'Muerte' pública de Álvaro Leyva por escándalo de pasaportes: ¿la primera 'papa caliente' para la Procuraduría de Eljach?

"La conducta del ministro Álvaro Leyva Durán evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de selección contractual, determinándose a declarar desierta la licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la adjudicación, situación que generó un reproceso y desgaste istrativo que, como máximo jerarca de la Cancillería, públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales". 

Esa es una de las principales conclusiones del fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita por 10 años al polémico excanciller del gobierno del presidente Gustavo Petro por el escándalo de la millonaria licitación de pasaportes, en la que se había impuesto la firma Thomas Greg, frecuente blanco de descalificaciones del Jefe de Estado. 

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Los diez años de inhabilidad representarían, de quedar en firme en segunda instancia, la 'muerte' pública para Leyva, quien ya cuenta 82 años y que tras su renuncia a la Cancillería, precisamente por el escándalo, ha venido jugando varios papeles extraoficiales para el gobierno Petro. Este martes Leyva anunció que va a apelar el fallo y a recusar a la procuradora general, Margarita Cabello, a quien le corresponde resolverlo, con el argumento de un supuesto prejuzgamiento.  

Cabello sale del cargo a mediados de enero, cuando habrá cambio de istración en la Procuraduría. Con los apretados términos corriendo tanto para la presentación de la apelación como los de la recusación, es un escenario altamente probable que el caso de Leyva se convierta en una de las primeras 'papas calientes' que tendría el electo procurador general, Gregorio Eljach, cuando asuma el cargo.

Por ahora, Yefferson Dueñas, abogado del excanciller, le dijo a EL TIEMPO que tiene cinco días para formalizar la apelación del fallo del procurador ponente,Ernesto Espinosa, y que después de ello definirán los términos de la recusación que planean en contra de Cabello, de quien creen que está impedida para conocer del expediente. Según Leyva,  Cabello violó su derecho a la defensa: "Actuando ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que 'antes de finalizar enero tendremos resultados', siendo ella la superior y nominadora de quienes hoy me sancionan, y la competente para decidir en segunda instancia. Violó con ello el derecho irreductible al debido proceso".

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El tiempo que se demore Dueñas en formular sus recursos, y el que se tome en el ente de control las respectivas revisiones, será clave para saber si le corresponde a Cabello o a Eljach definir la segunda instancia. Para el abogado, los cálculos son muy relativos, porque depende de qué tanta celeridad quieran darle al caso. Si prospera la recusación contra la Procuradora, esto será analizado por el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch.

Si se mantiene la decisión, las posibilidades de que Leyva terminara en el servicio exterior como diplomático o su reencauche en otra dependencia del Estado -camino que ha sido tomado por el presidente Petro frente a otros de sus alfiles que han sido cuestionados- quedarían clausuradas definitivamente, si bien él asegura que sin importar su condición pública seguirá moviéndose en temas de paz. 

En cuanto a tiempos, un ejemplo reciente es que en julio pasado la procuradora Cabello dejó en firme la sanción contra el exsuperintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez, luego de que dos meses atrás -en mayo- le habían proferido el fallo de primera instancia.

La decisión de la Sala Disciplinaria tiene 112 páginas y concluye que Leyva incurrió en una falta gravísima, a título de dolo, al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad. 

El caso de los pasaportes, que generó revuelo en el Gobierno Nacional, tiene que ver con la licitación por casi 600.000 millones de pesos que el año pasado se abrió para renovar el contrato que, durante los últimos 17 años, ha manejado la empresa Thomas Greg. A la convocatoria se presentaron 11 proponentes, que se fueron quedando en el camino hasta que desde la Cancillería se advirtió que se habría incurrido en una irregularidad para favorecer a la Unión Temporal Pasaportes 2023, integrada por Thomas Greg.

Aunque la licitación fue elaborada en su Cancillería, y actuando por órdenes del presidente Petro, en septiembre del año pasado Leyva expidió la Resolución 7485, que le puso un freno a la licitación por indicios de supuestas actuaciones amañadas a favor de un solo oferente. Durante el juicio disciplinario, Leyva aseguró que su "obligación era ser garante de los derechos de quienes quisieran hacer parte del proceso licitatorio”.

