Las órdenes de captura no tramitadas que enredan a fiscal estrella de Odebrecht

Este viernes, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos al fiscal Daniel Hernández, considerado uno de los fiscales estrella del caso Odebrecht, por prevaricato por omisión y amenazas a testigo.

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Según la exposición que en la audiencia hizo la Fiscalía, Hernández omitió darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido en julio de 2017 en contra de personas vinculados a la multinacional Odebrecht.

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Puntualmente, el ente acusador cuestionó que no haya hecho el trámite para el registro de las órdenes de captura en el sistema de antecedentes contra los ciudadanos brasileños Marcio Marangoni Marangoni, Éder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, quienes eran investigados por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Para el fiscal Víctor Salcedo, que lleva el caso, lo de Hernández al no tramitar las órdenes de captura fue una "maliciosa omisión". Pero además puso de presente que años después Hernández sí pidió, en 2019, la prórroga de las órdenes de captura que él mismo no había tramitado.

"Si usted registró las prórrogas en 2019 era porque era consciente de que ese deber le asistía" , sostuvo el fiscal en la audiencia.

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El fiscal del caso también citó que Hernández habría incurrido en irregularidades cuando pidió las mismas órdenes de captura, en 2017, al no proporcionar todos los datos de identificación de los tres brasileños; y cuestionó que, aunque las órdenes de captura se pidieron cuando los tres vinculados a Odebrecht ya habían salido del país, esto no era motivo para no darles los trámites pertinentes que hubieran permitido incluso que se procediera con notificaciones internacionales de Interpol.

Salcedo continuó diciendo que en este caso hubo "corrupción consistente en el interés ilícito que motivó su omisión maliciosa; no es una omisión per sé, sino que estuvo motivada con el claro propósito de favorecer ilícitamente a los referidos".

De otro lado, según la Fiscalía, Hernández intimidó al exsenador Otto Nicolás Bula "con el propósito de que no rindiera información a las autoridades colombianas y americanas sobre este caso", dijo Salcedo.

Las supuestas amenazas, que fueron comentarios sobre la "preocupación" y "molestia" de algunas personas con lo que Bula estaba conversando en secreto con la cúpula de la Fiscalía y el FBI, habrían ocurrido dentro del búnker de la Fiscalía en Bogotá.

"Los dos delitos imputados tienen un hilo conductor, la corrupción en el sistema judicial", sostuvo el fiscal del caso al hablar tanto de la omisión frente a las órdenes de captura como a las presuntas presiones a Bula.

El fiscal imputado preguntó al fiscal del caso si en la conversación con Bula del 22 de junio pasado el testigo señaló cuales serian las consecuencias de seguir con sus declaraciones. A esto el fiscal del caso dijo que solo puede atenerse a lo inicialmente manifestado por el testigo.

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"Como operador de justicia le es exigible no atentar contra los medios de prueba, ha estado vinculado a la Fiscalía por cerca de 20 años, lo que permite concluir que para el momento de la comisión de la conducta tenía los conocimientos sobre la ilicitud de sus comportamientos", indicó Salcedo.

Seguidamente le recordó a Hernández que puede aceptar o no los cargos imputados, e indicó que para el delito de prevaricato por omisión agravado la pena iría de 32 a 120 meses de prisión; y por amenazas a testigos la pena es de 4 a 8 años de prisión.

El fiscal Hernández no aceptó lo cargos imputados y se irá a juicio para intentar demostrar su inocencia.

La Fiscalía pidió en la diligencia una medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria y argumentó que el funcionario tiene un esquema de seguridad por el riesgo que hay sobre su integridad y que no sería viable enviarlo a un centro carcelario.

Añadió que hay evidencias de que el imputado es autor del delito de amenaza a testigo el cual habría materializado a mediados de año durante una reunión con el testigo Otto Nicolás Bula, condenado por el caso Odebrecht. Añadió que esto generó temor en el testigo, que para ese momento solo había tenido unos acercamientos confidenciales para denunciar supuestas irregularidades.

La Fiscalía señaló que la denuncia sobre la amenaza fue comunicada por agentes del FBI y afirmó que Bula se ratificó en esas afirmaciones. Según su relato, fue citado a la Fiscalía por otro investigador y en un momento fue llevado a la oficina de Hernández, quien ya no tenía ninguna investigación en su contra que justificara esa reunión.

El fiscal del caso señaló que solo se tiene ese único testigo y que no hay otro registro de lo sucedido en la reunión. Sin embargo se mencionó que hay grabaciones de las cámaras de seguridad de la Fiscalía en las que se observa que la reunión sí se realizó.

El abogado de Hernández cuestionó que hay contradicciones en las declaraciones del testigo y el mismo imputado sostuvo que días después de la supuesta amenaza, Bula lo ó en los mejores términos e incluso le pidió que se reunieran.

En mensajes de texto se observa lo manifestado por Bula que le cuenta al fiscal, que supuestamente lo amenazó, aspectos de su vida privada.

Hernández enfatizó en que ningún Fiscal o particular le ha pedido incurrir en delitos y que ha tenido una hoja de vida intachable.

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