Derrota parcial de EPM en millonaria demanda de Hidroituango por retrasos en la obra

Tres años después de que se interpuso una demanda de la Sociedad Hidroituango contra EPM por los retrasos en la entrada en operación de la megaobra, un tribunal arbitral acaba de determinar que Empresas Públicas de Medellín “es responsable de todos los daños y perjuicios” causados a la hidroeléctrica por “el incumplimiento del contrato Boomt, suscrito el 30 de marzo de 2011”.

(Lea también: Llegó la hora cero para laudo que defina millonaria demanda de Hidroituango contra EPM).

Al analizar el cumplimiento del Boomt (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por su sigla en inglés), que dejó a EPM como accionista, constructor y operador del proyecto, el tribunal determinó que EPM tendrá que pagar una multa de 781.828’888.350 pesos por concepto de las “cláusulas penales de apremio por incumplimiento de hitos”, al decir que por incumplir el contrato, la empresa “está obligada a asumir los ‘sobrecostos’, mayores costos y gastos de toda naturaleza”.

(Lo invitamos a leer: Advierten riesgos por decisión del Gobierno de no adjudicar procesos a únicos oferentes).

El laudo que zanjó este millonario pleito tiene más de 300 páginas en las que se leen las consideraciones de los árbitros frente a las pretensiones demandadas por Hidroituango y las que incluyó en su contrademanda EPM, y si bien la última tendrá que pagar las multas, la sociedad de la hidroeléctrica tampoco ganó del todo, pues pedía que también se ordenara el pago del concepto de remuneración que, de acuerdo con el contrato, se paga más adelante y no ahora.

“La reclamación de pago de remuneración, a pesar de que no se haya llegado a la etapa de su exigibilidad según el acuerdo de las partes, contraviene lo pactado en el contrato”, se señala sobre este punto.

Buena parte del debate sobre los retrasos del proyecto tuvo que ver con la contingencia de abril de 2018, cuando se taponó el tercer túnel de desviación del río Cauca llamado Galería Auxiliar de Desviación (GAD), ocasionando una contingencia y obligando a pasar el agua a través de la casa de máquinas de la hidroeléctrica. EPM argumentaba que esa contingencia fue una fuerza mayor que le impidió cumplir con los hitos del contrato en los tiempos establecidos; Hidroituango, por el contrario, sostenía que el taponamiento de la GAD era responsabilidad de la empresa por construir una obra que no estaba en los diseños originales.

Sobre este punto, el tribunal arbitral, compuesto por Ruth Stella Correa Palacio, Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander, señaló que la empresa incumplió el contrato por ejecutar la GAD “contrariando las reglas del arte y las buenas prácticas de la ingeniería”, pues esa obra se construyó, además, sin haber obtenido la modificación de la licencia ambiental inicialmente concedida al megaproyecto.

(Puede ser de su interés: Así cayeron 500 kilos de marihuana creepy, la de mayor concentración de THC).

En ese sentido, el laudo declaró que el colapso de la GAD no era un “evento excusable” del contrato Boomt y que los desplazamientos de las fechas para cumplir los hitos “tienen como origen la culpa de Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM)”.

Como se señala la responsabilidad de EPM en este punto, se dice que la empresa “está obligada a asumir los costos, mayores costos y gastos de toda naturaleza, incluidos los financieros, por causa u ocasión del colapso de la obra de desviación denominada Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su Galería Auxiliar de Desviación (GAD) hasta su completa superación y restitución”.

En la noche de este 7 de diciembre se estaba a la espera de pronunciamientos del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y de EPM sobre este laudo que, en todo caso, aún no está en firme, pues se podrían interponer recursos de aclaración y adición o, incluso, pedir su nulidad ante el Consejo de Estado.

(Más notas: Los momentos más tensos en audiencia contra violento exmilitar que tiene 56 denuncias).

Cabe recordar que la composición accionaria de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango es el 50,7 por ciento del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea); el 2,14 por ciento de la Gobernación de Antioquia; el 46,3 por ciento de EPM, y el resto de accionistas minoritarios. Es decir, EPM, a la que se le ordena pagar las multas, es dueña de un poco menos de la mitad de la sociedad a la que debe pagarlas.

En X: @JusticiaET