'Falsos positivos': JEP imputa a 10 militares por casos en Dabeiba

Por crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 militares por los asesinatos y desapariciones de varias personas en Dabeiba e Ituango (Antioquia), en crímenes conocidos como 'falsos positivos'.

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Por estos delitos, cometidos entre 2002 y 2006, fueron llamados a responder a tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado profesional que eran integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79), y la Brigada Móvil 11 (BRIM 11).

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Según relató en rueda de prensa el magistrado Alejandro Ramelli, en este caso conjunto la JEP contrastó 508 necropsias entre 1995 y 2008 obtenidas en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba, el 98 por ciento de las muertes fueron causadas con arma de fuego.

"Tras contrastar información, la JEP considera que los integrantes de los batallones son responsables por 46 víctimas, asociadas a 23 hechos, en los cementerios de Dabeiba e Ituango", relató Ramelli, quien añadió que hasta ahora se han recuperado y entregado dignamente a sus familiares 11 víctimas exhumadas del cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

Además, la JEP indicó que el subteniente Jesús Javier Suárez Caro fue asesinado por sus propias tropas en un combate por negarse a participar de los crímenes y para generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse a la actuación criminal.

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Así mismo, el magistrado Ramelli indicó que en este caso, ante la JEP, del BCG-26 Arhuacos, agregados a la 4ª Brigada comandada por el general Mario Montoya Uribe, itieron por primera vez el asesinato del joven Edison Lexander Lezcano. Estos uniformados, que jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria, también dieron información sobre los máximos responsables en este hecho.

"Los crímenes relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango se encontraban en la impunidad. Los comparecientes ante la JEP, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, decidieron confesar espontáneamente la comisión de delitos por los cuales jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, quienes tampoco habían sido judicializados", leyó la magistrada Nadiezhda Henríquez.

Y el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, resaltó que en este caso la jurisdicción debió adelantar la investigación desde cero, en un esfuerzo enorme de contrastación que incluyó el desplazamiento de magistrados hasta el territorio a dirigir los trabajos de exhumación para verificar que la información entregada por comparecientes fuera cierta. 

"También es de resaltar las versiones, el deber de cada compareciente de exponer a la jurisdicción toda la verdad. Gracias a eso se comprueba que un cementerio se ha convertido en un campamento que brinda hospitalidad perpetua a los criminales porque allí están los restos de las víctimas de estos delitos execrables", expuso Cifuentes.

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De hecho, por la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los precarios avances de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación de la JEP en este caso se soportó por completo sobre los aportes a verdad de diversos comparecientes de la Fuerza Pública, contrastados con las evidencias forenses y las pruebas decretadas por la JEP.

Por estos crímenes, la Sala de Reconocimiento de la JEP encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) y Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), así como a Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos); también a dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

Así mismo, la JEP atribuyó responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y al soldado profesional en retiro del BCG 79 Levis de Jesús Contreras Salgado.

Sumados a los 10 militares aquí imputados, la Sala de Reconocimiento de la JEP remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a un coronel, dos capitanes, dos sargentos, 11 soldados profesionales y un intendente de la Policía por su involucramiento en los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en los cementerios de Dabeiba, Ituango y Carepa.

Así mismo, los magistrados indicaron que en este caso se recabaron reconocimientos de responsabilidad y patrones criminales asociados a cuatro batallones entre 1997 y el año 2006, incluso hay declaraciones sobre hechos ocurridos en otros territorios hasta 2010, que comprometen a de la Policía. 

No obstante, por estrategia de priorización y cuestiones metodológicas, en este auto solo se resolvió la situación jurídica de integrantes del BCG 79, la BRIM 11 y el BCG 26, absteniéndose de hacerlo en relación con quienes formaron parte del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR), adscrito a la Brigada 4 y de quienes pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 17 General Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada 17 del Ejército; y se determinó que la investigación, y futuras imputaciones, quedan a cargo del macrocaso territorial 04, que investiga la situación de violencia en Urabá.

Esto se determinó así porque este es el primer caso conjunto de la Sala de Reconocimiento, en donde confluyen un macrocaso nacional (03, por 'falsos positivos') con uno territorial (04). 

