'Una elección que tenga origen en Congreso jamás estará libre de controversias'

Desde este lunes comienza oficialmente el periodo del nuevo contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien ha dicho que evaluará un diagnóstico del órgano de control, precisamente en esa línea, el ahora excontralor general Carlos Felipe Córdoba habló con EL TIEMPO sobre cómo deja la entidad y los retos para Rodríguez.

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Según Córdoba, en los últimos cuatro años la Contraloría avanzó en la eficacia del control fiscal, se modernizó, y es capaz de prevenir saqueos a los recursos públicos.

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La Contraloría General de la República, ad portas de cumplir 100 años de existencia institucional, está catalogada hoy, por las entidades internacionales que asocian a los organismos superiores de control fiscal, como una de las más modernas y eficientes de América Latina. Entregamos una Contraloría dotada con recursos humanos bien calificados, instrumentos tecnológicos de última generación y estrechamente relacionada con una ciudadanía empoderada que ejerce hoy con vigor el control social.

Mi sucesor encuentra una institución que, impulsada por la reforma constitucional que potenció su capacidad de lucha contra la corrupción, es capaz de prevenir -como lo hicimos- ataques y saqueos al recurso público.

No me opongo a una reforma de esa índole, siempre y cuando la vigilancia y el control fiscal no se aleje de la ciudadanía ni pierda la dinámica ascendente que hemos logrado imprimirle en los últimos tiempos. La cercanía y concientización del ciudadano sobre la importancia en su participación en la vigilancia de los recursos públicos no se puede desestimular a través de instituciones lejanas por muy ilustrados que sean sus integrantes. Nadie sabe mejor cómo se están gastando los recursos que el mismo ciudadano de las obras públicas, la infraestructura educativa, los servicios básicos y los servicios de salud, entre otros muchos.

Ilustro la respuesta con los hechos y cifras más recientes. Desde 2020, cuando creamos la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), emitimos 2.549 alertas a contratos revisados por cerca de $56 billones, cifra comparable con el doble del presupuesto anual de Bogotá. Me enfoco, en primer lugar, en la contratación porque históricamente ha estado convertida en el instrumento de desvío y malversación por parte de los corruptos.

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Con la estrategia Compromiso Colombia rescatamos, con el apoyo ciudadano, 959 elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos y ayudamos a que fueran entregadas a la comunidad infraestructuras por más de $8,4 billones que hoy mejoran la calidad de vida de miles de colombianos. Gracias al esfuerzo de la Contraloría y al vigor del Control Social quedaron a salvo 809 obras a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa por $1,71 billones.

Si consolidamos las cifras obtenidas por cada una de las delegadas en su ejercicio fiscal, los beneficios fiscales superan los 35 billones, es decir, superan en monto las pretensiones del nuevo proyecto de reforma tributaria.

Un proceso de elección que tenga origen en el Congreso, un cuerpo político, deliberante y lleno de matices ideológicos, jamás estará libre de controversias. Para tranquilidad de la ciudadanía, sería conveniente adoptar un sistema de méritos y convertir el cargo en la cúspide de una carrera bien regulada. Si nuestra democracia alcanzara el grado de madurez necesaria, sería partidario incluso de que las cabezas de los órganos de control fueran elegidas popularmente.

Sí, los avances han sido significativos. Con nuestra presencia logramos que mejorara la calidad de las raciones de alimentos para nuestros estudiantes de instituciones públicas y que el servicio gane en oportunidad. Nuestro Programa “No más conejo al PAE” ha generado decisiones de responsabilidad fiscal por cerca de $10.000 millones en seis departamentos y 17 municipios. En Bolívar, Norte de Santander y otras regiones empleamos con éxito para figura del contralor estudiantil como brazo extendido del control social.

Me voy, eso sí, con el sinsabor de que la cobertura del programa de alimentación no sea todavía plena. En visitas realizadas a 183 Instituciones Educativas oficiales de 53 Entidades Territoriales Certificadas encontramos que en 29, es decir el 16 por ciento, no se estaban realizando entregas del PAE el día de la visita.

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De las 959 obras registradas, aseguramos la entrega a la comunidad de más de 800 por más de $8 billones.

Si hacemos un ‘top 10’ de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos por departamentos, los resultados serían estos: Cundinamarca (86), Bolívar (85), Antioquia (82), Huila (65), Nariño (54), Atlántico (53), Valle (45), Cauca (43), Córdoba (42) y Boyacá (42).

De acuerdo con el tipo de obras rescatadas destaco las de movilidad urbano-regional, por $4,40 billones; educación e infraestructura, por $1,90 billones; corredores estratégicos e infraestructura aeroportuaria, por $420.515 millones; deporte y recreación, por $391.008 millones., y cultura, por $148.446 millones.

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La Contraloría participó en la estructuración del proyecto de ley estatutaria por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 de la istración de justicia. Concretamente, el artículo 88 del proyecto legislativo dispone expresamente que la inhabilidad derivada de la responsabilidad fiscal no se aplicará a los cargos de elección popular y su aplicación estará condicionada a decisión judicial.

El proyecto de ley estatutaria está surtiendo el control previo, automático e integral de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y esperamos un fallo favorable. Por lo tanto, en lo que corresponde a la Contraloría General, se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Consejo de Estado tiene la facultad de revisar las sanciones y ellos en su sabiduría evaluarán cómo ejercen esa competencia. Lo importante es entender que contamos con un régimen garantista en donde el sancionado tiene recursos e instancias tanto en la Contraloría General como en la Jurisdicción Contenciosa, entre otras. Eso es importante en un estado de derecho como el nuestro.

Como se trata de un jurista versado y con experiencia en el campo del control fiscal, estoy convencido de que seguirá fortaleciendo la aplicación del modelo adoptado mediante el Acto Legislativo 04 de 2019. La entidad queda en buenas manos y contará con un personal calificado y comprometido que asumirá el nuevo liderazgo con responsabilidad, seriedad y amor por Colombia. Estoy seguro que la nueva orientación la Contraloría preservará el mayor de sus capitales: la confianza ciudadana.

En Twitter: @JusticiaET