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La demanda con la que se busca que el Gobierno adopte medidas frenar la violencia en Arauca

La acción popular alega que los derechos a la paz, la seguridad pública y el goce del espacio público están siendo vulnerados.

El municipio de Saravena, en Arauca. Foto: Google Maps

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL27.12.2024 14:23 Actualizado: 27.12.2024 14:25

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El Tribunal istrativo de Arauca acaba de itir una demanda con la que se busca que el Gobierno adopte medidas frenar la violencia en ese departamento.

(Lea: El reporte sobre las causas de muertes de venezolanos en Colombia en 2024)

La acción popular, que fue presentado por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), busca que se protejan los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y a la supervivencia colectiva de las comunidades indígenas. “Estos derechos están siendo sistemáticamente vulnerados”.

La demanda va contra la Presidencia de la República y los Ministerios de Defensa y del Interior “por falta de control territorial y por el recrudecimiento de la violencia en ese departamento".

A través de un comunicado, la Fundación “alertó el recrudecimiento y el aumento de la violencia en el territorio del departamento debido al despliegue armado y a la expansión del control territorial de algunos grupos al margen de la ley”.

La demanda expone que los grupos al margen de la ley “tienen control social y territorial del departamento”, y constantemente despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes de este departamento.

“Hacen peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de trece comunidades indígenas, entre otros actos delictivos y de intimidación a la población civil”.

Combates en Arauca supuestamente entre disidencias Farc y Eln. — Armas incuatadas a las Farc y al Eln. Foto:Archivo particular

Para interponer la demanda, la Fundación hizo un estudio de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, de boletines expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de informes de la Organización de las Naciones Unidas y de notas periodísticas a través de las cuales se relata la situación de orden público.

“A su vez, evidenció la omisión del Estado en el cumplimiento de su obligación constitucional y legal de garantizar los derechos e intereses colectivos al omitir su deber de preservación de la integridad del territorio nacional, del orden constitucional y de las condiciones elementales para el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía”, señaló la Fundación.

Entre otras, FEDe. Colombia alertó que la fuerza pública “no cuenta con las condiciones ni el apoyo por parte del gobierno nacional para cumplir su función constitucional y legal de preservar la integridad del territorio nacional”, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades.

Redacción Justicia

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