La Fiscalía designó un grupo especializado del nivel central para que acompañe la investigación por el grave caso de maltrato a un menor denunciado en la fundación religiosa Hogar Monserrate, ubicada en la vereda Tilatá, del municipio de Chocontá (Cundinamarca).
Fuentes del ente acusador señalaron que el caso fue asignado a un fiscal de Chocontá en Cundinamarca pero que se enviaron desde Bogotá peritos expertos para acompañar la investigación.
Añadieron que el caso será priorizado para que avance mas rápidamente.
Los investigadores iniciaron los actos urgentes y las entrevistas a los testigos de lo sucedido con el menor. Igualmente se recolecta información sobre las personas encargadas del cuidado de la víctima.
Según se denunció, el pene del niño fue amarrado con cabellos humanos con la excusa de que se orinaba en la cama, además era golpeado con ortiga y obligado a aguantar frío en pantaloneta en la madrugada.
La familia del menor denunció los hechos ante la Fiscalía el 16 de diciembre, para que se investigaran los hechos.
A partir de lo que se ha conocido públicamente, en este caso habría una configuración de un delito.
Camilo Burbano, abogado penalista, indicó que si los hechos se comprueban como ciertos, se está ante el delito de tortura, que consiste en que una persona infrinja a otros daños o sufrimientos físicos o psíquicos.
"Ese delito tiene una pena en su tipo base, es decir sin agravar, de 128 meses. Pero en este caso sería agravado porque es contra un menor de edad, y la pena sería aproximadamente de entre 10 años y 8 meses hasta 30 años de cárcel", indicó el abogado.
Así mismo, Burbano comentó que se tendrá que investigar si dentro de la configuración de la tortura hubo algún tipo de violencia sexual frente al menor.
En cualquier caso, el turno es de la Fiscalía para investigar los hechos y, de encontrar que se cometieron delitos, llevar a los responsables ante la justicia ordinaria para que un juez decida la sanción.
Por los hechos la Procuraduría General inició acción preventiva y designó un procurador judicial especializado para intervenir en el Proceso istrativo de Restablecimiento de Derechos ante la Defensoría de Familia del Centro Zonal Barrios Unidos - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Adicionalmente, el Procurador Judicial designado de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres ejercerá vigilancia y control a la institución y a las entidades competentes que realizan la verificación de derechos del niño.