Hasta acusaciones de sobornos a 'paras': la dura pelea entre los abogados gringos que demandan a Chiquita Brands por pagos a Auc

La histórica condena de responsabilidad civil del pasado 10 de junio en una corte federal de Florida, Estados Unidos, contra la bananera Chiquita Brands por pagos a paramilitares que cometieron asesinatos en Colombia, está produciendo un efecto también inédito: la pelea pública entre reconocidos abogados estadounidenses que por casi 17 años han liderado las multimillonarias demandas de indemnización en representación de familias de más de 4 mil personas asesinadas en zonas controladas por las Auc durante los años de las 'vacunas' pagadas por la multinacional.

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Hace una semana, el bufete liderado por Paul Wolf, que representa a familias de 2.572 personas asesinadas en Colombia, llegó a un acuerdo con Chiquita para el pago de 12 millones 800 mil dólares y así dar por terminada la demanda colectiva y cualquier acción posterior. El abogado Wolf recibirá la tercera parte de esa suma (4’224.000 dólares) según el acuerdo, que aún debe ser aceptado por cada víctima, que establece también que las víctimas tendrían cada una entre 3.400 y 1.327 dólares, dependiendo de qué tan acreditada haya estado por autoridades colombianas que las muertes fueron responsabilidad de los grupos paramilitares de Urabá y la zona Bananera.

El arreglo entre el abogado Wolf y Chiquita es llamativo porque tan solo la demanda fallada a favor de las familias de nueve víctimas, el 10 de junio, tiene pretensiones por 37 millones de dólares (monto que finalmente será definido por el juez del caso, Kenneth Marra), lo que equivale a casi 3 veces la plata que recibirían, colectivamente, las 2.571 representadas por el abogado. En el documento del acuerdo, publicado por este diario, se dice que el bufete considera que la condena civil podría caerse por fallas en la interpretación de la ley aplicable tanto en Colombia como en EE.UU. e incluso por dudas sobre la real relación de las 'vacunas' pagadas por la multinacional a las Auc y las muertes perpetradas por las bandas paramilitares.

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Esta semana, el juez Marra avaló el acuerdo. Simultáneamente, los otros bufetes del caso -en el que figuran John Scarola, Terrence P. Collingsworth, Marco Simons, Agnieszka Fryszman y William Wichmann- fustigaron públicamente el arreglo entre Paul Wolf y la bananera.

"Si bien esto se describe como un 'acuerdo', en realidad es una oferta para llegar a un acuerdo con los demandantes representados por el señor Wolf que no vincula a ningún demandante hasta que sea aceptada por este individualmente (...) Chiquita acordó pagar por separado al señor Wolf la cifra de $4.224.000 dólares en honorarios) sin depender del número de reclamaciones que realmente se resuelvan (un total de casi $18 mil millones de pesos colombianos). En otras palabras, el acuerdo del señor Wolf con Chiquita garantiza que le pagarán a él, incluso si sus clientes no llegan a un acuerdo con Chiquita", cuestionan los otros abogados.

Y agregan que su colega deberá "explicar a sus clientes cómo las cantidades ofrecidas por Chiquita son una compensación razonable por las pérdidas que han sufrido y el dolor que han soportado".

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Los otros abogados trataron de que el juez Marra bloqueara el acuerdo y que, en caso contrario, se les reconociera alguna parte en la plata que recibirá Wolf, toda vez que la demanda arrancó de manera conjunta. En ese sentido, el juez determinó que un 25 por ciento de los honorarios de Wolf puede ser objeto de reclamos por los otros bufetes.

Los abogados también pidieron limitar la circulación de las declaraciones públicas de Wolf sobre el caso, a través de páginas de Facebook que utiliza para informar del proceso a sus clientes en Colombia. Allí ha hablado, y también en algunas audiencias, de supuestos sobornos a los paramilitares que declararon en contra de Chiquita.

De hecho, en respuesta a preguntas de este diario, Wolf se refirió a otro de los abogados de víctimas,  Terrence Collingsworth, de quien dijo que es bien conocido por demandas a empresas multinacionales y al que señaló de hacer parte de un esquema para pagar a testigos a cambio de que testifiquen lo que se necesita.

