¿Minsalud oculta datos sobre eutanasias en Colombia? La denuncia que hace organización civil

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De acuerdo con el director de Desclab, Lucas Correa, desde hace 16 meses se ha vuelto una pesadilla que el Ministerio de Salud, al que todas las clínicas y hospitales deben reportarle los datos de procedimientos realizados, entregue cifras sobre muerte digna, pese a que esta información es de consulta pública

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“Desde hace 16 meses acceder a las cifras de muerte digna se ha vuelto imposible, las últimas cifras que tenemos tienen corte al 31 de diciembre de 2022, no conocemos cifras del 2023, ni de lo que va de 2024. Hemos pedido las cifras en reiteradas ocasiones y el Ministerio de Salud empezó a responder que ahora las cifras solamente se reportan anualmente, retienen la información durante todo el año, se toman una parte del año para analizarla, y la publican cuando quieren”, dijo Correa.

Añadió que el no reportar estos datos “es una forma de ocultar la información pública sobre los procedimientos, esa información reposa en sistemas de información del sistema de salud que diligencian las mismas clínicas, el Ministerio no tiene que hacer ningún esfuerzo para recabar los datos, lo que hace es compilarlos y ellos dicen que las revisan y depuran, y esa es la excusa para inventarse de la nada que las cifras se pueden reportar solo anualmente, cuando no hay ninguna norma que les permita ocultar o retener la información o reportarla solo de forma anual”.

Según dijeron desde Desclab, tener esta información es clave para identificar barreras que puedan estarse presentando para que un acceda a un procedimiento ya que, por ejemplo, las cifras permiten rastrear si la respuesta ante solicitudes de muerte digna se está tomando más de 10 días –que es el plazo legal-, y Desclab ha encontrado casos en los que la respuesta ha tomado hasta 60 días.

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Los datos también permiten ver en dónde están localizados los procedimientos e identificar casos como el de Bucaramanga, en donde, según las últimas cifras a las que accedió Desclab, no se reportaban procedimientos pero al analizar en profundidad la situación se encontró que todas las clínicas estaban ejerciendo una objeción de conciencia.

“Nos dimos cuenta que a las EPS les tocaba trasladar pacientes en avionetas medicalizadas a Bogotá. Esto pese a que la eutanasia es un procedimiento de baja complejidad, pero a las EPS les tocaba incurrir en altos costos, pues en Colombia un avión medicalizado tiene un promedio de 10 millones de pesos por vuelo, porque las clínicas de Bucaramanga no querían hacer los procedimientos”, refirió Lucas Correa.

Consultado sobre los motivos por los cuales el Ministerio de Salud no está entregando esta información, el director de Desclab comenzó por exponer que no se trata de un gran volumen de cifras, pues hay años en los que el registro rondaba los 40 casos.

Correa indicó que los funcionarios que responden directamente los derechos de petición no han cambiado en el Ministerio de Salud y que ellos antes entregaban la información “a regañadientes, a punta de tutelas, para evitar un desacato y una multa u orden de arresto, pero ahora pareciera que tienen el respaldo de su jefe para no entregar los datos”.

“Creo que hay una decisión deliberada de ocultar la información o de permitir que se oculte la información. No tengo pruebas de que sea algo de este Gobierno pero sí es cierto que ellos son los que firman las respuestas en las que se niegan a entregar información, hay un aval de la oficina jurídica, del Ministro de Salud y de la Directora de Promoción y Prevención, que son los que les contestan a los jueces en las tutelas que hemos puesto”, concluyó el abogado Correa.

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Para intentar acceder a actualizaciones de los datos sobre muerte digna desde Desclab han puesto tres derechos de petición, ninguno de los cuales ha sido respondido con la información requerida, y dos tutelas.

Precisamente una de esas tutelas podría ser seleccionada para revisión de la Corte Constitucional este mismo mes para que sea el alto tribunal el que se pronuncie sobre este tema.

EL TIEMPO consultó al Ministerio de Salud, a través de su oficina de comunicaciones, sobre las cifras de muerte digna en Colombia y, a la hora de esta publicación, no habían dado ninguna respuesta.


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