Además, la JEP señaló que en todo esto, además de los testimonios de exmilitares, también se contrastaron versiones sobre elementos contextuales y dinámicas del conflicto armado en el cañón de La Llorona y Dabeiba entregadas por exguerrilleros de las Farc, así como comandantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc, como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

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Los magistrados Ramelli y Henríquez enfatizaron en que en el futuro se conocerán nuevas líneas de investigación contra el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR), adscrito a la Brigada 4 y el Batallón de Ingenieros No. 17 General Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada 17 del Ejército, que son investigados en este caso conjunto.

Así mismo, se continuará sobre la línea de intervención de cementerios, como el cementerio de Ituango, Antioquia, en la medida en que el orden público lo permita. También están en la mira cementerios en otras regiones del departamento.

La investigación del caso conjunto ha permitido identificar tres patrones macrocriminales en los que se suscribieron las ejecuciones extrajudiciales.

El primero son homicidios de personas puestas fuera de combate (desmovilizados), y víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla. Se identificó que hubo un prejuicio sobre los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005, "en un contexto de fuertes alianzas entre agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares, con un transfondo de presión por resultados operacionales, así como por el tráfico de armas y drogas por la región de Urabá".

Un ejemplo de este patrón que reconstruyó la JEP fue el asesinato, el 14 de noviembre de 1997, de Eliécer de Jesús Úsuga Manco (menor de 12 años), Félix Antonio Manco (75 años), Wilson Manco Úsuga (26 años) y Alveiro Úsuga Uribe (22 años), quienes fueron señalados por los paramilitares de ser auxiliadores de la guerrilla y ladrones de ganado.

Estas personas fueron sacadas de sus casas con tropas conjuntas de militares y paramilitares, asesinadas por soldados de La compañía Delhuyer y dos de ellos fueron presentados como muertos en combate e inhumados en el Cementerio Las Mercedes. Las víctimas fueron inhumadas, identificadas y entregadas dignamente excepto Manco, quien fue desaparecido en condiciones que hacen imposible su rescate.

Así mismo, en este patrón se enmarcó la muerte, que estaba en total impunidad, del joven Edison Lexander Lezcano Hurtado, perpetrada el 18 de mayo de 2002. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio Las Mercedes y entregado a sus familiares el 17 de febrero de 2020, y por su muerte se imputó al coronel Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), a los mayores Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, y se remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al soldado profesional Richard de Jesús Barroso Torres.

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El segundo patrón fue de homicidios de civiles para presentarlos como resultados operacionales entre 2005 y 2007, en un contexto de desmovilización de grupos paramilitares. Aquí las víctimas eran percibidas como 'fungibles' y traídas bajo engaño desde Turbo, Medellín y otros municipios. 

Uno de los casos que ilustra este patrón es el del joven reservista y desempleado de Medellín, Jhon Jarvi Cañas Cano, quien fue asesinado al bajarse de un bus urbano que venía de Medellín, en un retén del BCG 79, cuando venía con los sargentos Jaime Coral y Fidel Ochoa, quienes lo convencieron de aceptar un trabajo como obrero en una supuesta despulpadora de fruta en Dabeiba.

"La tropa no había dado bajas en un mes y necesitaban presentar resultados porque la presión era muy alta. El comandante del batallón, entonces mayor David Herley Guzmán Ramirez organizó el retén, disparó contra la víctima y supervisó a sus subalternos para que vistieran al cadáver, falsearan la escena del crimen, destruyeran las piezas de identidad y efectos personales de la víctima e inhumaran el cuerpo como guerrillero muerto en combate sin identificación. Los grupos paramilitares del Frente Dabeiba aportaron los pertrechos militares para falsear la escena del crimen. Por decisión del Comandante Guzmán Ramírez el cuerpo fue conducido a Carepa y no a Dabeiba, por temor a que los familiares de la víctima encontraran fácilmente la pista y recuperaran el cuerpo", narró la JEP sobre este caso.

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Finalmente, el tercer patrón criminal determinado tiene que ver con hechos repetidos y uniformes de desaparición forzada, perpetrados en los cementerios de Dabeiba e Ituango, durante varios años, de hecho, el primer crimen esclarecido data de 1982 y los demás casos promedian los 20 años.

Estas desapariciones se hicieron para encubrir los homicidios ilegales, impidiendo la identificación de las víctimas. Uno de los casos enmarcados en este patrón es el del joven desempleado Jorge Andrés Ortíz Zapata, quien viajó desde Medellín y fue asesinado el 23 de marzo de 2007 y luego presentado por del BCG-79 como guerrillero dado de baja en combate en el cañón del Mohán, jurisdicción de Dabeiba, Antioquia. Su cuerpo fue desaparecido en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba por la misma unidad militar, y pudo ser inhumado por la JEP y entregado dignamente a su familia.

