Así funcionan las dos cárceles del país que son manejadas por la vigilancia privada

Dos cárceles de Barranquilla (Atlántico) ya son manejadas por una empresa de seguridad privada, un proyecto que se viene ambientando hace años en el país como fórmula para combatir la corrupción en los centros carcelarios y reducir el hacinamiento.

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En diciembre de 2021 el Gobierno del entonces presidente Iván Duque ya había dado pasos, en la ley de Seguridad Ciudadana, para que los privados pudieran entrar al corazón del sistema penitenciario y carcelario del país, habilitando la posibilidad de que prestaran seguridad en sitios de reclusión de sindicados y se conformaran asociaciones público privadas para diseñar, construir y operar penales.

Hoy no solo están funcionando estas dos cárceles (para personas que no han sido condenadas) sino que en Medellín ya se adjudicó un millonario contrato para la construcción y operación de un penal para esa misma población. Esto ayudaría a descongestionar las estaciones de policía y sedes de la Fiscalía cuyos funcionarios no deberían estar custodiando detenidos.

EL TIEMPO estableció que en la cárcel Distrital de varones El Bosque y en el Centro de Rehabilitación para mujeres El Buen Pastor, ambas para personas sindicadas en Barranquilla, la seguridad no la presta el Inpec, sino la empresa Granadina de Vigilancia. 

En el departamento de Atlántico solo hay dos establecimientos carcelarios con cupos para 1.094 personas. Actualmente están detenidos allí 1.713 internos, es decir un hacinamiento del 56 por ciento.

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La entrega de los dos penales al sector privado se logró gracias a un convenio amparado en el artículo 62 de la ley 2197 de 2022, ‘ley de seguridad ciudadana’, que faculta a las entidades territoriales para “celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y para apoyar el cumplimento de las funciones a su cargo, en materia de creación, fusión, o supresión, dirección, organización, istración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles”.

Uno de los puntos de partida del convenio “es la falta de recursos de entidades públicas para atender las necesidades, para construcción, operación y mantenimiento". 

En el contrato firmado el 9 de marzo de 2023 entre la Alcaldía de Barranquilla y la Unión Temporal Seguridad G.A. 2023, conformada por Granadina de Vigilancia y Altum Security Ltda, se establecieron las condiciones para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para el edificio de la istración central, instituciones educativas, el Centro de Rehabilitación Femenino Buen Pastor y Centro de Rehabilitación Masculino El Bosque, Centro Transitorio Las Estrellas, escenarios deportivos y demás entes e instalaciones adscritas al Distrito de Barranquilla.

En dicho documento se pactó que el contratista deberá contar con detectores de metales portátil de seguridad, carnet de identificación de la empresa y de la ARL, chalecos antibalas que cumpla con la normatividad vigente, linternas recargables, esposas, candados grandes de seguridad según lo requerido por el supervisor y libros de minutas de pasta dura y foliados por cada servicio. 

Asimismo de chapuzas para pistolas, bastones de mando con su porta bastón, pitos, escopetas calibre 12 semiautomática, pistolas semiautomáticas, una caja fuerte para guardar el armamento que no está en servicio y un tubo de descargue, radios y celulares como medio de comunicación, entre otros requerimientos.

La Cárcel Distrital de Varones El Bosque ubicada en la carrera 8 con calle 76, en el centro de Barranquilla, cuenta con tres s: el primero es un portón negro de tres metros de altura con dos vigilantes que da a los parqueaderos, el segundo es una puerta de acero en donde se encuentran dos vigilantes y el comandante de guardia, quien autoriza el ingreso al lugar, y, el tercero, es una puerta que da a un pasillo que lleva al único patio del penal.

Este penal, según cifras oficiales, tiene una capacidad para 300 internos y hoy tiene 400 internos. Este lugar tiene un área de una hectárea, tiene 150 celdas, cada una de ellas es de un metro de largo por dos de ancho, y tiene un solo baño comunitario.

