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Noticia
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El delito al que se expone el ministro de Salud por el incidente de desacato que le abrió la Corte
Guillermo Alfonso Jaramillo deberá pagar, a más tardar en 48 horas, los reajustes de los presupuestos máximos de 2022.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Ministerio de Salud
La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T-760 de 2008,que declaró a la salud como un derecho fundamental autónomo e impartió varias órdenes para resolver los problemas estructurales del sistema, acaba de notificar la apertura de un incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de salud del gobierno de Gustavo Petro.
En dicha macro sentencia la Corte impartió 35 órdenes que han sido supervisadas por la Sala de Seguimiento desde el año de su creación, en 2009. Dos de las órdenes están ligadas a los presupuestos máximos, un término que se incorporó a partir del 2020 y que se refiere a los anticipos que el Estado le gira a las Empresas Promotoras de Salud -EPS- por los servicios que no se financian con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) pero que tampoco están excluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Desde el 2021 la Corte también comenzó a seguir el cumplimiento de la "suficiencia" de dichos presupuestos que les permiten a las EPS tener un flujo de caja para atender a sus afiliados.
El incumplimiento del ministro de salud y el ultimátum de la Corte
De acuerdo con la Sala de Seguimiento, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aún no ha cumplido con una orden que le impartieron en noviembre de 2023, relacionada con la cancelación de todo lo que se le adeuda a las EPS, por concepto de los reajustes de los presupuestos máximos de la vigencia 2022. Dicha deuda fue tasada en $819 mil millones de pesos y se supo que los recursos habían sido autorizados en diciembre de 2023 por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), con cargo al presupuesto general, pero el Ministerio de Hacienda no los transfirió.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud Foto:Cortesía
Dicho incumplimiento, según la Corte, "pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados al sistema". Por esta razón le dan un plazo al ministro de salud para que, a más tardar en 48 horas desde la notificación del auto, cancele todo lo adeudado.
La Sala también le ordenó a Jaramillo que "cree una metodología unificada de definición y reajuste de los presupuestos máximos" pues no ha cumplido con ese mandato que también le ordenaron en noviembre de 2023.
Estas órdenes de la Corte han sido expresadas a manera de ultimátum pues en el auto correspondiente se indica que se le requiere "por última vez" so pena de las consecuencias.
Las repercusiones del incidente de desacato que le abrió la Corte al ministro
Si el ministro no cumple en 48 horas con la nueva orden que le dio la Corte, sobre las deudas por los reajustes del 2022, se expone a una "compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a las investigaciones pertinentes por el delito de fraude a resolución judicial".
Dicha advertencia quedó consignada en un auto que suscribieron en diciembre los magistrados José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo (reemplazado por Miguel Polo), pero que no fue suscrita por su colega en la Sala de Seguimiento Vladimir Fernández.
De acuerdo con la normatividad de la Corte, el incidente de desacato también trae repercusiones como sanciones de arresto hasta por seis meses y multa de hasta de 20 salarios mínimos mensuales.
José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Sala de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008. Foto:CESAR MELGAREJO /CEET
El incidente de desacato, explica la Corte, procura que más allá de una sanción se logre el cumplimiento de las órdenes de tutela.
"Además de las sanciones propias del incidente de desacato, el Decreto 2591 de 1991 determina que quien incumpla el fallo de tutela, según sea el caso, “incurrirá en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar”, de manera que otra de las herramientas con que se cuenta para lograr el cumplimiento, consiste en la compulsa de copias a las entidades competentes para que realicen las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar", explica la decisión con ponencia del magistrado José Fernando Reyes.
La Corte se pronunció sobre los presupuestos máximos de 2024
En la misma decisión de apertura del incidente de desacato contra Jaramillo, la Corte le impartió nuevas órdenes a su Ministerio relacionadas con los presupuestos máximos de 2024.
El Ministerio deberá cancelar los presupuestos máximos reconocidos para los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.
También deberá pagar, antes de enero de 2025, los presupuestos máximos correspondientes a los dos últimos meses de 2024. El Ministerio de Hacienda deberá garantizar los recursos para que la cartera de Jaramillo pueda cumplir.