La preocupante cifra de migrantes rescatados este año en aguas de San Andrés

Con un informe sobre la situación de derechos humanos que afrontan los migrantes en Colombia, la Procuraduría anunció este martes una serie de recomendaciones para que diversas entidades atiendan la que considera una inacción del Gobierno Nacional frente a esta población, la cual ha sido víctima de robos, extorsiones, engaños, minas antipersonal y otros actos por parte de grupos ilegales que se han tomado diferentes rutas.

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Entre los años 2022 y lo corrido de 2023, por ejemplo, fueron rescatados en altamar 895 migrantes irregulares (660 en 2022 y 235 este año) que se dirigían hacia costas nicaragüenses, en su objetivo de llegar a Estados Unidos. Entre los que han intentado esa ruta en la que van seis naufragios desde 2022, según el informe dedicado especialmente a lo que se vive en San Andrés Islas, sobresalen personas provenientes de Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladés, Bielorrusia y Bosnia.

Además, en su intervención, Cabello resaltó que el informe tuvo en cuenta enfoques que desde que llegó a la entidad quiso promover. “Lo triste de eso es que lo están haciendo en muchas situaciones de manera irregular, y eso ha establecido en cabeza de grupos ilegales unas rutas en zonas de nuestro país, generalmente con destinos hacia Centroamérica”, comentó la alta funcionaria.

La problemática la recopilaron los agentes luego de visitas al Tapón del Darién, el paso fronterizo entre Cúcuta y Venezuela, y San Andrés, archipiélago hasta donde se desplazaron el 16 y 17 de abril.

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Una de las conclusiones de esa visita preventiva fue que, como el Tapón del Darién se había vuelto un paso riesgoso debido a los peligros de la selva, San Andrés se convirtió en otra opción para llegar a Centroamérica, con una particularidad: son los llamados paquetes turísticos VIP, que hacen que los migrantes se convenzan de pasar por allá debido a los supuestos beneficios.

En su momento, EL TIEMPO documentó la existencia de esos planes turísticos en la isla, los cuales ascienden a los 5.000 dólares por salir desde Medellín en avión rumbo a la isla, donde se elige entre un par de rutas para llegar a Centroamérica.

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"Las rutas VIP, como se mencionará en adelante, se refieren a disfrazados paquetes turísticos ofrecidos por empresas constituidas, que alcanzan valores de hasta 5.000 dólares, los cuales son ofrecidos a personas y familias migrantes, valiéndose de redes sociales y páginas de internet con videos promocionales de la isla, para captar su interés, como si se tratara de un destino vacacional", dice el documento de la Procuraduría.

Las rutas que ofrecen en esos paquetes son cinco: San Andrés - Corn Island (Nicaragua) - Bluefields (Nicaragua); San Andrés - Bluefields; San Andrés - Pearl Lagoon (Nicaragua); San Andrés (Cayo Pescador) - Cayo Albuquerque - Bluefields; y San Andrés - Cayo Albuquerque - Corn Island - Bluefields).

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Esa ruta, sin embargo, no es nueva. La entidad documentó que al menos desde 2016 era usada por cubanos, sudafricanos y haitianos, pero en 2019 incrementó el paso de migrantes por Colombia, y con ello se reactivó la ruta, la cual aunque es menos peligrosa, no se libra de problemas.

Según el informe, si bien en la isla no hay 'clan del Golfo' -como pasa en el Tapón-, sí hay presencia de mafias y redes dedicadas al tráfico ilegal de personas. De hecho, en los otros países de tránsito previo a la llegada a Estados Unidos se habla de carteles como Los Zetas y el de Jalisco, los cuales extorsionan a las personas y las "someten a condiciones de esclavitud".

En general, de las visitas adelantadas, el procurador Sarmiento y su equipo recolectaron 28 hallazgos que ponen en peligro los derechos de la población migrante en Colombia.

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Estos empiezan por alojamientos improvisados, menores entre cero a seis meses separados de sus familias, y contaminación ambiental, problemáticas que pasan por una "total inacción del Gobierno Nacional y de las autoridades del territorio, frente al control de la migración irregular", dice el informe.

Y es que de acuerdo a las visitas, no hay planes de acción ni controles efectivos en ninguno de los puntos de la isla con mayores flujos de migración, algo similar a lo que en informes pasados se documentó en el Tapón del Darién y en Norte de Santander, donde se cerró el Cast Los Patios, que atendía a migrantes.

Para la procuradora general, falta un liderazgo por parte de las cabezas encargadas de atender a la población, alertando, por ejemplo, que Migración tiene cerca de tres funcionarios en la isla para atender a 80.000 extranjeros que la visitan anualmente. Además, resaltó que en efecto hay una falta de respuesta y una inacción de las autoridades a las que se podría llegar a sancionar.

En esa línea, desde el órgano de control se hicieron 30 recomendaciones a 13 entidades entre las que están Cancillería, el Ministerio de Defensa, el de Ambiente, a la Superintendencia de Transporte, a la Fiscalía, a la Aeronáutica Civil, a Bienestar Familiar, a la Defensoría, a la Policía y a la Gobernación de San Andrés.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49