Estos son los generales (r) procesados en Contraloría por millonario desfalco en Bogotá

La construcción de un complejo comercial que en el papel iba a contar con dos torres y varios parqueaderos sobre la carrera séptima con calle 100, de Bogotá, derivó en la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de varios militares que hicieron parte del consejo directivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), quienes se habrían saltado la ley generando un millonario desfalco para el país.

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Entre los uniformados -todos en retiro- se destacan los nombres de seis generales de las Fuerzas Militares, quienes, según la Contraloría General de la República, habrían estado al tanto del jugoso negocio que resultó saliendo mal, y que generó una pérdida al erario público para los militares pensionados de más de medio billón de pesos.

El daño, de acuerdo con el órgano de control en una rueda de prensa desde San José del Guaviare este jueves, ya está hecho, y fue por un total de 543.000 millones de pesos que costaban los 14 lotes ubicados en el exclusivo sector de la capital, y cuyos títulos fueron entregados en el año 2015 a una sociedad fiduciaria, con la cual se pactó que a cambio de la entrega del terreno, la Caja de Retiro de las Fuerzas iba a recibir una parte de las oficinas que construyeran en la torre 2, más 289 apartamentos. En total, unos 16.819 metros cuadrados de oficinas.

Aunque al parecer al inicio todo fue dicha, el negocio salió mal, puesto que la Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad, al mando de Luis Eduardo Parra, descubrió en una reciente auditoría que la Cremil dio los lotes a la fiduciaria -y a una constructora- a cambio de una promesa precaria que nunca se consolidó, y que sumado a eso, la Caja no exigió una garantía para proteger el patrimonio público en juego.

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En ese orden de ideas, EL TIEMPO conoció que entre los uniformados involucrados en este proceso fiscal están el contralmirante de la Armada Germán González; el general de la Fuerza Aérea Jorge León González; el mayor general del Ejército Jairo Salguero Casas; el general de la reserva activa de la Fuerza Aérea José Javier Pérez; el mayor general Leonardo Pinto; el general Édgar Ceballos Mendoza; el coronel del Ejército Carlos Julio Rondón; el técnico jefe de la Fuerza Aérea Luis Alberto Lara; y los señores Óscar Bocanegra y Diego Restrepo, entonces del consejo directivo del Cremil.

Asimismo, aparecen mencionadas la Fiduciaria Itau, Fideicomiso 'América Centro de Negocios' -nombre que iba a llegar el proyecto que ajusta ocho años sin levantarse-, y cinco aseguradoras.

La historia de esta construcción que nunca se levantó del todo se resume, según fuentes cercanas al caso, en que se trató de un negocio jurídico mal hecho por parte de la Cremil, ya que actuó por fuera de los límites de la norma. En especial, de la Ley 9 de 1989, que es la ley de reforma urbana, y que en su artículo 36 prevé que las instituciones del Estado pueden vender bienes inmuebles en algunas ocasiones, entre esas para proyectos de renovación urbana.

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Así las cosas, en la escritura, se pactó que el agente inmobiliario iba a entregarle a la Cremil las obras entre el 6 de agosto de 2015 al 6 de agosto de 2019. Fueron 48 meses de espera en los que hasta los transeúntes vieron que no despegó la construcción, algo que presuntamente no hicieron los de la Cremil, quienes preciso eran los llamados a hacer un debido seguimiento. Cuando se cumplió el plazo, lo único que recibieron fue un hueco con unos cimientos.

El escándalo tiene otro agravante, y es que según pudo conocer este diario, cuando los militares del consejo directivo, junto a sus equipos, fueron a solicitar el certificado de garantía, la fiducia les respondió con un 'no', añadiendo que a los únicos que se lo dieron por una deuda cercana a los 18.000 millones de pesos fue a los de un banco.

Además, otro elemento a subrayar es que este medio billón de pesos que manejó el Cremil pertenecía -en parte- a los pensionados de las Fuerzas Militares, y por eso dicho fondo estuvo en riesgo, porque al haber un deterioro en los recursos, se puso en riesgo un porcentaje de las pensiones.

