La polémica que desató el retiro de las condecoraciones al general (r) Arias Cabrales

Una fuerte polémica desató la decisión del Gobierno de retirar mediante decreto cuatro de las condecoraciones otorgadas durante su carrera militar al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por los hechos que se registraron tras la toma del Palacio de Justicia.

La decisión se oficializó mediante el decreto 18 del 15 de enero que se sustenta en otro decreto de 2015 que señala que "la pérdida del derecho al uso de condecoración se produce en virtud de la ley, una vez ocurrida la causal que la fundamenta, esto es, haber sido condenado por delitos dolosos a la pena de prisión por la justicia ordinaria o por haber sido separados en forma absoluta por conductas indebidas".

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Arias Cabrales, quien pidió la baja del servicio activo del Ejército en 1990, fue condenado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011 a 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2014, y la Corte Suprema de Justicia en 2019.

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Dentro de las distinciones que le fueron retiradas están: la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público (1985), la Orden al Mérito Militar ‘Antonio Nariño’, en grado de Gran Cruz (1986), la Orden al Mérito Naval ‘Almirante Padilla’, en grado de Gran Oficial (1989) y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico, en grado de Gran Oficial (1989).

Una de las primeras en reaccionar fue la senadora María Fernanda Cabal, quien en su cuenta de X, se refirió a un mensaje del presidente Gustavo Petro en la misma red social en la que publicó el decreto y subrayó el artículo donde se lee: “Se pierde el derecho al uso de las condecoraciones por las siguientes causas: a) Los militares en servicio activo o en retiro, por haber sido condenados por delitos dolosos a la pena de prisión por la Justicia Penal Militar o la ordinaria, o por haber sido separados en forma absoluta de las Fuerzas Militares por conductas indebidas”.

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Ante ese mensaje, la senadora indicó: Lo invito -ya que tanto le gusta la “verdad” y la “justicia”- a que renuncie al indulto y la amnistía del M19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares”.

El general (r) Guillermo León, presidente nacional de Acore, manifestó su rechazo a la decisión: “En el artículo 220 de la Constitucional Nacional se garantiza a los de la Fuerza Pública su derecho a no ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y en los modos que determine la ley y en la actualidad no se dispone de una norma que de manera expresa autorice al Ejecutivo o a cualquier autoridad judicial activa despojar de sus medallas a los de la Fuerza Pública”.

Y luego calificó de “irónico y lamentable” la convocatoria del Ministerio de Cultura para conmemorar la sustracción de la espada de Bolívar por parte del M19.

Por su parte, el general de la reserva activa, Rafael Alfredo Colón Torres, en diálogo con EL TIEMPO manifestó que el retiro de las condecoraciones “está fuera fuera de tono, y traído de los cabellos de un presidente que no puede ocultar sentimientos de rencor y de venganza”.

“Creo que es una acción política mal hecha, sin plan, sin pensar en los efectos que ellas traen, pues lo que pone en evidencia es que en este momento se aumenta la polarización y el rechazo a la gestión del presidente”, dijo el oficial en retiro.

Colón Torres indicó que “no era necesario que el presidente tomara esa decisión”. “El general Arias Cabrales cumplió su misión y es el sentimiento que tenemos los militares que lo conocemos. El hecho del Palacio de Justicia es un asunto que tiene varias aristas, lamentablemente las verdades las cuentan de una forma u otra dependiendo del interés político de quien las expone”.

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Destacó el oficial que el asunto de las medallas “es un tema que toca el alma de los militares porque nosotros las hemos ganado con valor, con honor, con esfuerzo, con sacrificio, nadie nos las regaló y el General Arias Cabrales las ganó combatiendo al grupo criminal del que hizo parte el presidente Petro”.

El sociólogo y experto en temas políticos, Carlos Charry, señaló que la situación encierra un tema político y simbólico que toma distancia de lo jurídico, debido a que el Ministerio de Defensa se escuda en un decreto del 2015.

“Legalmente es un procedimiento que está fundamentado en las normas vigentes. Sin embargo, sí resulta un hecho de alto significado político, en términos de que la decisión está tomada por un gobierno en el que su Presidente viene de una historia de haber participado en el grupo guerrillero que perpetró los ataques y la toma del Palacio de Justicia”, explicó Charry.

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Sin embargo, destacó que la acción “es legítima jurídicamente y no tiene una contradicción que pueda llevar a que se impugne la decisión tomada”.

Añadió: “la perspicacia obedece a que es el gobierno Petro, pero de alguna manera, el gobierno que estuviera bajo las circunstancias actuales -con los fallos y la evolución que tuvo el caso de Arias Cabrales- tendría que haber aplicado la norma”.

El experto destacó que al tema se suma el acto simbólico que hizo el Gobierno con la recuperación de la espada de Simón Bolívar.

“Creo yo que el tratar de reescribir la historia política del país diciendo que esto fue un hecho libertador -el de rescatar de las manos de la oligarquía opresora la espada de Bolívar-, sí resulta en este caso una cuestión bastante forzada. Para ser consecuentes con la historia y la evolución de los hechos, deberíamos decir que fue mucho más significativo el haber recuperado la espada de Bolívar cuando el grupo M-19 se entregó a la justicia e hizo un acuerdo de paz que derivó en una nueva Constitución política de Colombia que transformó el país, en el cual participaron todas las fuerzas políticas vivas del momento”.

Para el abogado Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y representante de víctimas fue una decisión adecuada y enfatizó en la necesidad de continuar con las investigaciones hasta los máximos responsables.

"Estamos completamente de acuerdo en que se le retire cualquier honor y se le mandé a donde deber ser, al muro de la infamia de los criminales que cometieron estos horribles hechos", dijo Carreño Wilches.

Redacción Justicia

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