Se inicia oficialmente la billonaria disputa internacional contra Colombia por la intervención de la EPS Sanitas

Las firmas españolas dueñas de la EPS demandaron al Estado y pretenden una cifra de 1.2 billones de dólares.

Fachadas de las sedes de Sánitas EPS en Bogotá Foto: Juan David Camacho / El Tiempo

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Ana María Cuesta

EDITORA22.01.2025 20:54 Actualizado: 22.01.2025 22:30

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En momentos en que diversos actores del sistema de salud le piden a la Corte Constitucional que declare la existencia de un estado de cosas inconstitucional, o de una gravísima crisis, las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, dueñas de la EPS Sanitas, intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde abril de 2024, radicaron oficialmente una demanda arbitral por los presuntos perjuicios que ha generado la intervención.

Tal y como lo anticipó EL TIEMPO, las firmas españolas que pertenecen al magnate vasco Joseba Grajales y que controlan mayoritariamente al Grupo Keralty, del que hace parte la EPS Sanitas, presentaron una solicitud de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial -Ciadi-. La solicitud se radicó el 21 de enero.

Con este proceso arbitral, y según la intención de disputa que el año pasado le notificaron al Ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y que reveló en exclusiva este medio, los dueños de la EPS pretenden en este proceso que el Estado les reconozca 1.2 billones de dólares (1.200.000.000 USD) por la presunta “expropiación indirecta” de sus inversiones, lo que en pesos colombianos se aproxima a los 5.2 billones de pesos. Cifra que eventualmente podría aumentar.

(Lea también: La billonaria cifra que pretenden dueños de la EPS Sanitas por la intervención del gobierno)

La demanda arbitral

Natanor XXI y Centauro radicaron una demanda arbitral ante el Ciadi en la que alegan la presunta vulneración del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 31 de marzo de 2005.

Los dueños de la EPS intervenida alegaron que la toma de posesión, ordenada en su momento por el entonces superintendente de Salud Luis Carlos Leal, fue "arbitraria" y "discriminatoria", e implicó además una “expropiación indirecta" y una "violación del estándar" del Tribunal de Justicia Español que ha obstaculizado "el disfrute de sus inversiones".

La intervención de Sanitas se dio en un momento de controversia en el que el gobierno puso en duda las cifras de los estados financieros de las Empresas Promotoras de Salud. El proceso se produjo, según se dijo, para salvar a la EPS de un "colapso financiero" y proteger a sus miles de afiliados.

(Lea también: El delito al que se expone el ministro de Salud por el incidente de desacato que le abrió la Corte)

El Superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo. — El Superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo

El equipo de defensa

La experimentada firma internacional encargada de defender a los inversionistas de la EPS es Debevoise & Plimpton, con sede en Nueva York. A ella justamente se acaba de unir Nicholas Folly, uno de los funcionarios salientes de la istración del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden, y quien se desempeñó como subdirector de la división penal de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, de acuerdo con Reuters.

Por el lado colombiano, la defensa de los inversionistas la asumió la reconocida oficina Rincón Castro Abogados, con sede en Bogotá, dedicada a la solución de ese tipo de controversias y creada en mayo de 2023.

Los escenarios

Previo a que se constituya el tribunal de arbitramento que dirimirá la controversia, se activa por protocolo un mecanismo para llegar a un arreglo directo entre las partes.

Si no hay acuerdo, se abrirá la etapa de demanda, en la que se vuelven a plantear posibles conciliaciones. Si estas fracasan, se instala el Tribunal que decidirá sobre las billonarias pretensiones de los demandantes y sobre la defensa que esgrima Colombia, en un litigio que podría durar hasta cinco años y que encabezará, por parte del Estado colombiano, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica liderada por el exmagistrado César Palomino.

(Lea también: ¿Qué escenarios le esperan a Colombia si prospera la demanda internacional que radicaría Sanitas por su intervención?)

Magistrado César Palomino, ponente de la solicitud de revisión que Opción Ciudadana presentó ante el Consejo de Estado. — César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica y exmagistrado. Foto:Archivo particular Consejo de Estado

Contra la intervención de la EPS Sanitas también cursan otras tres demandas en el Consejo de Estado, una de ellas presentada por el Partido Cambio Radical, que posiblemente sean resueltas este año.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]

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