Contraloría alerta por pagos en atención médica a personas que murieron

Aunque un ciudadano murió el 12 de diciembre de 2014, en registros estatales aparece que se pagaron 11 millones de pesos a una Institución Prestadora de Salud (IPS) por su atención luego de que supuestamente esta persona sufrió un accidente de tránsito el 11 de septiembre de 2019, es decir, cinco años después de su fallecimiento.

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Así aparece en una auditoría de la Contraloría sobre los recursos cobrados a la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) correspondientes a giros por la atención de personas heridas o muertas en accidentes de tránsito donde el vehículo involucrado no tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para dicha atención.

Esos recursos también incluyen la atención médica a las personas cuando el conductor del vehículo involucrado en el accidente huye de la escena de los hechos.

Por la atención de una persona que murió el 17 de noviembre de 2015 se pagaron 17 millones por un supuesto accidente registrado el 10 de diciembre de 2012 en el que, según la reclamación, perdió la vida.

En su auditoría, la Contraloría encontró en total 13 casos en los que se habrían cobrado 102 millones de pesos “generando un posible menoscabo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por esta cuantía”.

El organismo de control señaló que se detectó en la auditoría correspondiente a 2018 y julio de 2021 debilidad en algunos de los controles establecidos para ese tipo de procedimientos.

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El informe menciona otras irregularidades relacionadas, por ejemplo, con la supuesta prestación del servicio de traslado de pacientes en ambulancias. Se detectó que se hicieron cobros por el servicio de estos vehículos de emergencia para mover a centros asistenciales a pacientes que se encontraban en lugares distintos y alejados y que, a pesar de ello, en el reporte aparecen servicios de una misma ambulancia con apenas cinco minutos de diferencia entre un traslado y otro.

El organismo de control consideró que era improbable que esos se pudieran prestar tan rápidamente, por lo que advierte que al menos “uno de los documentos difiere de la realidad”.

Estas situaciones se han identificado en su mayoría en IPS del Valle del Cauca y Córdoba.

La actuación especial de fiscalización también llama la atención sobre presuntos dobles pagos de reclamaciones de gastos de transporte en ambulancia para el mismo y accidente, con diferente fecha de radicación, por $ 102’745.121.

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“Se evidencia que los prestadores de servicios de salud presentaron el mismo soporte más de una vez para reclamar presuntamente 2 o 3 veces el mismo reconocimiento por servicio de transporte y que la Adres realizó dobles pagos por estas reclamaciones”, dijo la entidad.

Uno de las hallazgos más graves en el informe es la posible cartelización de los servicios que se estarían concentrando en determinadas IPS del país. Se alerta en la auditoría que se detectó, por ejemplo, que a pesar de que cerca del sitio del accidente había un centro asistencial, el paciente fue llevado a un lugar más lejano que coincide con las IPS a las que llega un alto número de las personas accidentadas.

Ese tipo de casos se identificaron en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, regiones en las que las reclamaciones se concentran en una, dos o tres IPS.

La Contraloría dijo que Inversiones Azulud, en Magdalena, concentra el 43,46 por ciento del total de los valores aprobados para las atenciones derivadas de los accidentes de tránsito No Soat; y en Córdoba, Especialistas Asociados S. A. concentra el 85,5 por ciento de los valores reclamados por ese concepto; además, en este departamento en el 100 por ciento de las reclamaciones por transporte de víctimas, los heridos eran llevados a esta IPS.

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Según el informe, hay 786 registros de reclamaciones que el organismo de control logró georreferenciar, “para las cuales el accidente dio lugar a una reclamación (...) que atendió la IPS concentradora (Inversiones Azulud S.A.S., Centro de Diagnóstico e Imagen Bahía S.A.S., Centro Médico y de Rehabilitación Bahía S.A.S.) y/o para el cual el paciente fue transportado por ambulancia”.

De esas reclamaciones se identificaron 281 registros de atenciones en las IPS concentradoras para los cuales existían IPS de mediana y alta complejidad más cercanas al lugar de ocurrencia los eventos.

Se encontró que la empresa RUC Magdalena SAS., dedicada al transporte de pacientes, aparece en 786 reclamaciones y en todos los casos llevó a las personas accidentada al mismo sitio: la IPS Inversiones Azulud SAS, por un valor aprobado para la empresa de 209 millones de pesos.

Asimismo, se encontró que una mujer que aparece como representante legal de la empresa de ambulancias Red de Urgencias de la Costa y de Tecnología Diagnóstica del Sur en Atlántico y de la empresa de ambulancias RUC Magdalena, a la vez era la suplente de gerente en Inversiones Azalud SAS, en Magdalena, una de las IPS a la que más pacientes llegan.

En el departamento de Córdoba –dice el informe– se detectó que en el cien por ciento de las reclamaciones por transporte de víctimas a parece la IPS Especialistas Asociados S. A., a la que se hicieron pagos por 85 millones de pesos. Y en el Valle del Cauca las reclamaciones de concentraron en las clínicas Cristo Rey, con 70 millones de pesos, y Fabilu, con 58 milllones.

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Por cuenta de las irregularidades en la atención de siniestros viales sin cobertura de Soat se habrían pagado 13.955 millones de pesos, en las vigencias 2018 a julio de 2021.

“Debido a la concentración evidente de reclamaciones por accidentes de tránsito en algunos prestadores, se identifica ausencia de puntos de control que puedan medir y prevenir situaciones que conlleven a prácticas inadecuadas, concentrando o parcializando servicios que en el futuro conlleven a una posible cartelización”, advierte el informe del organismo de control.

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