Por primera vez el Estado pedirá perdón a población LGBTIQ+ por violencia a mujer trans

Este 19 de marzo, en Cali, por primera vez el Estado colombiano pedirá perdón a la población LGBTIQ+ por la vulneración de derechos que sufrió una mujer trans. Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que liderará el acto de reconocimiento, esta es la primera vez en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que un Estado se excusa por afectaciones a la comunidad diversa sin que medie una sentencia.

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La víctima de los hechos es Raiza Isabela Salazar, una mujer trans que hoy tiene más de 60 años de edad y que llevaba décadas pidiendo justicia por la violencia que sufrió luego de que en 2001 compró una propiedad en Dagua, Valle del Cauca, y desde su llegada fue víctima de amenazas por parte de vecinos y mayordomos del condominio, que la presionaban para que se fuera del lugar.

En 2005 la situación se agravó y fue atacada con una escopeta de balines en la cabeza, por lo que tuvo que abandonar su hogar y se le reconoció la condición de desplazada. En 2009 volvió a la propiedad pero las amenazas y actos violentos continuaron.

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En el informe de 2018, con el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) itió su caso para estudio, se lee que en octubre de 2009 recibió amenazas e insultos, y que los responsables arrojaban basura, heces de caballo y rocas a su casa, también se subieron al techo de su casa y le ordenaban salir, diciéndole que la matarían.

Ante la continuidad de la violencia, Raiza decidió denunciar la situación ante la Fiscalía y la Personería de Cali, para obtener protección. Pese a la denuncia penal instaurada, su caso terminó siendo tratado como una contravención y no como un delito.

Al respecto, en el informe de la CIDH se lee que tras haber denunciado penalmente los hechos, en junio de 2011 Raiza presentó un derecho de petición a la Fiscalía para saber el estado del caso, sin recibir respuesta, por lo que en diciembre de ese año expuso la situación ante el Procurador del Valle del Cauca, a través de Santamaría Fundación, y fue en ese momento cuando se enteró de que su denuncia recibió el trámite de contravención, del cual conocen las autoridades de policía.

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Por eso, señaló que en su caso hubo un tratamiento discriminatorio, “pues se trata de acciones que atentan contra la vida e integridad, lo que constituye delito, y no (una) contravención, que se diferencia en la gravedad del ilícito y la graduación de las penas, siendo las contravenciones delitos menores”, se lee en el informe.

En su petición a la CIDH, Raiza señaló que desde 2005, cuando fue reconocida como desplazada, el Estado colombiano tenía conocimiento de su situación y pese a haber denunciado los hechos, “no ha existido resultado en las investigaciones aún cuando existe individualización de los partícipes de los hechos en su denuncia”.

Inicialmente ante la CIDH el Estado colombiano sostuvo, como se recoge en el informe de isibilidad, que los hechos denunciados carecían de fundamento y que el contexto no podía ser considerado para determinar responsabilidad internacional estatal en este caso, “pues no existe vinculación del caso concreto al presunto contexto de vulneración de los derechos de la población LGBTI”.

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Pero después el Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa, para evitar que el caso llegara a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y derivara en una eventual condena. En este acuerdo se determinó que la Nación pediría perdón a Raiza por lo sucedido y este es el acto que se realizará este 19 de marzo. Debido a que la mujer está en difíciles condiciones de salud, el reconocimiento estatal lo recibirá, en su nombre, Santamaría Fundación, que la ha acompañado en el proceso.

Sobre el acto que se hará en Cali Jhon Camargo, director general (e) de la Andje, indicó que el evento es histórico.

“No estamos esperando un fallo judicial, el Gobierno es abanderado del reconocimiento temprano de derechos y en este contexto tenemos el deber de evitar la revictimización", señaló.

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El director de la Andje añadió que en el caso específico de Salazar "al Estado le asistía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables que vulneraron sus derechos fundamentales y hemos sido testigos de la dolorosa búsqueda de la verdad y de la justicia que ha emprendido durante estos años”.

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Añadió que el acto de reconocimiento requirió de una preparación rigurosa y un diálogo constante, pues no era sencillo pensar en una reparación para Salazar sin tener en cuenta el impacto de su caso en la población trans y en la sociedad en su conjunto.

“La exclusión y la discriminación no pueden ser promovidas ni toleradas bajo ninguna circunstancia. Nuestra sociedad no puede seguir conservando y normalizando prejuicios y castigos frente a aquellas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de los roles tradicionales de hombre-mujer", concluyó Camargo.

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