Irregularidades por 15.549 millones de pesos en el ICBF: esto fue lo que encontró la Contraloría General

Al revisar los estados financieros, con corte al 31 de diciembre del año pasado, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Contraloría General de la República encontró 147 hallazgos istrativos de los cuales 70 tienen presunta incidencia disciplinaria, 24 tendrían incidencia fiscal por $15.549 millones, otros 4 tienen con otras incidencias, por 18 se ordenó abrir indagaciones preliminares, y en dos se hizo una solicitud de procesos istrativos sancionatorios fiscales.

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Así lo deja ver una auditoría financiera realizada por la Contraloría, que también concluyó con seis beneficios de auditoría que permitieron salvaguardar recursos por 414 millones de pesos.

Esta revisión se efectuó tanto a la Dirección General del ICBF como a 14 puntos de control correspondiente a las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre.

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La Contraloría indicó que los ingresos asignados al ICBF para la vigencia 2023 fueron de $9.08 billones, y la ejecución presupuestal de gastos para ese año fue del 94,94 por ciento del total de los recursos asignados. 

Así las cosas, a nivel nacional, la pérdida de apropiación ascendió a $111.642 millones, la ejecución más baja se identificó en los programas de Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, con el 66,4 por ciento, y en el apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional, que tuvo un 56,99 por ciento.

De otro lado, la ejecución más baja en los recursos de funcionamiento estuvo en los rubros de adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes, con un 44,99 y 44,68 por ciento, respectivamente.

También hallaron debilidades en el proceso de planeación presupuestal frente a los recursos programados para la vigencia 2023, lo cual generó una solicitud de reducción presupuestal que no fue viabilizada por el Ministerio de Hacienda y que impactó de manera directa la ejecución presupuestal de los recursos de los rubros de personal Transferencias Corrientes e Inversión.

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Así mismo, se evidenciaron deficiencias de supervisión relacionadas con pago de Raciones Familiares para Preparar (RFPP) no entregadas, compras no autorizadas en el contrato, consistencias pago RAM y sistema de información cuéntame, consistencia en entrega de canastas, movimiento de cuenta de uso exclusivo y planillas de entrega, falta en el cargue de información en SECOP II y deficiencias en la gestión documental en expedientes contractuales.

La auditoría también dejó ver dificultades en la entrega oportuna de información para el desarrollo de esta auditoría, especialmente del Convenio Nro. 01014282022 firmado entre el ICBF y las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Según el reporte de obras inconclusas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, el ICBF tiene dos obras sin terminar en Ibagué, que corresponden a los hogares infantiles Payasito y Copetín.

En estos hogares infantiles se evidenció que el ICBF realizó dos pagos al contratista por $705 millones y una compensación por 43 millones de pesos pero el avance de obra es de apenas el 26,07 por ciento en la totalidad del contrato.

Pese a que el ICBF declaró el incumplimiento del contrato, “a la fecha no se evidencia que el valor desembolsado se encuentre justificado, esto en base a la visita realizada a los centros infantiles el 29 y 30 de abril del 2024, donde se evidenció que los inmuebles se encuentran en estado de abandono y no cumplieron con el objeto del contrato. Adicionalmente estas obras en la actualidad generan gastos como pagos de servicios públicos y servicio de vigilancia”, dijo la Contraloría.

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De acuerdo con el órgano de control, entre los hallazgos de mayor cuantía hay uno con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 2.202 millones de pesos, por recursos entregados a los operadores de contratos de aportes y que no fueron ejecutados, ni han sido reintegrados a la fecha. En este caso se tuvo un beneficio de auditoría por 216 millones, en atención al reintegro de operadores, y afectación contable.

Así mismo, hay otros dos hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 4.904 millones de pesos, por recursos del contrato que no se encuentran soportados en su ejecución, legalizados o reintegrados.

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