El 'segundo tiempo' del decreto para liberación de voceros se dará en las cortes

Además de la polémica por la inclusión en la Ley de Paz del parágrafo que terminó equiparando a detenidos por violencia en las marchas con voceros de una de las partes en una negociación, hay un segundo frente jurídico que genera dudas: la solidez del decreto que firmó esta semana el presidente y que creó la ‘Comisión Intersectorial’, integrada por los ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa.

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Hoy, el decreto tiene plena vigencia legal y por lo tanto el escenario más probable es que las primeras liberaciones se producirán en el corto plazo. En esencia, el mecanismo previsto funciona así: hay una recomendación de la Comisión sobre algunos nombres, viene luego la elección del jefe de Estado y esa decisión va a manos de los jueces.

Tras una reunión con el presidente Petro, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que había quedado claro que la última palabra sobre las libertades la tendría el poder judicial. Es ese un asunto de fondo, pues hay preocupación porque las facultades de paz amplias que tiene el presidente terminen en este caso afectando la independencia judicial en beneficio de procesados por delitos comunes.

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Incluso, la procuradora general, Margarita Cabello, este jueves fue más allá y manifestó su preocupación por un posible exceso de poderes del Ejecutivo al crear una comisión manejada solo por ellos. “Ahí no hay límites ni alguien que interponga ese check and balance, esos pesos y contrapesos”, fueron las palabras de Cabello.

Definir si el polémico decreto cuenta con todo el sustento jurídico o en efecto sí extralimita funciones está en manos del Consejo de Estado a través de una demanda que ya fue anunciada por el senador David Luna, de Cambio Radical.

Además, este diario conoció que a la Corte Constitucional llegaron esta misma semana dos acciones que buscan tumbar la modificación de la Ley 418, una de ellas presentada por las congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Mientras se esperan más detalles del pedido de liberación de los siete voceros elegidos, la polémica no cesa. Un exministro de Justicia consultado por EL TIEMPO, por ejemplo, aseguró que la idea de liberar a detenidos para que sean voceros está “traída de los cabellos porque ni se sabe bien qué es lo que se aspira que hagan como gestores de paz los personajes de la primera línea. Me parece que se trata de regalarles la libertad en contra del ordenamiento jurídico”.

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Por su parte, el profesor Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, afirmó que para él no hay problemas de inconstitucionalidad en el decreto, en la medida en que las excarcelaciones sean decididas por jueces.

Mientras que Rodrigo Uprimmy, investigador de de justicia y profesor de la Universidad Nacional, subrayó que si bien los ministros han sido claros en sus mensajes, el fundamento legal que hay es “totalmente precario”, pues para él, la frase que se introdujo en la Ley 418 no da un fundamento suficiente, “y ese defecto legal no puede ser subsanado con un decreto que no define los requisitos, sino que los traslada a una comisión que es la que precisa quiénes pueden salir.

El jurista cree que hacerlo de esa manera introduce un precedente riesgoso, pues se podría usar con cualquier persona que el presidente crea que puede contribuir a la paz. “Entonces hay riesgo de que los jueces que tengan que decidir esos temas, apliquen la excepción de inconstitucionalidad y nieguen las liberaciones o que si es demandado el decreto, el Consejo de Estado lo suspenda y lo anule”, concluyó Uprimmy.

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