Fiscal General y Comisionado de Paz, citados a la JEP: ¿sobre qué deberán hablar?

En una audiencia pública, que se realizará el próximo 20 de septiembre a las 8:30 a. m., el fiscal general, Francisco Barbosa, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios públicos tendrán que rendir explicaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la protección de excombatientes de las Farc.

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Además de Barbosa, por el lado de la Fiscalía fue citado también Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación.

Así mismo, además de Rueda, por el lado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz también deberá asistir Gloria Isabel Cuartas Montoya, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz.

Se trata de una audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de Verdad de la JEP para garantizar la seguridad y la vida de exguerrilleros que son comparecientes ante esta justicia transicional.

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Sobre lo que deberá responder cada uno, la SAR recordó que le ha dado una serie de órdenes a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía para conocer el resultado de las investigaciones de las conductas punibles de homicidio, tentativa de homicidio, desaparición forzada y amenazas de las que han sido víctimas excombatientes.

“Dada la continuación de las violencias contra excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en zonas críticas, azotadas por las disputas entre actores armados por el control del territorio, la SAR mediante Auto AT 180 del 25 de mayo de 2023 adelantó el análisis de la información remitida por la UEI, y concluyó que ésta ha entregado ‘informes’ repetitivos y no ha dado cumplimiento”, se lee en el auto que cita a la audiencia pública.

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En cuanto a la información que se requiere de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se señala que a Rueda se le había ordenado, en su calidad de asesor de la Presidencia en la formulación, estructuración y desarrollo de las políticas, programas y proyectos para la implementación de los Acuerdos de Paz, que informara a la JEP cómo se abordó en el Plan Nacional de Desarrollo lo relacionado con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

También se le había pedido especificar la proyección presupuestal para la ejecución de la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, así como las entidades que estarían a cargo de dicha ejecución, pero “a la fecha no ha se ha recibido respuesta del cumplimiento de dicha orden”, expuso la JEP.

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Por todo esto, la jurisdicción especial de paz indicó que la situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz continúa siendo crítica, pues al 20 de agosto el listado ascendió a 382 víctimas de homicidio y 26 en lo corrido del 2023.

“La SAR considera necesario que las entidades objeto de este Auto informen las actuaciones y el nivel de cumplimiento de las órdenes dadas conforme a sus deberes constitucionales y legales”, se lee en el auto.

En ese sentido la audiencia seguirá cinco ejes temáticos, el primero es el Plan Estratégico de Seguridad y Protección; en segundo lugar, las garantías de prevención y no estigmatización.

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El tercer eje es el esclarecimiento, análisis y diseño de estrategias e investigación penal sobre la identificación y el desmantelamiento de estructuras criminales y/o conductas delictivas cometidas, que amenacen o atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos políticos o la implementación del Acuerdo de paz.

En cuarto lugar, el abordaje del Plan Nacional de Desarrollo de la implementación del Acuerdo Final de Paz y la proyección presupuestal. Finalmente, la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

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