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Las 5 preguntas de la Procuraduría al Gobierno tras congelamiento de tarifas de peajes

La entidad alerta al Ministerio de Transporte, Invima e Invías que podría venir lluvia de demandas.

Los adultos exponen la vida de menores y generan dificultad en la movilidad. Foto: Prensa Ruta del Sol

PERIODISTA JUDICIAL02.06.2023 20:07 Actualizado: 03.06.2023 16:40

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A los despachos del ministro de Transporte, William Camargo, y de los directores encargados de Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) llegó un oficio de la Procuraduría General de la Nación en el que se les pide a las tres dependencias explicaciones sobre el congelamiento a las tarifas de peajes este año, pues con la medida pudo estar en riesgo la gestión pública y las finanzas del país.

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Para entender el pedido dirigido el pasado 19 de mayo, hay que remitirse al Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió no incrementar los precios a vehículos en 30 estaciones de peajes manejadas por Invías y 113 por la ANI, cuando el reajuste para este año llevaba a estimar una subida del 13 por ciento.

"Esta medida y su implementación, eventualmente, podría conllevar la obligación, a

cargo de las entidades contratantes, de reconocer a sus contratistas los ajustes de

tarifas de peaje pactados en los contratos y que no hayan podido ser efectuados

por orden del Decreto 0050 de 2023 ya citado", dice el oficio, en el que se añade que el Ministerio de Hacienda será el que asigne los recursos necesarios para la implementación del decreto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y lo establecido en el marco fiscal de mediano plazo de la cartera de Transporte.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:Presidencia

En ese orden de ideas, el Ministerio Público —haciendo uso de sus funciones preventivas— determinó que el no haber incrementado los precios podría llevar a una “lluvia de demandas contra el Estado”; por eso, invitó al Ministerio de Transporte, Invías y a la ANI a pensar en planes de contingencia para buscarle una salida a la situación.

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"La presente comunicación se efectúa en virtud de la Función Preventiva Integral de la Procuraduría General de la Nación, mecanismo previsto para anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública", dice el documento firmado por el procurador delegado Gabriel del Toro Benavides.

Esto, teniendo en cuenta un análisis financiero de Fedesarrollo, el cual, según la Procuraduría General de la Nación, dice que de no tomar acciones para solventar la situación y dar un equilibrio económico a los contratos, se generará un detrimento para los concesionarios que asciende a un billón de pesos para este año.

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Ello, sin contar el déficit fiscal que podría terminar encaminado a que el Estado cubra con sus recursos obligaciones que serían de hasta 13,8 billones de pesos para el año 2040.

Los interrogantes del caso

De acuerdo con la Procuraduría, las observaciones que deben resolver las entidades del Gobierno son al menos cinco, siendo la primera cuál mecanismo aplicarán Invías y la ANI para de acuerdo a lo firmado en los contratos garantizar el reconocimiento de los ajustes de tarifas de peajes tras la expedición del Decreto 0050 de 2023.

Otra claridad es pedir que se aclare cuál es la planeación financiera y estimación de las partidas presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a

cargo del Invías, relacionados con lo dicho en el mencionado decreto.

Así mismo, se pide "señalar las gestiones realizadas y a realizarse por parte de la ANI requeridas para que se aporten los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, que al no hacerlas, podría afectar su liquidez".

Por último, en el documento la Procuraduría pide que se aporten cuáles vías alternativas se implementaron para reconocer los ajustes de tarifas tras el decreto, y cuáles son los mecanismos que permitirían el restablecimiento de la tarifa a más tardar el 31 de diciembre del año 2024, para así normalizar el esquema tarifario estimado.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

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