‘Este gobierno siempre ha bloqueado a la Procuraduría’: Margarita Cabello

Se despide la procuradora Margarita Cabello, revelando que la entidad fue bloqueada por este gobierno, no solo con información que no quiso brindarle sino financieramente. Incluso fue recusada por pedirle al minsalud claridad sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Decidí que no me iba a dejar afectar. Ellos procedieron a hacer la posesión de mi sucesor con efectos jurídicos a partir del 15 de enero. Gregorio Eljach me llamó para contarme que el Presidente estaba insistiendo en que quería posesionarlo antes, porque en enero no podría hacerlo; y que él no sabía cómo proceder… Le dije: Gregorio, yo no puedo ponerme a pelear con el Presidente, haga lo que él quiera. Entonces el Presidente terminó posesionándolo ese 20 de diciembre en Riohacha.

El vice era el encargado. Acompañó a Gregorio, también un poco presionado. Todo legal, pero indudablemente un acto de descortesía.

Del propio Presidente. Desde el primer día me propuse no ponerme a controvertir las actuaciones del Gobierno, sino a trabajar en lo mío, es lo que hemos hecho y lo haremos hasta el último día.

La Corte Interamericana no ha emitido concepto, estamos esperando que lo haga. Tiene que hacer un informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. El tema es que ya la Corte Constitucional y el Consejo de Estado determinaron que la ley que yo trabajé con el Congreso, la 2094, estaba correcta y que con ella se cumplía con la sentencia.

Eso dice la sentencia. Cuando yo llegué a la Procuraduría tratamos de acatarla, pero para hacerlo tendríamos que haber cambiado la Constitución. De ahí surgió la idea de organizar una ley y trabajarla con el Congreso, a ver cómo se podía armonizar la sentencia de la CIDH con las leyes colombianas. Ahí decidimos además que las decisiones que tomara la Procuraduría en cuanto a sanciones contra funcionarios electos popularmente solo quedarían en firme luego de pasar por un recurso de revisión ante el Contencioso istrativo. Y esa decisión, apoyada por el Congreso, la avaló también la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 2023. Su contenido fue a su vez ratificado por el Consejo de Estado en su última decisión, a finales del 2024.

de la Comisión Interamericana y la de la Corte Constitucional colombiana y la del Consejo de Estado?

Nuestras leyes colombianas. La Corte Constitucional estudió la sentencia de la Corte Interamericana y consideró que la manera de interpretarla en Colombia era que la Procuraduría sí puede investigar y disciplinar a funcionarios de elección popular y que el Contencioso istrativo, no un juez penal, sería el que avalaría esas decisiones. ¿Qué va a pasar? La Corte Interamericana tiene que sacar un informe sobre el seguimiento al cumplimiento de la sentencia. En audiencia pública, la CIDH nos escuchó y nos pidió la información requerida. Pero de todos modos, ya en Colombia hay que obedecer lo que dijeron el Consejo y la Corte.

El Gobierno siempre ha bloqueado a la Procuraduría. De hecho, varias veces no nos han entregado el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) completo, como una retaliación por las investigaciones que hacemos. Pero el PAC hay que pagarlo, porque son obligaciones pendientes que se les giran todos los meses a las entidades. Nos retrasaron el PAC de octubre y el de noviembre, y al momento de hacer esta entrevista, no nos habían girado el de diciembre. Es una manera de presionarnos para que no los investiguemos. Eso viene desde que empezó este gobierno: a la Procuraduría no le giren a tiempo; no le den respuestas ni información; demórenle las cosas… Pero, además de eso, para el presupuesto de inversión del año entrante, que era de unos 90.000 millones de pesos, nada. Lo redujeron a 10.000 millones de pesos… Cuando el de la Contraloría es de 400.000, 500.000 millones al año.

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Sí, claro, y es una manera de hacerlo. He sentido durante los dos años de este gobierno una presión permanente de Hacienda hacia la Procuraduría en el manejo de los dineros.

Llamando y apretando. Al ministro le insisto y le recuerdo a qué órganos de control no les puede dejar de girar la plata, porque somos autónomos e independientes. Sin embargo, lo siguen haciendo, porque no respetan las leyes… Y nosotros, como somos órganos de control, tenemos que vigilarlos; ordenar las aperturas de investigaciones al Gobierno cuando las cosas están mal, porque es nuestra función. Entonces nos aprietan más.

Bueno, nosotros hemos estado apretando, por ejemplo, en los temas de salud. Como no presentaban el valor actualizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para las IPS, el 18 de diciembre le enviamos un oficio al ministro diciéndole que nos informara si estaba siguiendo los procedimientos adecuados para poder sacar bien el cálculo de la UPC. Presumo que se molestaron y que por eso me recusaron…

Que porque nosotros estábamos persiguiendo al ministro y diciendo que la salud está mal porque está desfinanciada. Nos dijeron que no nos podían dar respuesta sobre cómo estaban haciendo el estudio para determinar el valor de la UPC y nos recusaron para no darnos la respuesta. Ese valor lo tenían que dar a más tardar el 31 de diciembre, y ya ve con lo que salieron. Con una cifra, el 5,36 por ciento, que difícilmente cubrirá el efectivo a la salud en distintas zonas y poblaciones del país.

No sabemos si trabajó con la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, comisión especial que tiene que ayudarlos a estudiar cómo sacar el cálculo exacto de la UPC. También les pedimos los estudios de Acemi, de Anif… imposible. La única respuesta fue mi recusación.

Porque, según ellos, nosotros estamos parcializados diciendo que la salud no sirve en Colombia, que estamos sesgados y que queremos hacerles daño. Terminaron fijando ese valor como les dio la gana sin informarnos a nosotros, para contar con los elementos para saber si lo hicieron correctamente. El año pasado no lo hicieron bien y hay abierto un proceso disciplinario por eso.

Sí. Él nos mandó un equipo desde octubre; la verdad, el Procurador designado ha sido muy respetuoso, tengo que reconocerlo, trabajamos muy bien, se les dio toda la información, incluso de las situaciones que se pueden presentar en enero para que él esté al tanto.

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Recuperaré a mis dos hijos y siete nietos que tengo abandonados. Pero me voy con la satisfacción del deber cumplido; investigamos y sancionamos alrededor de 500 alcaldes y gobernadores electos popularmente en todo el país. Tuve el carácter de abrir investigaciones cuando algo no funcionaba. Y me voy tranquila, porque voy a descansar de dos años y medio de una Procuraduría muy dura, con muchos ataques por todas partes, con persecución en redes sociales, con afectación a mi nombre y ofensas de mucha gente del Gobierno, que me hicieron trabajar con más fuerza, demostrando que se necesita un órgano de control autónomo e independiente para que la democracia siga funcionando. Mi mensaje de despedida al país es que ojalá los gobiernos entiendan que persiguiendo a los órganos de control o a la Procuraduría en especial, no es la manera de proteger y garantizar el Estado de derecho.

Claro, llegamos hasta el final, estábamos a punto ya de dictar pliego de cargos, pero los abogados nos han presentado peticiones, nulidades y de todo, para dilatar. Lo dejamos a punto de, no pliego de cargos, porque sería peligroso decirlo así, ya que eso no se puede adelantar, pero sí cerrado el caso para tomar decisiones. En ese punto lo dejamos.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO