Las poderosas mafias que controlan la explotación sexual de menores en Colombia

El caso de Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense que ingresó al hotel Gotham en Medellín con dos menores de 12 y 13 años, el 28 de marzo, la reciente captura de Juan Pablo González, de 29 años, encontrado con un niño de 12 en un apartamento, también en la capital de Antioquia, y la captura, ayer, de un hombre de 27 años con dos menores en un motel de La Estrella, sur del valle de Aburrá, encendieron las alarmas respecto a la explotación sexual infantil.

(Lea: Atención: Ordenan captura de Timothy Alan Livingston por explotación sexual en Medellín).

El Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes registró que, según cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía, entre 2010 y 2023 hubo 3.090 víctimas de delitos asociados a la explotación sexual de menores en Medellín. El 77,4 por ciento de ellas fueron niñas y adolescentes.

Un reciente informe de la Mesa contra este delito en Medellín documentó que los victimarios suelen ser personas desconocidas, en su mayoría jóvenes o adultos de ingresos medios, residentes en la ciudad o visitantes internacionales.

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EL TIEMPO conoció que detrás de estos casos existe un complejo entramado criminal que trasciende fronteras y se mezcla con el microtráfico y actividades ilícitas. Estas redes ofrecen –sobre todo a extranjeros– servicios sexuales (incluso con menores de 14 años, considerado un delito) y tienen como principal vitrina plataformas en internet.

Las investigaciones adelantadas dan cuenta de que estas páginas son de difícil en Colombia debido a que están bloqueadas, lo que no ocurre en el exterior, especialmente, en Norteamérica e Israel. Ciudadanos de estos países vienen al país “única y exclusivamente” a buscar servicios sexuales de hombres y mujeres mayores (también ‘trans’), así como de menores.

La ONG Libertas International informó que, en los últimos cinco años, las autoridades colombianas y estadounidenses han logrado la captura de 13 extranjeros por delitos de explotación sexual ocurridos en la capital antioqueña y sus alrededores. El último golpe contra pedófilos foráneos se registró hace un mes con la judicialización de los estadounidenses Richard Opalinski y Dominik Divincenzo, señalados de explotar y abusar sexualmente a niñas y adolescentes.

Las víctimas también indican que hay familiares o personas cercanas detrás de este delito, junto a organizaciones criminales como ‘la Terraza’, ‘Robledo’, ‘los Pesebreros’ y ‘la Raya’, solo en la zona rosa de El Poblado. Incluso, algunas veces, los niños, niñas y adolescentes inducen a otros a la explotación sexual.

Recientemente, los casos de explotación sexual de menores en Medellín se han movido a través de escenarios digitales como las redes sociales, en las que las víctimas son adas por sus victimarios o proxenetas. Al mismo tiempo, las viviendas turísticas –que se incrementaron un 1.347 por ciento entre 2019 y 2023– han sido utilizadas para cometer este delito.

Ante los casos de la última semana, el alcalde Federico Gutiérrez decretó la suspensión de la demanda de actividades y servicios sexuales en la zona rosa de El Poblado, con el fin de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por seis meses. La medida se sumó al toque de queda para menores que se aplica en este sector desde principios del año entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m.

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Las opiniones sobre su efectividad están divididas. Por un lado, se celebró la voluntad política de adoptar medidas que busquen mitigar la problemática, pero, por otro, se pide a la istración invertir en programas sociales que ataquen el problema de raíz: la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.

El alcalde Gutiérrez ha dicho que combatir la explotación sexual de menores es una de las prioridades de su istración. Ha pedido el apoyo de diferentes sectores y de autoridades nacionales e internacionales para enfrentar la problemática, pero a la fecha el anteproyecto de su plan de desarrollo no incluye programas, acciones e indicadores específicos contra este delito.

Pero esta problemática no es exclusiva de Medellín. EL TIEMPO conoció a través de una fuente reservada que “diferentes organizaciones criminales se han especializado en ofrecer no solamente estos servicios en hoteles o en Airbnb en las ciudades capitales, sino en fincas en las afueras de las ciudades. Se ha observado un aumento de estas redes en Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero, específicamente en Pereira y en Cali”. Todas ciudades con gran atractivo turístico.

Desde que se inició el gobierno de Dumek Turbay en Cartagena, en el Centro Histórico –uno de los sitios con mayor oferta de turismo con fines de explotación sexual– se han venido realizando operativos que buscan luchar contra este delito. Por ejemplo, a los dos días de que se aumentó el número de motos de los Comandos Élites de la Policía se capturaron 16 personas y se cerraron 19 establecimientos vinculados con este tipo de delitos.

