La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria formal a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), Karen Abudinen, por el caso del escándalo por el contrato con Centros Poblados.
El Ministerio Público busca determinar si hubo responsabilidades disciplinarias por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública denominada centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet.
Ese contrato, que fue declarado caduco, se firmó por más de 1 billón de pesos, y se alcanzó a pagar un anticipo de 70.000 millones de pesos.
La decisión de abrir la investigación disciplinaria fue proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, que ordenó además la práctica de pruebas como una inspección al expediente que adelanta la Procuraduría por el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Centros Poblados.
Luego de esto, se trasladarán las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. De otro lado, la ministra Abudinen puede rendir, si así lo quiere, una versión libre en medio de la investigación.
En medio de este escándalo ha habido varios episodios judiciales, por ejemplo, una tutela que interpuso Centros Poblados con la cual buscaba tumbar la caducidad del contrato con el Mintic.
La semana pasada, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla declaró improcedente la tutela, al considerar que no había un perjuicio irremediable y que
no hubo vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y efectivo a la istración pública.
“Resulta incuestionable que la unión temporal accionante dispone de otros mecanismos judiciales para controvertir la actuación istrativa que censura, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción de controversias contractuales”, dijo el juez.
Además, la Fiscalía también indaga los hechos que rodearon el contrato y realizó, hace dos semanas, una inspección en el ministerio y recogió testimonios.
La inspección realizada el 24 de agosto se extendió por varias horas y en el transcurso de esta fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético relacionados con el contrato investigado.
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