Chuzadas a niñera y empleada, el nuevo capítulo del escándalo de Laura Sarabia

El escándalo que involucra a la jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, pasó este jueves de una investigación de robo, posible abuso de poder y mal uso de bienes públicos a una por chuzadas ilegales, que el fiscal Francisco Barbosa comparó con las realizadas en el pasado por el DAS y el F-2, dos de los organismos de seguridad más cuestionados en la historia del país.

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Mientras se esperaba alguna noticia oficial de la cita que el presidente Petro le puso al embajador Armando Benedetti para que aclarara su supuesta participación en la filtración del caso de Sarabia, la Fiscalía confirmó que en enero pasado la Dijín de la Policía interceptó los teléfonos de la niñera, Marelbys Meza, y de una empleada de la casa de la Jefa de Gabinete, Fabiola Teherán. Esas interceptaciones, que eran ilegales, se encubrieron como supuestas escuchas a teléfonos del ‘clan del Golfo’.

En rueda de prensa, Barbosa aseguró que para encubrir las chuzadas ilegales, el 30 de enero pasado (el mismo día que Sarabia denunció el robo del maletín con dinero) agentes de la Dijín le dijeron a un fiscal que una de las líneas interceptadas correspondía supuestamente a la cocinera de alias Siopas, por entonces uno de los máximos jefes del ‘clan del Golfo’ y uno de los criminales más buscados del país.

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“El único propósito era escuchar a estas dos personas (Marelbys y la otra empleada de Sarabia). Volvieron del ‘clan del Golfo' a dos personas para escucharlas ilegalmente (...) Se utilizó un informe falso para sacar datos sobre el caso de hurto”, dijo el Fiscal General. En el caso de la otra empleada interceptada, los de la Dijín la mostraron como supuesta encargada de “realizarle giros de plata (a ‘Siopas’), comprar comida, llevar memorias con información y con órdenes impartidas por ‘Ómar’, segundo cabecilla” del grupo ilegal, según la Fiscalía.

Barbosa dijo que los dos números eran los mismos que la fiscal que recibió la denuncia de Sarabia se había negado a interceptar y que “le sugirieron” allegados a la seguridad de la mano derecha del presidente Petro.

Tres de la Policía serán llamados a responder por la Fiscalía. Uno de ellos tenía como base el corregimiento de Tagachí, una de las regiones del Chocó más golpeadas por la violencia del ‘clan’. A ese uniformado se le atribuye la solicitud inicial de interceptación de las dos líneas.

El jueves en la tarde, a través de un comunicado, la Policía Nacional informó que inició una investigación interna y itió que los dos teléfonos fueron interceptados con una motivación que resultó no ser cierta. Según la Policía, un investigador de la Dijín solicitó a finales de enero “ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal”.

“La actividad comenzó a implementarse el 30 de enero, pero 72 horas después el analista solicitó ante la autoridad competente cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación disciplinaria contra funcionarios especialmente de la Dijín para saber si se cometió alguna irregularidad disciplinaria. Además, pidió el poder preferente para llevar a cabo el caso.

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Las chuzadas ocurrieron en enero, cuando el director de la Policía era el general Henry Sanabria y la directora de la Dijín, la general Olga Patricia Salazar. En el desarrollo de las investigaciones penales y disciplinarias del caso, se contempla llamar a declarar a Sanabria y a Salazar, quienes salieron de sus cargos en el reciente remezón en la Policía.

Hasta anoche, al cierre de esta edición, el gobierno del presidente Gustavo Petro no había hecho ningún pronunciamiento sobre las chuzadas ilegales que podrían implicar a altos funcionarios de Palacio. Esa versión, la de las escuchas ilegales, fue inicialmente lanzada por otra alta ficha del Ejecutivo, el embajador Armando Benedetti, quien en uno de sus trinos preguntó, en referencia a cómo Laura Sarabia se enteró de que su niñera iba a hablar con la prensa: “¿Por qué sabía?” “¿Ella chuza?”.

La istración del presidente Petro, quien paradójicamente fue víctima de escuchas y seguimientos ilegales realizados por el desaparecido DAS, tendrá que enfrentar además de las investigaciones judiciales los debates de control político en el Congreso.

Además de la citación que ya se le hizo a Sarabia por el episodio de la prueba de polígrafo que se le realizó a su niñera en las instalaciones de Casa de Nariño, se anunció que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía, general William Salamanca, tendrán que comparecer ante la Cámara.

Anoche, Velásquez aseguró que le dio una orden concreta a Salamanca: “tiene que descubrirse quién dio la orden. Esto no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene la iniciativa para hacer lo que ocurrió”.

Desde todas las fuerzas políticas se escucharon voces exigiendo un pronunciamiento del presidente Petro. Varias de las más fuertes provienen de sectores de izquierda que acompañaron al mandatario en su campaña política.

El escándalo crece además en un momento en el que el Gobierno enfrenta serios problemas para sacar adelante sus proyectos de reformas sociales en el Congreso y cuando ha perdido a varias de sus figuras y apoyos más reconocidos, como el exsenador Roy Barreras.

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“Este es un duro golpe para el Pacto Histórico porque ya tiene una ausencia de liderazgo y en este momento el Presidente tendrá que concentrarse en solucionar los graves problemas que desata el escándalo”, dice Daniela Garzón, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

Agrega que manejar la crisis de su Jefa de Gabinete y de su embajador en Venezuela va a concentrar necesariamente la agenda del Jefe de Estado y de su Gobierno, en detrimento de otros frentes como tratar de mover sus reformas en el Congreso. En el mismo sentido, el analista y consultor político Andrés Segura señala que el inusual silencio de Petro, siempre muy activo en sus redes sociales, envía un mensaje de incertidumbre sobre lo que está pasando en el Gobierno.

Por lo pronto, en la nueva línea de investigación que se abre en el caso son varias las preguntas pendientes.

Según el fiscal Barbosa, inicialmente Laura Sarabia dijo que le habían robado 4 mil dólares. La versión pública de la Jefe de Gabinete, tras el estallido del escándalo, cambió a 7 mil dólares que, dijo, eran viáticos sobrantes de su viajes en la Presidencia. Sin embargo, el embajador Benedetti aseguró que en realidad le robaron un maletín con 150 millones de pesos en efectivo.

Otro punto en la investigación es quién le dio la orden a un policía que estaba en un pequeño municipio del Chocó de reportar como supuestos teléfonos del ‘clan del Golfo’ los de la niñera y la empleada de Sarabia. Esa orden, y el posterior uso de un polígrafo asignado a la seguridad de la Casa Presidencial, serán claves en el desarrollo de la investigación.

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49