Según la Gobernación del Valle, en 2023 hubo 69 sobrevivientes de la trata de personas en el departamento, de los cuales 29 eran víctimas de explotación sexual y menores de edad. Detrás de este delito hay una ‘bolsa de empleo’ operada por grupos armados en el Valle, entre ellos, el ‘clan del Golfo’, según las autoridades.

Ante la situación, en el Valle se inició la construcción de un plan de acción territorial para tener unas líneas de trabajo que van de la mano y en articulación con el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga, anunció el cierre temporal y sanciones a 10 hoteles donde, al parecer, estaban permitiendo la explotación sexual de menores. La mayoría están cerca del parque Centenario, en el centro. Muchos no tenían los permisos necesarios para su funcionamiento. Precisamente el viernes, en un motel del centro, fue rescatada una menor de nacionalidad extranjera, víctima de este delito.

Los hoteles y hostales que fueron clausurados, incluido el Gotham, en Medellín, pueden tener cierres temporales entre tres y 10 días. Durante la sanción se da tiempo al de corregir las irregularidades y cumplir la normativa.

La fuente consultada que pidió la reserva de su nombre indicó que este delito ha estado en el anonimato debido a que muchas personas no denuncian por miedo a quienes están detrás de estos negocios ilegales. “Este delito genera muchos dividendos y beneficia a una extensa cadena. Varios de los sitios donde se cometen estos actos están arrendados en estratos altos, lo que deja en evidencia el poder de las mafias”, dijo.

En el marco de las investigaciones, EL TIEMPO conoció que estas estructuras criminales ofrecen “paquetes” que incluyen apartamento de lujo, servicio sexual, drogas a domicilio, licor y fiestas de hasta cinco días. “Los precios de estos paquetes en la actualidad van desde 2.000 hasta 5.000 dólares. Por lo regular, son adquiridos por extranjeros, quienes posteriormente organizan sus viajes a Colombia. Todo esto configura un engranaje criminal alrededor de estas ofertas sexuales. No perdamos de vista que estos se ofrecen en plataformas, el interesado contrata o a al individuo que los ofrece y al llegar al país le tiene todo listo desde que se baja del avión”, dijo la fuente. Cuando el servicio sexual incluye a menores, el costo se eleva. La mayoría de las víctimas, detalló el informante, son personas extranjeras (venezolanas), captadas y e explotadas por organizaciones criminales.

Al indagar por quiénes conforman estos grupos, la fuente indicó que es prematuro sacar nombres, pero se cree que el ‘clan de Golfo’ se beneficia. “Sabemos que este grupo tiene control en ciertos sectores de las ciudades, sus tentáculos establecen nexos con pequeñas bandas barriales que hoy hacen parte de todo su andamiaje criminal”.

La fuente indicó que la alta llegada de israelíes hace creer que también hay ciudadanos de este país detrás de estas mafias. “Recordemos que hace unos años varias organizaciones de este tipo –con ciudadanos israelíes a la cabeza– fueron desmanteladas en Cartagena y Santa Marta, por lo que no se descarta que hayan regresado para armar de nuevo estos grupos criminales en otras zonas del país”.

Este fenómeno ha crecido en los últimos años, según indicaron varios investigadores, ante la falta de articulación de las autoridades para contrarrestar este crimen. “Vemos a las y los menores en ciertas discotecas, acompañados con personas de características físicas de un extranjero y nadie denuncia”, dijo uno de los investigadores, quien agregó que es importante el control en los aeropuertos.

Según las estadísticas sobre la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía, durante los últimos cinco años fueron identificadas 8.050 víctimas de este delito.

Respecto a los posibles responsables de estos delitos, se tiene que para el mismo periodo analizado hay 89 noticias criminales y la mayoría de los victimarios proceden de países como Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Perú y México.

Entre 2020 y 2023, se registraron 1.264 casos de niños, niñas y adolescentes que ingresaron al proceso istrativo de restablecimiento de derechos en el ICBF por motivo de trata de personas con fines de explotación sexual y/o víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el abogado Jimmy Jiménez, la mayoría de estos casos se relacionan con violencia de género. “La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades en los hogares colombianos han abierto las puertas a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se vulneren. En muchas ocasiones, estos son entregados a figuras con poder económico para solventar las necesidades de sus familias”, afirmó Jiménez.

Redacción Justicia:

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