Lo que viene después de que militares aceptaran ‘falsos positivos’

“Si todos entendiéramos esta responsabilidad, si cada uno de nosotros fuera más allá de sus propios intereses, ¿cuántas vidas se habrían salvado? ¿cómo sería la comunidad, el país y la sociedad en general si hubiésemos actuado pronta y vehementemente al primer asomo de irregularidad, sin esperar que escalara a la dimensión que llegó?”.

Estas preguntas fueron planteadas por el general en retiro Paulino Coronado Gámez luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, de las 26 personas inicialmente imputadas por su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales 22 aceptaron su rol en los asesinatos de 224 civiles.

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A ellos los del Ejército Nacional los  presentaron ilegítimamente como delincuentes dados de baja en combate, modalidad criminal conocida en Colombia como ‘falsos positivos’.

Coronado es el oficial del Ejército de mayor rango que la JEP ha llamado a responder por estos execrables crímenes que, como ningún otro escándalo, enlodaron la imagen de la institución castrense.

Y su mensaje, al igual que el reconocimiento que junto con él hicieron otros 20 militares y un civil (que fungía como reclutador), representa un paso clave en un país que trata de dejar atrás la guerra para empezar a reconciliarse y perdonar, todo bajo una premisa: la verdad como elemento reparador.

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“Es un reconocimiento muy importante, porque aporta a conocer la verdad sobre la naturaleza de ese conflicto armado que nadie ha querido aceptar, que se pervirtió tanto que todas las instancias del poder estuvieron involucradas”, dice el abogado y profesor Javier Rincón, quien dirige el Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana.

De los 26 imputados todavía hay un par pendiente de definición y otros dos –los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa– que ya dijeron que no aceptarán los delitos y conductas endilgadas por la JEP, por lo que sus expedientes fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación, que decidirá si hay mérito para acusarlos y así empezar un juicio que los expone a 20 años de cárcel.

Sin embargo, la decisión del resto se convierte en una confesión de peso, que confirma lo que por años denunciaron las víctimas y que, pese a las pruebas, testimonios y condenas en la justicia ordinaria, un sector del país aún insiste en negar.

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“Que acepten los cargos es un alivio, porque a nosotras las víctimas no nos creen que estos hechos ocurrieron”, le dijo a EL TIEMPO Denaida Perdomo, familiar de dos hombres presentados por el Ejército como bajas en combate en el Meta, pocas horas después de conocer el reconocimiento de los procesados.

Uno de los magistrados que están investigando los ‘falsos positivos’ en la JEP, y que pidió no ser nombrado, destacó que la aceptación de cargos reitera muchos de los hallazgos que la jurisdicción ha hecho y ha venido revelando, “y que al fin y al cabo son verídicos”, pues se trata de pruebas de confesión. “Que 21 militares reconozcan que cometieron estos crímenes no tiene parangón en la historia”, aseguró.

El togado también puso de relieve que esta decisión es el paso inicial para que la jurisdicción dicte sus sanciones propias sobre los responsables, que conllevan un trabajo reparador en sintonía con las demandas de las víctimas de la guerra.

Estas primeras condenas, cuando se conozcan, marcarán un quiebre en el juzgamiento de delitos en un país acostumbrado a las penas retributivas (con condenas de cárcel equivalentes al daño causado).

Ahora, con el modelo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc (del cual nació la JEP), los exguerrilleros, militares o civiles hallados como responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad –si dicen la verdad y aceptan su responsabilidad– recibirán sanciones propias y restaurativas que no contemplan ir a prisión, tema que fue una ‘papa caliente’ durante la negociación y una de las críticas principales de los opositores de los diálogos para terminar el conflicto.

“El reto que tiene en sus manos la JEP es diseñar sanciones que se compadezcan con los derechos de las víctimas. No tanto que retribuyan, sino más bien que resarzan el daño causado y que tengan en cuenta lo que sienten y necesitan las víctimas”, explica María Camila Correa Flórez, profesora de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario que ha seguido de cerca el trabajo de la jurisdicción.

