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Los pecados de contrato que puso al alcalde de Cali a responder en juicio disciplinario
Jorge Iván Ospina deberá responder por presuntas irregularidades en la Feria de Cali, en 2020.
Pliego de cargos contra alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Archivo particular y Juan Pablo Rueda/El Tiempo
Un reporte de la Contraloría de Cali sobre hallazgos fiscales en la ciudad con presunta incidencia disciplinaria derivó en un expediente en contra del alcalde Jorge Iván Ospina y dos funcionarios más por hechos relacionados a la edición 63 de la Feria de Cali, en el año 2020.
Los hallazgos están relacionados con un convenio interistrativo por 11.955 millones de pesos que suscribieron la Alcaldía, desde su Secretaría de Cultura, y Corfecali para el fortalecimiento de los procesos de oferta cultural de talla internacional para Cali durante la pandemia por el covid-19.
Al parecer, en esa negociación se dieron irregularidades que ya han documentado los agentes del Ministerio Público, quienes ayer anunciaron que profirieron pliego de cargos contra Ospina y su entonces secretario de Cultura, José Darwin Lenis.
¿La Procuraduría puede investigar al Presidente de la República🤔? Aquí te contamos hasta dónde llega nuestra competencia para sancionar a servidores públicos 👇 pic.twitter.com/x6g1wG7bc1
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 24, 2023
Las actuaciones que levantaron sospecha tienen que ver con la presunta falta de planeación en la Feria y omisiones de funcionarios. Por ejemplo, contra el alcalde hay sobre la mesa que supuestamente omitió su deber de vigilar y controlar el convenio, mientras que su secretario de Cultura desconoció los principios que regulan las actividades contractuales.
En el coliseo El Pueblo, sin público y con las medidas de bioseguridad, se dio apertura a la 63 Feria de Cali con el Salsódromo ‘Maestra vida’. Debido a la pandemia, por primera vez se realizó de manera virtual en el que cerca de 1.500 bailarines y artistas, exhibieron sus mejores pasos y acrobacias al público del mundo que estaba detrás de las pantallas de televisores, computadores y celulares. Foto:Alcaldía de Cali
Básicamente, los reparos se deben a que al parecer la Secretaría de Cultura no tuvo en cuenta un análisis de precios a la hora de calcular el valor del convenio, pues supuestamente se basó en montos históricos de eventos presenciales, que no correspondían a esa Feria de Cali que se realizó de manera virtual por el covid-19.
De hecho, “la falta de estudio de precios adecuado conllevó a que en la ejecución del convenio se realizaran ajustes al presupuesto entregado a Corfecali, a punto tal que se tuvo la necesidad de hacer traslados de los recursos designados por la Secretaría de Cultura de manera general para un evento de la feria”, dice el documento conocido por EL TIEMPO con el cual se profieren cargos contra Ospina.
Por otro lado, a la Procuraduría también le ha causado extrañeza que en diciembre de 2020 Corfecali le solicitó a la Secretaría de Cultua modificar en el convenio el ítem “Encuentros bioseguros” a “modalidad virtual”, pues con las restricciones de la pandemia no se pudieron hacer los 81 encuentros en corregimientos previstos, sino que tocó volcar la logística a 250 presentaciones artísticas virtuales.
Insiste el despacho en que la organización de un evento presencial difiere ostensiblemente de uno virtual, en particular en sus costos; este tema que no fue suficientemente considerado.
Es decir, cobraron la misma plata por desarrollar un evento virtual que en el papel primero había sido planeado de manera presencial, y que incluía el pago a personal de logística y organismos de socorros que iban a ir hasta los corregimientos de Cali seleccionados para los 81 eventos.
Por eso, "insiste el despacho en que la organización de un evento presencial difiere ostensiblemente de uno virtual, en particular en sus costos; este tema que no fue suficientemente considerado, ni analizado para el convenio bajo estudio, pues se planteó una cuantía para condiciones distintas de aquellas que regirían durante su ejecución y que eran predecibles si tenemos en cuenta que la pandemia se extendió más allá del año 2020".
Ese cambio es por el que también deberán responder en juicio disciplinario, pues prácticamente se pasó de hablar de alquiler de vallas y tarimas para eventos presenciales, a jornadas de grabación para muestras virtuales por el mismo monto de plata pactada, pero sin una sólida justificación.
En terreno, los acuerdos dejaron supuestamente eventos a la deriva. Por ejemplo, las actividades en el salsódromo –en cuanto a desarrollo artístico– se cumplieron en un 75 por ciento; el carnaval de Cali Viejo no tuvo ninguna pieza audiovisual, y en el encuentro de melómanos hubo bajos reportes.
La Procuraduría dice “que no fue cumplido en la forma como fue planeado y contratado, precisamente por cuanto varias actividades de sus actividades no pudieron ser realizadas en razón a las normas de distanciamiento existentes con ocasión de la pandemia y de la cual tenía pleno conocimiento el investigado”.
Alcalde Jorge Iván Ospina. Foto:Alcaldía de Cali
Todo este tipo de señalamientos se traducen en una presunta violación del requisito de capacidad, así como a principios de moralidad, eficacia, responsabilidad y debido proceso.
Eso sí, como Jorge Iván Ospina fue el que delegó a su secretario para estar detrás de este convenio, como alcalde habría cometido faltas por omisión al no vigilar lo que hacía su funcionario, quien habría incurrido en irregularidades por acción, ya que supuestamente no contó con toda la documentación que soportara lo hecho en esa edición virtual de la Feria de Cali.
El alcalde delegante no impartió a su delegatario instrucción alguna sobre las condiciones de realización de la contratación.
“El alcalde delegante no impartió a su delegatario instrucción alguna sobre las condiciones de realización de la contratación delegada habida cuenta del confinamiento social que para entonces regía en el país, no advirtió al delegatario sobre los cambios contractuales que implicaba la nueva modalidad de realización de la Feria”, dice el texto de 68 páginas.
Por último, aparece que la Procuraduría les archivó a Ospina, su exsecretario y al entonces presidente de Corfecali, Alexander Zuluaga, el cargo relacionado a que supuestamente este último funcionario en su momento no tuvo el aval para suscribir el convenio por encima de los 11.000 millones. Tras un análisis se determinó que él sí tenía permiso de la junta directiva para ello.
Este diario se comunicó con Hernando Morales, abogado del alcalde Ospina, quien manifestó que van a “contestar dentro de los términos legales y vamos a pedir las pruebas necesarias”.