"Comencé el caso en 2007 con otro abogado, Terry Collingsworth, a quien no conocía antes. Nuestra relación terminó en 2008 por varios motivos. Unos años más tarde él pidió prestados 1,5 millones de dólares a personas condenadas por lavado de dinero para las Auc. Todavía tiene que devolverles el dinero, sin duda con intereses. Parece una locura, pero está demostrado en el litigio de Drummond, y existe un plan común para utilizar ese dinero para pagar a los testigos para que testifiquen según sea necesario", dijo Wolf a EL TIEMPO.

Ese tema, el de los supuestos pagos de abogados demandantes a los paramilitares que declararon en el juicio, es uno de los capítulos desconocidos en el proceso. Tanto en el expediente como en sus reportes a sus clientes, Wolf señala a uno de sus colegas más destacados, Collingsworth, de ser "el cerebro de la conspiración abogado-paramilitar". Su concepto es que el abogado, cuyo bufete representa a otras 2.451 personas en el caso, dos de las cuales están entre los que ganaron el primer juicio, pone el caso entero en riesgo.

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"Collingsworth es más problemático, porque fue el cerebro de la conspiración abogado-paramilitar. La organización Auc prestó a Collingsworth 1,5 millones de dólares (6 mil millones de pesos), la mitad de los cuales devolvió a Albert van Bilderbeek (condenado por lavado de dinero de los paras en la petrolera Llanos Oil) y la otra mitad se la quedó. Este dinero es sin duda producto del tráfico de drogas. itió que no informó nada de esto a las autoridades fiscales ni pagó ningún impuesto por ello. Este es un delito muy grave en los Estados Unidos. A veces puede ser difícil procesar a personas por delitos financieros, pero si no pagan impuestos por lo que roban, es fácil procesarlos", escribió Wolf en un reporte de Facebook del 24 de marzo.

En el proceso en Miami se habló de supuestos pagos a Gregorio Mangones (alias Carlos Tijeras), a Raúl Hasbún (alias Pedro Bonito) y hasta a Salvatore Mancuso y Éver Veloza, alias HH, cuyas versiones, directas o ante Justicia y Paz, fueron parte del caso. Mangones era uno de los jefes 'paras' en la Zona Bananera.

ado por EL TIEMPO, 'Tijeras' aseguró que nunca recibió dinero de ningún abogado de los Estados Unidos, pero dijo que hace más de 10 años fue ado en la cárcel de Barranquilla por abogados de los Estados Unidos que le pidieron "declarar lo que sabía" de los pagos de Chiquita.

Collingsworth le dijo a EL TIEMPO que las declaraciones de Wolf son falsas y difamatorias: "Él es un abogado antiético que cometió mala praxis al vender a sus clientes tras esencialmente tomar un soborno de Chiquita. También es un mentiroso".

Añadió que está analizando instaurar acciones legales contra Wolf  por difamación.

Collingsworth, como el mismo Wolf, es uno de los abogados estadounidenses que empezaron a venir a Colombia desde hace años buscando la representación de víctimas de las Auc en demandas contra multinacionales señaladas de haber entregado dinero a esos grupos, especialmente en los casos de Chiquita y la carbonera Drummond. En el caso de Wolf, él recorre periódicamente la zona de Urabá y en redes y medios locales se anuncia con varios días de antelación su llegada, para reuniones con sus actuales clientes y la búsqueda de otros nuevos.

"Salvatore Mancuso y HH siguen en la lista de testigos cuyo testimonio fue previamente grabado en vídeo y será presentado en el juicio. Ambos testigos dijeron cosas que fueron útiles para nuestro caso y no hay evidencia de que ninguno de los dos haya sido sobornado. Sin embargo, todavía existe un gran riesgo si el abogado Collingsworth tiene que declarar sobre esto como testigo. Los demandantes pidieron una audiencia de prueba para determinar esto con antelación, pero el juez no la programó. Si no se decide antes del juicio, tendré mucha ansiedad al respecto. Los demandantes presentarán primero a todos sus testigos, durante unas dos semanas, y luego será el turno de los acusados de presentar sus testigos, y sólo entonces sabremos qué parte del escándalo de abogados y paramilitares se incluirá en el caso", reportó el abogado Wolf en marzo.

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Y señaló en otro mensaje abierto: "Lamento si algunas personas piensan que estoy dañando nuestro caso, pero es una conspiración criminal y no queremos que destruya nuestro caso (...) Tenemos a Raúl Hasbún testificando que le ofrecieron hasta 5 millones de dólares para testificar, dependiendo del resultado del caso".

