta en territorios históricamente con más población negra, que no se hicieron tantas visitas de los censistas a zonas más rurales, que en ciertos casos los censistas no hicieron la pregunta de autorreconocimiento étnico, entre otras.

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Señaló que desde 2019, cuando se conocieron los resultados preliminares del censo, varias organizaciones enviaron un derecho de petición y comenzaron a trabajar en acciones judiciales contra el Dane, el Ministerio del Interior, la Presidencia y otras entidades al considerar “que la invisibilidad tiene un impacto grave en la población, porque los datos del censo son usados para políticas públicas en educación, salud, empleo, justicia... Si la población afro no es contabilizada bien, las políticas están basadas en un diagnóstico errado”, explicó.

Por su lado, sobre la omisión censal, el director del Dane dijo que se identificó que en algunos casos no se visitaron viviendas, en otros los censistas realizaron hasta cuatro visitas y no fue posible encontrar un informante idóneo, también hubo dificultad para cubrir algunas zonas urbanas y rurales por temas de seguridad o por la negativa de los residentes a ser censados en Barranquilla, Cali, Policarpa y Tumaco (Nariño), y Quibdó (Chocó); o los censistas no formularon la pregunta de autorreconocimiento, sino que marcaron ‘ninguno’, pero también hubo casos en los que las personas no se autorreconocieron como personas afrodescendientes o no quisieron responder a la pregunta.

En todo caso, Oviedo señaló que tras el censo se hicieron varios estudios poscensales porque había datos incompletos.

Así, la ENCV de 2018 permitió no solo ajustar la cifra de 44’164.417 colombianos efectivamente censados a 48’258.494 personas, que se determinó como total de la población, sino tener resultados departamentales de la población afro y luego comenzaron a ‘escarbar’ la base de datos del censo, que tiene más de 40 millones de registros, para determinar cómo era la distribución municipal.

“Los modelos teóricos nos permiten decir que si esas personas, de quienes tenemos nombres y apellidos, así como ubicación, se llaman de cierta manera y están en las zonas de mayor prevalencia étnica afro, tenían alta probabilidad de reconocerse como afrocolombianos; entonces hicimos un modelo de machine learning y logramos recuperar una gran cantidad de datos étnicos porque además fue posible establecer por manzanas en cada municipio en dónde estuvo la omisión y, con la georreferenciación y los demás datos, estimar la cifra municipal”, explicó el director del Dane.

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Añadió que a raíz de eso la entidad ajustó las cifras y, aunque no es posible cambiar el censo como tal, pues “no es ético enmendar la declaración censal de las personas y asignarles en su línea de la base de datos una identificación étnica que ellos no pusieron”, el Dane certificó como cifra oficial de población afro la que arrojó la ENCV y la información está en la página web del departamento de estadística.

“Nosotros lo que les estamos diciendo a las comunidades negras es que hay diferentes formas de resolver el problema del volumen, pero el problema de las inequidades sociales y económicas ya está mapeado desde hace tiempo, por eso no sería del todo cierto decir que no pueden hacerse políticas públicas porque el censo está mal hecho”, aseguró.

Finalmente dijo que tampoco es viable pensar en repetir ahora el censo, primero porque es un ejercicio que se hace cada 10 años, segundo porque “son 480.000 millones de pesos que de dónde van a salir en este momento, cuando en realidad tenemos garantizada una agenda integral que los involucra a ellos y están las herramientas para trabajar hacia adelante”, concluyó.

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No obstante, Gómez manifestó que el ajuste hecho con la ENCV aún no les ha ofrecido todos los datos a nivel municipal, por lo que, aunque reconocen los esfuerzos del Dane, creen que el problema no se ha resuelto del todo.

“No desconocemos que el Dane haya hecho cosas, pero el problema no es solo el censo, es todo el sistema estadístico del Estado. A nuestro juicio, el problema de invisibilidad estadística se mantiene, el censo es un ejemplo, pero no el único, encontrar datos sobre personas afro en salud, pensión, víctimas de violencia, en instituciones de educación superior o dentro del Estado es muy difícil, esos datos no se recolectan. Entendemos que hacer un censo nuevo no es viable, pero sí pedimos usar la ENCV, pero hacerla representativa a nivel municipal para tenerlo a ese nivel y que se incluya la variable étnico racial para completar las otras bases de datos istrativas”, concluyó sobre sus peticiones.

La conversación sobre la invisibilidad estadística de población afro tiene un capítulo judicial en Colombia que comenzó en noviembre de 2020, según indicó Ilex, cuando interpusieron una tutela buscando un ajuste en el censo.

En primera y segunda instancia, la tutela fue declarada improcedente, pero la Corte Constitucional la seleccionó para revisión a finales del año pasado. El caso está en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, que recibió varios conceptos frente al debate, y ya fue elaborada una ponencia, dijo Daniel Gómez, pero aún no hay una decisión.

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La tutela que estudia la Corte es solo por el censo, mientras que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las organizaciones plantearon también la necesidad de que en otras bases de datos del Estado también haya información desagregada sobre pertenencia étnica.

Aunque la audiencia ante la CIDH no tuvo un carácter judicial pues las organizaciones afro no han presentado un caso a esa instancia por estos hechos, en las próximas semanas se espera de parte de la comisión un comunicado con las conclusiones y recomendaciones al Estado, “esto no es un escenario judicial, pero sí le pueden indicar al Estado cómo proteger los derechos humanos. Esperamos que una vez salgan las recomendaciones, el Estado responda y trabaje para resolver la invisibilidad estadística”, concluyó Gómez.

Justicia EL TIEMPO

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