¿Qué viene en caso contra Karen Abudinen por contrato con Centros Poblados?

En medio de la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, el órgano de control avanza en recaudar pruebas para determinar si la funcionaria comprometió su responsabilidad disciplinaria.

Este proceso tiene que ver con el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados que ha estado en el centro del debate desde hace semanas tras conocerse que esa firma, que había recibido del Mintic un contrato por más de 1 billón de pesos y un anticipo de 70.000 millones, presentó garantías falsas en el proceso.

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A través de la investigación y recolección de pruebas, el Ministerio Público busca determinar si Abudinen incurrió en faltas por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública de centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato Centros Poblados.

Ese negocio jurídico tenía como propósito la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet. Y aunque Centros Poblados argumenta que el anticipo que recibió de 70.000 millones se invirtió en equipos, para las autoridades aún no es tan claro el paradero de ese dinero. 

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Ese contrato fue declarado caduco por el Ministerio de las TIC hace semanas, aunque Centros Poblados ha intentado interponer recursos para tumbar esa decisión. 

Por ahora, la investigación de la Procuraduría, que se abrió por decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción, ordenó la práctica de pruebas como una inspección al expediente que adelanta el órgano de control por el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Centros Poblados.

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Luego de esta inspección al expediente, la Procuraduría determinó que se trasladen las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Además, en medio de este proceso, la ministra Abudinen puede rendir una versión libre.

Una vez termine la investigación, el Ministerio Público determinará si profiere, o no, un pliego de cargos, que equivale a citar a un 'juicio' disciplinario a la funcionaria. Si hay pliego de cargos y en juicio se encuentran probadas las presuntas faltas, la jefe de la cartera de las TIC podría enfrentar sanciones de suspensión, amonestaciones, multas o incluso de destitución e inhabilidad.

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