Plazo para formalizar empleos públicos generaría 'parálisis': Procuraduría

Mediante una circular enviada a todos los ministerios del Gobierno, la Procuraduría General advirtió que el plazo de cuatro meses establecido para formalizar los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión es muy corto.

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Por ello, la entidad pidió agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.

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La circular, que también fue enviada a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, también insta a las autoridades públicas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas, y ateniéndose a lo dispuesto en diversos fallos proferidos por las Altas Cortes del país.

El mismo documento, emanado de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, señala así mismo que no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.

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Otra parte del llamado que hizo el Ministerio Público se enfocó en que mientras se cumple la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y istrativamente eficientes, no se desconozcan los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.

En ese sentido, resaltó la pertinencia de las observaciones que sobre esto le ha hecho al secretario jurídico de la Presidencia la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez dirigidas, en sus comentarios ha hecho hincapié a la defensa del trabajo decente en el sector público.

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Por último, la Procuraduría reiteró la necesidad de acabar con la precarización laboral sin que eso implique causar un detrimento en los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan miles de contratistas en los diferentes organismos de la Rama Ejecutiva del nivel central, descentralizado, nacional y territorial.