A la par de los 543.000 millones de pesos que equivalen al valor actualizado de las predios donde se iban a construir las dos torres, hay un segundo monto en juego en este hallazgo y es el de los 34.000 millones de pesos que equivalen a las multas causadas y no pagadas a la fiducia por el incumplimiento de la obra.

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Es decir, como ellos desde el 6 de agosto de 2019 no entregaron los 16.819 metros cuadrados de oficinas, a la fecha adeudan esos miles de millones. En total entonces son 577.813 millones que hacen parte de este escándalo del 'elefante blanco', solo que la decisión de vincular a un proceso de responsabilidad fiscal a los militares en retiro se debe al primer factor, es decir, al del valor de los 14 lotes entregados. No obstante, EL TIEMPO conoció que no se descartan en los próximos meses más medidas por los incumplimientos de la fiduciaria.

Un dato relevante en medio de esta afectación a los recursos públicos es que como está a día de hoy la obra, Cremil no tiene ningún derecho sobre la torre 1, que es la que quedó a medio construir, pues de ella entregó todos los derechos. Tal es el descuido que hubo en la negociación jurídica, que ahora si los militares quieren entrar al ascensor de esa torre, tendrían que pedir permiso, pues es tierra de un privado.

Los implicados al parecer causaron este daño porque solamente ellos eran los que como del consejo directivo podían aprobar este tipo de negocios, que en esta ocasión violaron la ley. Uno de los generales que tendrá que responderle a la Contraloría por este escándalo es Édgar Ceballos Mendoza, quien hace unos meses dijo en televisión que "cuando un niño mayor de 14 años ya utiliza un uniforme, utiliza un fusil, ya hace parte del objetivo militar, y lo contempla el Derecho Internacional Humanitario".

Para que en principio el negocio se ajustara a la normativa y los militares pudieran proceder desde la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a pasarle los títulos de los 14 lotes a la fiduciaria, tenía que ajustarse a alguna causal en la ley. Fue así como se echó mano del artículo 36 en su numeral cinco, que dice que las entidades públicas podrán enajenar bienes cuando se trate de proyectos de renovación urbana.

En el caso concreto, la zona de la carrera séptima con calle 100 en la que está ubicado el terreno fue incluida en un plan parcial de renovación urbana en el Decreto 188 de 2014 de la Alcaldía de Bogotá, cuando el mandatario de los capitalinos -y quien expidió el decreto- era Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Esto no se traduce en que haya algún vínculo al interior de la Contraloría con el nombre del jefe de Estado, sino que fue una antesala de lo que terminó pasando.

Ese decreto del plan parcial de renovación urbana quedó pactado por 10 años, por lo que en 2024 si no se hizo ninguna obra, tocará tramitar otras licencias para intervenir la zona.

Una vez se conoció la reciente decisión que tomó la Contraloría por este caso, el pasado 19 de junio el presidente Gustavo Petro compartió un trino en el que afirmó que "la pérdida de medio billón de pesos del fondo pera asignaciones de retiro de de la Fuerza Pública debe ser investigado a profundidad".

Y en ese sentido, manifestó su interés de reunirse con los funcionarios de la Contraloría para mirar las posibles alternativas que hay para recuperar ese dinero. Según supo este diario, esa plata podría salvarse desde el Ministerio de Defensa, haciendo uso de recursos que tienen para intervenir el proyecto. La figura que tendrían es que al ser bienes públicos hay también una expectativa de derechos y unos incumplimientos de la contraparte, es decir, de la fiduciaria y la constructora.

En cuanto a lo que viene para los implicados, en caso de ellos ser encontrados responsables por no haber hecho una debida diligencia y seguimiento al proyecto que no avanzó durante cuatro años, ellos podrían resarcir los daños devolviendo la millonaria suma.

Además, el capítulo de las dos torres y los cientos de parqueaderos a nivel disciplinario y penal podrían traer nuevas noticias desde la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente, si las entidades consideran que hay mérito para ello por conductas que se desmarcaron de la ley. Para ello, desde la Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad se les compulsaron copias a los otros dos entes.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49