Crecen presos y ‘exparas’ que no quieren llevarse a la tumba su verdad

De manera separada, dos grupos de presos y exprisioneros que fueron actores directos del conflicto armado prometen revelar verdades que podrían estremecer a Colombia si, como piden, sus versiones son recibidas y corroboradas en las instancias que conforman el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición diseñado tras el acuerdo de paz con las Farc.

En primer lugar, al menos 200 presos de la cárcel La Picota dirigieron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la cual piden ser escuchados porque, según expresan, no quieren “irse a la tumba” con las verdades que dicen conocer sobre varios de los hechos más graves de la violencia que ha padecido Colombia.

Una copia de esa carta, con fecha del 21 de marzo, fue remitida a la Corte Penal Internacional (I).

En segundo lugar, 17 exjefes paramilitares agrupados en el Colectivo de Desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia también manifestaron su deseo de contar verdades, hasta ahora escondidas, ante la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Entre los firmantes aparecen Fredy Rendón, alias el Alemán; Ramón Isaza, el ‘Viejo’; Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar; Edwar Cobos Téllez, conocido como Diego Vecino, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Los presos de La Picota, que ya habían enviado una carta en febrero y entre quienes hay exparamilitares, exguerrilleros y narcotraficantes, dicen puntualmente que quieren contar lo que saben de casos sensibles para el país, como el asesinato en 1995 del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Aseguran que entregarán nombres de los autores, cómplices y circunstancias del magnicidio.

También afirman que quieren contar verdades sobre otros capítulos violentos de la vida nacional, como la explosión del avión de Avianca hace 29 años, y del desarrollo de la operación militar Orión, ocurrida en Medellín en el 2002, contra milicias de las guerrillas y en la cual hubo homicidios, desapariciones y torturas.

Además, aseguran que quieren hablar de sus relaciones con las Fuerzas Militares, empresarios, políticos locales, industriales y terratenientes.

“Queremos poner en conocimiento de ustedes, de todo el país y del mundo entero, la verdad relacionada con hechos propios de tantos años de conflicto nacional que aún persiste y del que hemos sido parte, ya como actores, ya como testigos directos”, afirman en la carta suscrita por el Comité de Presos por la Verdad.

Los hechos de violencia de los que prometen hablar se registraron en medio de lo que califican como conflicto interno entre los años 1984 y 2016, y vinculan a autodefensas, las guerrillas de las Farc y del Eln, bandas criminales y el narcotráfico.

Según los presos firmantes, han realizado un trabajo de “riguroso barrido preliminar relativo a los fenómenos del conflicto armado y de la violencia en Colombia”, del cual fueron protagonistas, con lo que podrán “coadyuvar con la identificación de actores reales del conflicto aún desconocidos”.

Argumentan que su interés “no solo es genuino sino que tiene un sustento jurídico”. Traen a colación un auto de la sección de Apelación del Tribunal para la Paz, máxima instancia de la JEP, para justificar que esa justicia excepcionalmente amplía su competencia para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad.

Respecto a la carta de los presos, la JEP dijo que evaluará una a una las solicitudes que ellos radiquen oficialmente ante sus magistrados. Si bien ante esa justicia podrían obtener algún tipo de beneficio, ante la Comisión de la Verdad y ante la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no los tendrían.

Entre los presos que firman están Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, un narco reconocido; y Juan Carlos Mesa, alias Tom, jefe de la organización criminal ‘la Oficina’, que opera en el valle de Aburrá.

En caso de ser aceptados eventualmente como terceros ante la JEP, podrían acceder a beneficios como libertades condicionales o incluso retardar pedidos de extradición hasta que “terminen de contar la verdad”, de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de esta justicia.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, les aclaró que la competencia sobre sus casos se definirá luego de un “análisis pormenorizado” y “dependiendo del grado de verdad plena, de la satisfacción de los derechos de las víctimas y de contribución efectiva a la atribución de responsabilidades –en particular, de los máximos responsables– que pudieran ofrecer”.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le confirmó a EL TIEMPO que recibió las cartas. La de los presos, el 27 de marzo, y la de los exjefes paramilitares, durante uno de los encuentros por la verdad que está haciendo la comisión. “Son una expresión normal de la decisión creciente que hay en el país de que se conozca la verdad. En muchas partes estamos recibiendo grupos y personas individuales que quieren hablar”, afirma el padre De Roux.

Frente a los presos, cuenta que tanto la Comisión de la Verdad como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos ya tuvieron o con ellos y manifestaron su disponibilidad para escucharlos.

De Roux dice que ese encuentro ya está siendo coordinado con la dirección general del Inpec. Planean “tomar cada caso, tomar persona por persona y establecer realmente cuáles de esos son los testimonios relevantes. Somos conscientes de que tenemos que contrastar esas versiones con las que nos entregan las víctimas, protagonistas en otros territorios y con otras informaciones que tiene la comisión”.

Agrega que las posibles verdades que ofrecen los exjefes ‘paras’ y los presos serían muy útiles para la Unidad de Búsqueda y para el país, pero sobre todo para las víctimas, quienes llevan muchos años esperando información sobre sus seres queridos que están desaparecidos. Advierte, eso sí, que la información, como en todos los casos, deberá ser corroborada.

REDACCIÓN PAZ

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