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Para Correa, otra de las puertas que se abren con el reconocimiento de los procesados en el macrocaso 03 es que se activan las funciones del Tribunal Especial para la Paz, conformado por 20 magistrados, de los cuales varios han estado en movilidad en las salas de la JEP, mientras se adelantaban las labores de investigación y sanción para que los casos lleguen hasta allá.

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“En estos casos de reconocimiento temprano, la Sala debe enviar a los comparecientes a la Sección de Reconocimiento, que establece las sanciones. Con esto se activa una suerte de segunda etapa del procedimiento que solo ahora vamos a ver en el Tribunal, con decisiones clave como, por ejemplo, la imposición de sanciones”, explica la docente.

Desde febrero de este año la JEP comenzó a hacer públicos sus principales avances dentro del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’.

Uno de estos estuvo relacionado con el número de víctimas, que tras un proceso de contrastación, se determinó que sería del triple de lo que se pensaba: 6.402 personas solo entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, y el tercero más afectado fue Norte de Santander, con al menos 420 ejecuciones extrajudiciales.

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El 6 de julio, en su primer auto de determinación de hechos y conductas, la JEP le imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 uniformados (el general Coronado, seis oficiales, tres suboficiales y un civil), por su participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, para “aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”.

Apenas una semana después, el tribunal transicional imputó a otros 15 del Ejército (dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados) por el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, entre ellas, indígenas de los pueblos Wiwa y Kankuamo.

En estas providencias, la JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido “sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’ ” .

Incluso, la JEP encontró que en algunos batallones se formaron organizaciones criminales para cometer las ejecuciones. El entramado ilegal incluía nexos con paramilitares, señalamientos infundados contra la población, detención de civiles en retenes para ser asesinados, engaños a habitantes de calle o jóvenes en busca de empleo para ultimarlos y presentarlos como bajas en combate, falsificación de documentos, alteración de escenas del crimen entre otras artimañas que fueron usadas para el homicidio de civiles inocentes.

Frente a eso, el tribunal les imputó a esos 25 del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio.

En sus escritos de reconocimiento por los delitos cometidos en el Catatumbo y en la Costa Caribe, el general (r) Paulino Coronado y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos. Además, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad. En algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantar acciones para dar con el paradero de algunas víctimas.

Eso sí, la declaración que más llamó la atención fue la del general Paulino Coronado, que aunque no fue imputado por acción, sino por omisión, fue enfático en reconocer la gravedad de no haber actuado con vehemencia para frenar los ‘falsos positivos’.

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“El reconocer mis falencias me permite hacer un llamado a los líderes de nuestro país (…) para que asumamos los errores que hemos cometido por omisión de nuestra condición de garantes, por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”, expresó el general en una declaración pública que, a todas luces, se aleja de la actitud que han tenido la mayoría de altos oficiales del Ejército señalados de haber participado en los ‘falsos positivos’.

Para el profesor Javier Rincón, “que un general esté diciendo esto, haciendo esa invitación, es muy simbólico. Todos debemos aportar para entender la realidad del conflicto y que este permeó todas las instancias de poder en el país, y que más allá de los militares, hay exfuncionarios que están en mora de reconocer esa responsabilidad”.

Ese es, de hecho, uno de los principales reclamos de las víctimas: que los responsables no solo pidan perdón y cuenten cómo se dieron los hechos, sino que revelen quiénes fueron los altos mandos que estuvieron detrás del horror de los ‘falsos positivos’. Y aunque las de estos 25 militares fueron las primeras imputaciones y reconocimientos, en la JEP hacen cola 3.313 de la Fuerza Pública que pueden aportar información y ayudar a reconstruir esa verdad que el país entero espera a conocer.

JULIÁN CAMILO RÍOS 

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