El clamor de presos de Guaduas que denuncian abusos de los 'plumas' del penal

Pagos de hasta 30 millones de pesos por evitar el traslado de cárcel, cobros por visitas y venta de bebidas como agua, refrescos y licor, son algunas de las irregularidades que denunció un interno a la Dirección de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por hechos que se estarían registrando en el establecimiento Penitenciario la Esperanza de Guaduas (Cundinamarca).

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En la denuncia conocida por EL TIEMPO, que fue entregada a la Subdirección de Seguridad y Vigilancia, se plasma la declaración de un interno sobre presuntas irregularidades en la cárcel ubicada en el kilómetro 3.5 vía Honda - Guaduas.

"Los internos son víctimas de extorsiones, violación de derechos, maltrato físico y psicológico", se lee en la denuncia anónima que ya está siendo investigada por las autoridades.

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En un documento interno del Inpec, se advierte que a un interno, presuntamente, le "ingresan 10 pacas de gaseosa congelada y 100 panes para vender. Cada gaseosa vale 6.000 pesos y el agua a 4.000 pesos".

Y en el caso de que los reclusos "no paguen, son obligados a ser mandaderos, a lavar ropa y golpes y castigos peores cuando ellos no se someten a él".

En este sentido, se señala que este interno, es el "pluma" o el “cacique” de uno de los pabellones del complejo carcelario, es decir, la persona que da las órdenes en el lugar, incluso por encima de la autoridad de los guardias del penal.

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En la resolución 009389 del 5 de octubre de 2023, el Inpec ya tomó las primeras decisiones para frenar los abusos en el penal. Se ordenó el traslado de Óscar Alexánder Espitia, Juan Carlos Hurtado Angulo y Omar Darío Paternina Ramos para garantizar la seguridad de ellos mismos, de los demás internos y de los mismos guardias.

Hurtado Angulo fue condenado a 24 años y 6 meses de prisión por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El inpec ordenó trasladarlo al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA).

A Omar Darío Ramos Paternina, condenado a 9 años y 10 meses por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, rios, partes o municiones, el Inpec ordenó trasladarlo a la cárcel de mediana y alta seguridad de Jamundí (COJAM). Sin embargo, el 20 de noviembre de 2023, Ramos solicitó la revocatoria del traslado por su estado de salud y acercamiento familiar. Petición aceptada el 14 de diciembre por el Inpec.

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No obstante, en las denuncias enviadas al Inpec, conocidas por este diario, no se ha realizado el traslado de Hurtado quien, al parecer, tendría el control en el pabellón 8 de la cárcel, generando problemas de convivencia.

"Me he cansado de tratar de hacer algo referente a la corrupción del pabellón 8, a mi familiar lo robaron, le pegaron y lo sacaron del patio por parte de Óscar Espitia", le dijo a EL TIEMPO un familiar de un interno.

En el caso de la revocatoria del traslado de Ramos, se denuncia que "los internos no tienen computadores para la redacción de los oficios y la misma dirección del establecimiento le puso el sello de recibido el mismo día 20 de noviembre a las 8:30 de la mañana".

Ante estas denuncias, de las que el Inpec ya tiene conocimiento, se envió un oficio a la cárcel para que tomen medidas frente a "la falta de respuesta y trámite" y que “es obligatorio dar trámite, realizar seguimiento y control, lo anterior en aras de dar cumplimiento al procedimiento establecido para dicho fin y evitar incurrir en posibles faltas disciplinarias”.

Aante los comunicados enviados por el Inpec a este establecimiento, el director Elmer Fernández Velasco le respondió que "desde el momento que se tuvo conocimiento de dichas quejas, el establecimiento ha tomado medidas pertinentes a dicha situación haciendo énfasis absoluta a lo solicitado garantizando la integridad física y personal del PPL que está siendo vulnerado y las demás PPL que conviven allí".

Asimismo que "se ha realizado operativos de registro y control dentro del pabellón #8 obteniendo resultados positivos, y se ha realizado cambio de pabellón a los PPL que vulneran la disciplina y generan el mal ambiente a otros PPL dentro del mismo".

Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que ya se están investigando estas denuncias y que Óscar Alexánder Espitia está en libertad condicional.

Según registros de la Rama Judicial, el 15 de enero de 2015 el juzgado primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca  lo condenó a 19 años de prisión y una multa de 1.350 SMMLV, por el delito de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos con circunstancias de agravación y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, alias el Chivo, es señalado de ser uno de los líderes de la banda delincuencial los ‘Chilacos’ y quien fue descubierto por interceptaciones telefónicas de integrantes de la organización ilegal donde concretaban algunos puntos de las fechorías que cometerían.

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Uno de los delitos por el que fue procesado fue por el atentado realizado el 15 de abril de 2013 en Chía (Cundinamarca) a José Enrique Laoz Gonzales, Rubén Antonio Puentes Gonzales y Weimar García, quienes fallecieron luego de ser atacados a bala.

Oscar Espitia, junto a Yesid Padilla Vaquero y Carlos Fernando Ávila Duque, aron a José Luis Callejas quien, según el ente investigador, contrató a dos sicarios para ejecutar el homicidio.

De hecho, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo pusieron la lupa a esta cárcel en 2022 por la posible falta de abastecimiento de agua potable. Según el ente de control, al parecer, el centro de detención estaría retrasado en hacer el pago al contratista que suministra la alimentación, lo cual podría desencadenar una emergencia sanitaria y conllevar a afectaciones en la seguridad, el orden y la salud.

Desde ese año la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo ha advertido sobre las demoras en el ingreso de visitantes, afectado el derecho a la visita en los horarios establecidos y vulnerando el derecho a la dignidad humana que tiene cada ciudadano, también denuncia que el Inpec no informa oportunamente sobre el cronograma de visitas.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

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