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Defensoría denuncia que bebés wayú son alimentados solo con chicha por falta de atención del Estado

El organismo cuestionó incumplimiento de órdenes de la Corte para la protección de esta población en La Guajira.

La Defensoría realizó una visita a cuatro municipios en La Guajira y encontró falencias en atención a la infancia. Foto: Defensoría

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María Isabel Ortiz Fonnegra

PERIODISTA09.05.2024 13:09 Actualizado: 09.05.2024 13:13

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Tras una visita a cuatro municipios de La Guajira, la Defensoría lanzó una alerta por las condiciones en las que está viviendo la población wayuu, e indicó que este pueblo indígena dejó de recibir servicios de atención integral desde finales del 2023.

Incluso, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, sostuvo que “niños wayuu entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso”.

De acuerdo con el seguimiento de la Defensoría, los menores de cinco años no están recibiendo los servicios de atención a la primera infancia, incluido el complemento nutricional, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde el 15 de diciembre del 2023. Por este motivo hay niños con desnutrición y bajo peso.

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Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto:Cortesía Defensoría del Pueblo

“Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclamó Camargo Assis.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo señaló que pese a órdenes de la Corte Constitucional desde hace seis años, cuando salió la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) por la situación del pueblo wayú, la “vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de la niñez en el departamento no mejora”.

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Visita de la Defensoría a comunidades en La Guajira Foto:Defensoría

Frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) el organismo de derechos humanos dijo que las instituciones educativas aunque tienen PAE, este no cubre a todos los niños, niñas y adolescentes y “en muchos casos, los docentes tratan de reducir las porciones para que la totalidad de los niños pueda comer algo, pues muchos solamente van por el alimento a la escuela, y en algunos casos es la única comida del día”.

Así mismo, la Defensoría indicó que las autoridades de la comunidad étnica dijeron que las minutas del PAE no tienen en cuenta los usos y costumbres de la comunidad wayú.

También se reportó que hay deficiencias en la infraestructura educativa y el kit educativo, que consta de cinco cuadernos, regla, lápiz, borrador, resma, colores, etc., fue entregado por última vez en julio del año pasado.

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Se agregó que los menores que no cuentan con transporte escolar deben desplazarse, caminando o en moto, distancias hasta de dos horas. “Se estima que alrededor del 80 por ciento de quienes terminan básica primaria no continúa con sus estudios en razón a que debe acudir a centros educativos más lejanos y de difícil ”.

Otra falencia identificada es en la prestación del servicio de salud, pues la Defensoría dijo que las 17 comunidades indígenas de los cuatro municipios visitados, conformadas según sus autoridades y líderes, por más de 1.000 niños y niñas menores de cinco años, 50 mujeres embarazadas, 90 mujeres lactantes y más de 300 menores de seis a 14 años, “deben desplazarse hasta centros urbanos para acceder a los servicios en salud, pero no cuentan con dinero”.

Y en cuanto a las falencias en el suministro del agua se indicó que las comunidades no cuentan con el suministro de agua potable ni con una fuente para su abastecimiento y deben caminar largas distancias para ir hasta donde están los pozos.

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“Nos preocupa la falta de suministro del recurso hídrico, así como la ausencia de respuesta a los requerimientos que les hemos elevado a las entidades pertinentes”, señaló el Defensor del Pueblo.

Camargo concluyó con un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que “implementen las medidas definitivas que permitan solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la niñez en La Guajira. Denle cumplimiento de una vez por todas a lo que dicta la Sentencia T-302 de 2017”.

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