Germán Cano, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, explicó que la recuperación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes se hizo en cuatro jornadas entre 2020 y 2021, en donde se intervinieron 29 fosas y una bóveda y se determinaron 75 hallazgos, de los cuales se ha podido obtener perfil genético en 53 casos.

Frente a las condiciones de los hallazgos, se encontró que 78,38 por ciento estaban en fosas comunes o enterramientos colectivos, y 21,62 por ciento estaban en fosas individuales. También se encontraron cadáveres en bolsas negras o con emblemas de la Policía, así como distintivos de unidades militares (Batallón Arhuacos). Del mismo modo, se encontraron cadáveres con lesiones por arma de fuego, y cuerpos con características que permiten inferir contextos de muerte violenta como amarres en manos y pies, mordazas y vendas.

Carlos Murillo, subdirector de servicios forenses de Medicina Legal, añadió que hasta el momento se ha identificado que de los 75 cuerpos, 44 son adultos, 12 son menores de edad y en 19 aún no se ha determinado su edad. Además, por ahora se identificó que seis cuerpos corresponden a mujeres. 

En 19 casos era claro que había lesiones por arma de fuego, en 6 se han hallado lesiones por mecanismos de alta energía, en uno por mecanismo cortante y en uno por mecanismo contundente, en tres hay lesiones no determinadas y en 45 no se observaban signos de trauma en las estructuras analizadas pero no se descartan traumas en tejidos blandos o estructuras óseas ausentes. En cualquier caso, Murillo aclaró que muchos restos estaban alterados, lo que dificulta los estudios forenses.

Así mismo, señaló que se han recogido muestras biológicas de 164 familias para poderlas contrastar en búsqueda de la identificación de estos cuerpos. 

De otra parte, la JEP constató que en el cementerio Las Mercedes hubo graves irregularidades que ayudaron a que al menos desde 1982 y hasta el 2010 se convirtiera en un lugar 'ideal' para la desaparición forzada.

Entre esas está que no había lugares de inhumación debidamente demarcados para personas no identificadas, sino que estos cuerpos eran enterrados de forma aleatoria por todo el cementerio.

Además, en 2016 se autorizaron labores de “embellecimiento” del camposanto, apoyadas por efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional, incluida la plantación de árboles, aplicación de pintura blanca sobre todas las cruces y reescritura de los datos existentes sobre las mismas. A ello se sumó la ausencia de registros sobre inhumaciones y exhumaciones, y la falta de controles sobre las labores realizadas en la morgue.

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Todo esto en un contexto de fuerte disputa, entre todos los actores del conflicto armado, por el control sobre el municipio de Dabeiba y el cañón de La Llorona.

Hasta el momento en el marco de este caso se han podido recuperar e identificar a 11 víctimas, que han sido entregadas a sus familiares en diligencias de entrega digna así:

El 17 de febrero de 2020 se entregó el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, campesino de Dabeiba desaparecido en 2002; el 10 de noviembre de 2020 se entregó a Eliécer de Jesús Manco Úsuga, de 12 años, y Alveiro Úsuga Uribe, campesinos de Dabeiba desaparecidos en 1997.

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Así mismo, el 10 de noviembre de 2020 se entregaron los cuerpos de Yulieth Andrea Tuberquia, de 16 años, y Nelson Antonio Goez Manco, que habían sido reclutados por las Farc; el 25 de septiembre de 2021se entregaron los restos de Wilson Jairo Manco Úsuga, campesino de Dabeiba desaparecido en 1997, y Ormedis Zapata Durango, joven de 14 años de edad, desaparecido desde 2012.

El 20 de febrero de 2022 se entregó a José Antonio Quesada Alian, desempleado de Medellín desaparecido en 2002; y el 13 de mayo de 2022 se entregaron los restos de Germán Darío Flórez Jiménez, desempleado de Medellín desaparecido en 1982.

La JEP anunció también que el 1.° y 2 de agosto se realizarán las diligencias de entrega, en Dabeiba y Medellín, de Jorge Andrés Ortiz Zapata y Oscar de Jesús Durango Pino.

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