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Para la custodia de estas personas y de la cárcel El Bosque, la Alcaldía de Barranquilla “realizó un proceso de licitación para buscar la empresa que se encargue de la vigilancia del lugar y la cual ganó Granadina de Vigilancia Limitada y que nos ha dado resultados satisfactorios”, dijo un funcionario de la Secretaría de Gobierno de la istración anterior.

En el lugar hay 24 puestos de vigilancia con 65 guardas de vigilancia, que rotan según sus turnos, un vigilante con un canino y un vehículo para realizar traslados a hospitales, juzgados u otro establecimiento carcelario.

“Se homologa el régimen carcelario del Inpec. El personal recibe capacitaciones en derechos humanos y valores, en protocolos de las cárceles, procedimientos cuando se debe llevar a un interno al médico, realizan requisas al menos dos veces en semana a las celdas y a los internos, capacitaciones de casos de corrupción, se les realiza a los vigilantes pruebas de poligrafía aleatorias”, dijo a EL TIEMPO el coronel (r) Javier Arias director de la Cárcel Distrital de Varones El Bosque, quien añadió que la “rotación de personal es alta por el nivel de estrés que se maneja”.

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Aunque el año pasado no se registraron motines, los vigilantes cuentan con escudos y cascos, pero si la situación escala a otro nivel, deben pedir apoyo del Inpec.

Las personas sindicadas que se encuentran en este establecimiento, pueden recibir visitas los sábados y domingos de 7 a.m. a 3 p.m., con previa autorización de la Dirección del penal.

Además, según el coronel (r) Arias, ellos tienen habilitados teléfonos celulares para que los internos se comuniquen con el exterior y que “los números están reportados en el Gaula para rastrear cualquier tipo de extorsión y no han sido descubiertos internos realizando esta práctica ilegal”.

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El otro centro que está en manos de la empresa de seguridad Granadina es el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor de Barranquilla para mujeres. Actualmente, el centro alberga a 134 internas y tiene capacidad para 130 personas.

El equipo de seguridad está compuesto por 13 guardias, siete de los cuales son mujeres, mientras que un comandante femenino lidera el equipo. Además, el centro cuenta con un médico designado por la alcaldía, con disponibilidad y horarios establecidos. En situaciones de alta complejidad, la empresa proporciona un vehículo con un guardia y un canino entrenado durante las 24 horas. Y en casos de conflictos, se recurre al Inpec para resolverlos.

La alcaldía local se encarga de la contratación de empresas de seguridad y alimentación, proporcionando tres comidas diarias. Las visitas se permiten semanalmente, con un día destinado a hombres y menores de 13 años y otro para mujeres con hombres menores de 12 años. Además, se lleva a cabo una entrevista mensual con familiares, y los abogados pueden asistir previa autorización.

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La directora del penal Ofelia Díaz Pedroza le dijo a este diario que el sistema organizacional en el sitio se sustenta en principios y un reglamento interno. Cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, además de colaboraciones con comunidades religiosas y fundaciones, que capacita a las internas en diversos oficios.

Estos programas incluyen talleres de marroquinería, bisutería, modistería, sala de belleza, confección de mochilas, diseño artesanal y construcción, impartidos por profesores del Sena. Esta capacitación no solo ayuda a descubrir habilidades, sino que también permite la reducción de penas a través del trabajo.

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Además de entregar penales de sindicados a empresas de seguridad ya se dio un nuevo paso para que el sector privado empiece a construir penales en el país.

De hecho Juan Carlos Medina, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), dijo que están examinando las regulaciones de varios municipios para entrar a licitar por la construcción de nuevos sitios de reclusión.

“Quien demuestra la experiencia y los recursos se encarga para prestar la vigilancia, la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento e incluso la istración. Ahora debemos esperar a conocer el Plan de Desarrollo de cada municipio y departamento para que se incluya la vinculación de públicos y privados en el manejo de estos establecimientos”, dijo el director de Andevip.

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Asimismo, Juan Carlos Avendaño Ariza, abogado consultor infraestructura y contratación publica, señaló que este convenio se realiza cuando los entes territoriales no tienen las herramientas.