En el expediente de la corte del Distrito Sur de Florida, conocido por este diario, aparece una versión entregada por 'Pedro Bonito' en 2019 en la que primero dice que no recibió oferta alguna del abogado Collingsworth, pero luego suelta una afirmación sobre una comisión que recibiría de entre 2,5 y 5 millones de dólares según el resultado del caso. EL TIEMPO lo ubicó en Medellín, pero se negó a declarar al respecto.

Wolf habló del testimonio de 'Pedro Bonito' en estos términos: "Siempre es relevante si se pagó a un testigo, y no queremos abrir esta puerta debido al escándalo que hay detrás. Como expliqué ayer, confundiría al jurado. Se supone que deben decidir si Chiquita Brands tenía justificación para pagar 1,7 millones de dólares en el transcurso de diez años. Estamos teniendo un juicio para determinar si fue o no extorsión. Pero los demandados pueden argumentar que lo que hicieron los demandantes fue incluso peor: pedir prestados 1,5 millones de dólares a las Auc para pagar a los testigos, utilizar los honorarios esperados en los casos de Chiquita y Drummond como garantía y luego reembolsar un porcentaje desconocido de la conciliación eventual del caso. De regreso a las Auc, Raúl Hasbún testificó que le ofrecieron hasta cinco millones de dólares para testificar, pero nunca le pagaron. No me gusta nada de esto y no creo que tenga ningún valor utilizar estos testigos debido a este riesgo".

Lo que está documentado en el proceso es que Terrence Collingsworth hizo acercamientos para lograr el testimonio de 'Pedro Bonito', incluso en calidad de 'testigo experto' y mediando el pago de honorarios, pero esto no se concretó. 

Entró en o con el exabogado del jefe 'para', Harley Maya Sánchez, a quien le hizo un pago de 10 mil dólares, supuestamente para que le ayudara a ubicar víctimas de su cliente.

Maya Sánchez le confirmó a EL TIEMPO que prestó servicios para Collingsworth hace más de 14 años;  dijo que no estuvo en las visitas del abogado norteamericano a la cárcel de Itagüí y que devolvió casi 7 mil de los diez mil dólares que le había dado. Su papel, aseguró, se limitó a elaborar una relación de víctimas reconocidas por alias Pedro Bonito y su grupo y entregarla al abogado norteamericano.

En sus declaraciones a EL TIEMPO, el abogado Collingsworth negó de plano las acusaciones de pagos a testigos: "Chiquita (a su vez, basada en las declaraciones de Wolf) hace esa acusación sin bases, nunca ofrecí nada a Mancuso. Tuve os con el abogado de Hasbún, Harley Maya Sánchez, no con él, sobre la posibilidad de tener a Hasbún como experto en finanzas de las Auc. Nunca logramos un acuerdo, entonces no hubo ningún pago. En la declaración mostrada por Chiquita (en una de las audiencias), Hasbún fue muy claro: nunca acordó nada y nunca hubo pago por nada".

Sobre el papel del abogado Maya Sánchez, señaló que entre 2010 y 2012 cubrió sus costos de viaje por acompañarlo a reuniones que había concertado en Colombia, pero que esas gestiones no tuvieron nada que ver con una supuesta intención de pagar por testimonios que le sirvieran a su caso. "Absolutamente no: no hubo pagos a ningún testigo".

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Tras conocerse esa decisión y la de aprobar su acuerdo con Chiquita, Wolf escribió en el grupo de Facebook: "Sé que algunas personas pueden sentirse decepcionadas por el monto del acuerdo, pero este fue el mejor momento para negociar y obtuve todo el dinero que pude". Y agregó que "hay algunas expectativas falsas sobre los veredictos de dos millones de dólares otorgados por el jurado" y consideró que el monto de las indemnizaciones esperadas en el primer juicio podría reducirse "en un factor de 100 veces o más", por lo que dijo que "antes de que esto suceda, me pareció que la mejor estrategia era tomar el dinero y salir corriendo".

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Por lo pronto, las nueve primeras víctimas que ganaron la demanda de los 37 millones están pendientes del resultado de la apelación de Chiquita. Lo que muchos de los demandantes están empezando a sentir son los efectos de la letra menuda de los contratos: que lo más probable es que el grueso de las indemnizaciones no termine en sus manos sino en la de abogados norteamericanos que encontraron en el conflicto colombiano una lucrativa veta de negocios.