Más del 80 por ciento de excombatientes de Farc ha recibido algún tipo de amnistía: JEP

En medio de las tensiones de las últimas semanas entre excombatientes de las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta justicia transicional renovó este 21 de febrero la entrega de 9 decretos que contienen 9.600 amnistías presidenciales que entre 2017 y julio de 2018 el Estado colombiano otorgó a exintegrantes de la exguerrilla de las Farc por delitos políticos.

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Estas amnistías, recordó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, fueron otorgadas para la gran mayoría de excombatientes, pero por alertas recibidas de parte de excombatientes, de que había autoridades civiles o judiciales que las desconocían, dificultando su proceso de reincorporación, la JEP adelantó una investigación para recopilar los decretos y creó una plataforma digital para que los antiguos integrantes de las Farc puedan descargar su certificado de amnistía de iure, que les garantiza, en el caso de los delitos políticos, que sus deudas con la justicia están saldadas.

Las 9.600 amnistías presidenciales se suman a otro poco más de 1.400 que otorgaron jueces ordinarios, y a 693 que ha entregado la propia JEP, a través de su Sala de Amnistía e Indulto (SAI), que verifica en casos puntuales que se cumplan las condiciones para dar este beneficio. Con ello, según se indicó, en total hay 11.702 amnistías concedidas a excombatientes.

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Sobre el significado del acto de ayer, de renovar la entrega de amnistías presidenciales, el comisionado de paz Otty Patiño puso como ejemplo su propio caso como exguerrillero del M-19, y sostuvo que haber recibido una amnistía en su momento le significó un correcto regreso a la vida civil y ejercer plenamente sus derechos como ciudadano.

En el acto realizado ayer en las instalaciones de la JEP también habló el líder del partido Comunes, y antiguo jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, quien insistió en que aún hay cientos de excombatientes cuya situación jurídica "está en el limbo", así como otro centenar de exguerrilleros que continúan privados de su libertad “cuyas solicitudes llevan más de 5 años en los despachos de la JEP”, cuestionó.

El líder del partido Comunes pidió más celeridad en la resolución de estos temas, al decir: “A este paso el proceso durará mucho más de 20 años afectando a la verdad y a las víctimas, que no perdonarán que sus reclamos se queden enredados en procedimientos lentos e interminables”.

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A su turno la presidenta de la SAI, la magistrada Alexandra Sandoval, sostuvo que en total “el 82 % de las personas acreditadas han recibido algún tipo de estos beneficios. Eso no quiere decir que al otro 18 por ciento se le negó, sino que su trámite está en curso o son conductas no eran amnistiables –crímenes de guerra o de lesa humanidad- y hacen parte de los macrocasos”, señaló.

Considerando que en total más del 80 por ciento de excombatientes ha recibido algún tipo de beneficio, Sandoval afirmó que “la promesa que realizó el acuerdo de paz de dar la amnistía más amplia posible está siendo una realidad”.

Sobre los reclamos de excombatientes que han señalado que la falta de definición de algunos de estos procesos ha impactado negativamente su proceso de reincorporación la magistrada Sandoval respondió que no se puede achacar a una sola razón la situación de rearme o seguridad de excombatientes, “hay muchas, por ejemplo el hecho de que sigamos en conflicto, el hecho de que haya incumplimientos del acuerdo en puntos que no incluyen solo a la JEP. Decir que porque entienden que no hay seguridad jurídica es la razón del rearme o asesinato de los comparecientes es tener una visión muy estrecha de lo que implica el conflicto en Colombia”.

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