No obstante, la Procuraduría anotó que si era tan claro para el exministro que las reglas estaban dadas para favorecer a una empresa en particular, "se pregunta esta sala por qué no especificó en el acto istrativo cuáles eran esos condicionamientos que, según él, solo podía cumplir la UT Pasaportes 2023". En otras palabras, esos puntos no fueron mencionados en la resolución que expidieron desde la Cancillería para frenar la licitación.

Otro aspecto que resaltó el procurador Espinosa tiene que ver con que en plena convocatoria hubo observaciones al pliego de condiciones presentadas por varias empresas interesadas en el negocio, entre ellas s Holográficos, In Groupe y Cadena SA, a las que finalmente el comité estructurador les resolvió sus dudas por lo que considera el Ministerio Público que no hubo irregularidad. "De igual manera, las observaciones que hizo el procurador delegado para la vigilancia preventiva fueron atendidas por el secretario general (José Antonio Salazar)", señaló Espinosa.

El ente de control también retomó una denuncia que llegó a la Fiscalía el año pasado en contra del comité estructurador y funcionarios de la Cancillería por supuestamente haber diseñado la licitación a favor de Thomas Greg. Sobre este punto, el procurador hizo hincapié en que una noticia criminal en el ámbito penal no puede ser considerada prueba en lo disciplinario, y resaltó que además ese proceso fue archivado por un fiscal. 

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"En definitiva, los argumentos expuestos por la defensa no justifican que la declaratoria desierta de la licitación se encuentre ajustada a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no es cierto que las reglas definidas en el pliego impedían la escogencia objetiva, prueba de esto es que la UT Pasaportes 2023 cumplió con los requisitos de habilitación, fue objeto de evaluación y obtuvo la puntación necesaria para que el comité evaluador recomendara que el contrato le fuera adjudicado", se lee en el fallo.

Thomas Greg, que demandó a la Nación por el incumplimiento en la adjudicación por un valor de 117 mil millones de pesos, ha seguido con el negocio a lo largo de toda la istración Petro a través de prórrogas. El fallo disciplinario, si se mantiene en las instancias correspondientes, terminaría reforzando sus argumentos en contra del Estado. 

Al momento de proferir el pliego de cargos contra el excanciller el pasado 24 de enero -fecha en la que además lo suspendieron del puesto por tres meses-, la Procuraduría dijo que aparte al freno a la licitación y la negativa de entregar el contrato a Thomas Greg, había un segundo hecho por el cual tenía que responder: la declaración de urgencia manifiesta.

Esta se oficializó con la Resolución 7541 del 14 de septiembre de 2023, y con ella se pudo garantizar la impresión de pasaportes por 12 meses más, en aras de no afectar a la ciudadanía. Al momento de abrir la investigación, el ente de control dijo que Leyva hizo esa declaratoria sin tener el sustento jurídico y técnico necesario.

Luego del análisis, la Sala de Juzgamiento ratificó que lo hecho por el excanciller "no se ajusta a las previsiones legales establecidas". Sin embargo, esto "no es adecuado en sede de culpabilidad recriminar al disciplinado por los hechos que derivaron en la urgencia manifiesta, habida cuenta que dicho cuestionamiento ya se planteó en relación con la conducta atribuida en el cargo primero; hacerlo comportaría una doble incriminación". En otras palabras, para el ente de control no se le podía exigir a Leyva otro comportamiento distinto a la ruta que tomó encaminada a la urgencia manifiesta y la necesidad de proteger los derechos de los colombianos.

En total, fueron cinco problemas jurídicos de esta índole los que analizaron los procuradores Ernesto Espinosa y Luz Estella García, pues la delegada María Lourdes Hernández Mindiola está ausente por comisión. 

El abogado Fabio Humar le indicó a EL TIEMPO que son varios los caminos que tiene Álvaro Leyva para contrariar el fallo. "Le queda una apelación, y otros recursos como demandar la decisión ante el contencioso istrativo y, eventualmente, una acción de tutela", de la que podría llegar a conocer la Corte Constitucional. Frente a la recusación, el experto manifestó que Leyva tiene el derecho a usar todas las figuras que la ley le da, pero cree que dicho recurso puede ser un poco tardío.

Por su parte, el abogado Eduardo Eraso explicó que el fallo es susceptible de ser revisado por el superior jerárquico de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento. "en el caso en concreto el despacho de la señora Procuradora, de conformidad con el artículo 102 de la Ley 2094 de 2021". 

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]