Caso Mintic: citan a juicio disciplinario a exfuncionarios del ministerio

Por las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020, entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), adscrito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), y la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco personas.

Con el pliego de cargos se citará a estas personas a un juicio verbal disciplinario en el cual deberán responder por las acusaciones.

(Lea también: Implicados en 'carrusel de contratos', salpicados en caso Centros Poblados)

El pliego de cargos es contra tres funcionarios del Mintic y dos particulares.

En específico, se llamó a juicio a Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general del Mintic; Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual del Mintic; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura del Mintic; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT Centros Poblados, y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, que ejercía la interventoría del cuestionado contrato.

(Le puede interesar: Denuncian amenazas y presiones a testigos de caso Centros Poblados)

De acuerdo con la Procuraduría, Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria por participar en la etapa precontractual de la licitación pública y en la actividad contractual del contrato, al parecer desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

Algunas de las presuntas acciones que cometió y que le reprocha el órgano de control fueron: abrir la licitación través de la Resolución 719 del 23 de septiembre de 2020, adjudicar la región B de este proceso de selección a la UT Centros Poblados Colombia 2020, mediante la Resolución 1138 del 9 de diciembre de 2020, y celebrar con esta misma el contrato de aporte 1043 del 18 de diciembre de 2020, con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas.

"Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador del proceso contractual (consultor Consorcio Telbroad-Profit), que había sido contratado por el Fontic por 2.000 millones de pesos con la finalidad de elaborar la estructuración del proyecto de público a internet para zonas rurales, sin que para tales modificaciones contaran con los estudios y análisis técnicos, jurídicos y financieros suficientes", dice la Procuraduría.

(Más notas: Caso Mintic: no pudieron capturar a quien falsificó las pólizas de contrato)

Por su parte, el pliego de cargos contra Jiménez Santofimio, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso contractual, se relaciona con que aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor sin que hubiera estudios que sustentaran la modificación. Con ello habría desconocido el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

Sobre Orjuela Méndez, la Procuraduría considera que habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por Centros Poblados pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos de los pliegos de condiciones, pues con su propuesta presentó una garantía bancaria falsa que no fue expedida por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S. A., como lo afirmaba la UT en la oferta que presentó al Mintic.

(Más notas: La evidencia que hunde a Emilio Tapia y a tres más por el caso Mintic)

Frente al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, el Ministerio Público indicó que presuntamente falsificó las garantías bancarias para acreditar que existían y posibilitar el inicio de la etapa de ejecución contractual y el desembolso del valor del anticipo, por 70.000 millones de pesos, con lo que pudo haber incurrido en una conducta sancionable disciplinariamente.

Finalmente, la interventora Izquierdo Rivera fue llamada a juicio por no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021, en el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos del anticipo, toda vez que no verificó ni garantizó la correcta citación al Banco Itaú al comité, "porque de haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del anticipo".

Por ahora no se conoce el lugar y la fecha del juicio, los cuales programará la Procuraduría Delegada de Juzgamiento. 

En Twitter: @JusticiaET

-Computadores de 'Fabián', claves para seguir financiación de primera línea

-Propondrán mayor pena para reincidentes y cárcel por porte de armas blancas

-Fiscalía tendrá unidad contra la deforestación apoyada por Estados Unidos