"A través de esquemas de Asociación Publico Privadas (APP) , el Gobierno y las entidades territoriales pueden efectuar el diseño, construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria", dijo el Avendaño.

Es el caso de Medellín que, mediante la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas de Medellín adjudicó el 17 de octubre del año pasado, el millonario contrato de concesión por 674.999 millones de pesos para la construcción y operación de la Cárcel Metropolitana para Sindicados.

Si bien particulares ya están prestando la seguridad en cárceles para sindicados, la idea de que esto se replique en el sistema penitenciario (lugar para personas condenadas) tiene varias miradas.

Para Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó que "el sistema debe tener una seguridad sólida, ello quiere decir de que no sea un sistema poroso que promueva la fuga y que sí genere condiciones de seguridad en los pabellones. El servicio debe ser constante para garantizar la robustez del sistema. Se debe tener a la rehabilitación de la población privada de la libertad".

Y aclaró que "si de lo que se trata es tener una guardia estatal o mixta, dándole cabida a los particulares para que también puedan prestar la seguridad en conjunto, en beneficio a estos tres puntos, estaríamos de acuerdo".

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De igual manera, Norberto Hernández Jiménez, doctor en derecho de la Universidad de los Andes, señaló que debe haber una regularización adecuada para que los privados puedan prestar seguridad en las penitenciarías.

"Sin embargo, en este caso podría convertirse en un negocio, por lo que es preferible mejorar lo que está actualmente. Hay un hacinamiento del 24 por ciento a nivel nacional y esto no ayuda. Hay que ser cauteloso y no cambiaría mucho, se debe primero atender la criminalidad”, dijo.

Por otro lado, Juan David Posada Segura, director del Semillero de Derecho Penitenciario de la Universidad de Antioquia, se opuso a esta idea, primero, por las capacitaciones y entrenamiento especializado que recibe un guardia del Inpec.

"Con alguien que no tiene esa capacitación se abre una puerta a que particulares cuiden a los condenados o los investigados y esto no debe permitirse porque no está regulado", dijo Posada.

En este sentido, el director del Semillero propuso de que no se deben crear más leyes, sino que se debe fortalecer lo que ya está.

"El Estado de derecho está para que funcione y las personas para que cumplan una norma. Para la corrupción está la Procuraduría y los demás entes de control. Además los funcionarios del Inpec que incumplen la ley deben ser judicializados. Es un sofisma creer que con una empresa privada se estará libre de corrupción", enfatizó el académico.

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El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, en declaraciones a EL TIEMPO dijo que se ha venido avanzando en lo establecido por el Documento CONPES 4082 que procura la construcción de 9.805 cupos a nivel nacional hasta el año 2026, en lugares como Pereira, Riohacha, Magdalena, Cauca, Mocoa, San Andrés, Barrancabermeja, Buenaventura y Meta.

Y añadió que: esos recursos se implementan a través de licitaciones que tienen con actores a privados. Sin embargo, dijo que la política del Gobierno Nacional "no se centra en construir más y más cárceles, sino en mejorar las condiciones actuales del sistema, en promover una política criminal auténticamente resocializadora que haga sentir más segura a la ciudadanía, que expulse personas dispuestas a construir sociedad en vez de reincidencia y más pobreza”.

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Desde el sector privado se viene trabajando para que empresas de vigilancia asuman nuevas funciones en eventos masivos y tengan una mayor presencia en tema de custodia de internos e incluso en el apoyo a la Policía en labores de seguridad ciudadana.

“Hemos resaltado la importancia de que en distintos escenarios se tenga la vigilancia privada, así como se está llevando a cabo en algunas cárceles para sindicados en Colombia que cuentan con esta alianza y es oportuno rescatar que en un espacio tan limitante, que puede generar dolor y mucho sufrimiento, el trato fuera muy humano”, dijo durante un foro Lorena Quintero, superintendente delegada para el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

Redacción Justicia

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