'Prórroga a Ley 418 sería la vía para sometimiento': Roy Barreras

La carta conocida el miércoles en la que un grupo de redes criminales pide pista para una eventual entrega de sus armas tras una negociación con el nuevo gobierno volvió a encender el debate sobre la posibilidad real de adelantar acuerdos con esos grupos considerados bandas ilegales sin reconocimiento político y asociadas a temas de narcotráfico y minería ilegal.

La carta de cuatro páginas suscrita por grupos como el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’, ‘los Rastrojos’ y ‘los Shottas’ (de Buenaventura) tenía como destinatario el presidente electo, Gustavo Petro; la vicepresidenta Francia Márquez y el designado canciller Álvaro Leyva.

Este último acusó recibo de la carta y señaló que el nuevo gobierno pretende reactivar los diálogos de paz con el Eln y señaló que también se revisará la situación con otros grupos irregulares organizados.

“Claro que habrá diálogo, claro que sí. Habrá diálogo y vamos a buscar la paz total. Eso es para todos. Lo que hay es una concordancia y una integración de muchísimos grupos, sigue ahí un compromiso con el presidente Petro total que vamos a impulsar, vamos a impulsar unas nuevas estrategias de paz total”, dijo Leyva.

“Aquí lo que hay es una reiteración de voluntad de paz, pero de manera colectiva e incluye unos grupos que no se habían manifestado antes, de tal forma que es una oportunidad para el país y no podemos ser inferiores (...) Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie, hay una oportunidad enorme. A propósito de lo del Eln, también habrá revisión de fechas, fortalecimientos para la JEP”, indicó Leyva, quien ratificó lo que ya en su momento había anticipado Petro en el sentido de que los diálogos serán con unos grupos armados en particular y que el sometimiento a la justicia aplicará para otros.

Luego se pronunció el presidente del Senado, Roy Barreras, quien dio cuenta de las vías por las que se podría construir un marco legal para adelantar esos acercamientos.

“Hay dos caminos distintos, muy diferentes para lograr que pare la matanza en Colombia”, señaló Barreras en diálogo con EL TIEMPO. Y aclaró que con el Eln se podría usar la justicia transicional, y las adecuaciones a esa jurisdicción creada para el proceso de paz con las Farc dependería de la reactivación de los diálogos con esa guerrilla.

Con las bandas criminales, dijo el congresista, el camino es el sometimiento a la justicia, que requiere unos ajustes a la normatividad para asegurar que se puedan hacer procesos colectivos, que garanticen que toda la organización se entregue y se acabe la rotación de jefes de esas redes cada vez que las autoridades logran la captura o muerte de los capos.

“La Ley 418, o de orden público, vence en diciembre y hay que prorrogarla necesariamente; esta ley la han usado todos los gobiernos y ese es el instrumento mas idóneo para el sometimiento de las bandas criminales en mejores condiciones”, dijo Barreras tras aclarar que en todo caso “el cese del fuego (propuesto en la carta a partir del 7 de agosto) no aplica para las bandas criminales porque frente a ellos no aplica el Derecho Internacional Humanitario (DIH) sino el Código Penal, la justicia ordinaria”.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), enfatizó que “la justicia transicional tiene un alcance limitado derivado de procesos de negociación entre gobiernos y grupos subversivos y no grupos simplemente criminales”. A ellos, dijo Herrera, no se podría dar reconocimiento político y tendrían que someterse a la justicia ordinaria.

Consultado por este diario, el exfiscal Guillermo Mendoza dijo que los integrantes de las bandas están inmersos en delitos comunes y no políticos.

Otro analista consultado coincidió en que la Ley 418 podría ayudar al sometimiento colectivo, pero que en todo caso los beneficios para los procesados implicarían penas de prisión.

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