‘Fue la peor política de las Farc. Parte de los colombianos nos aborrecen por el secuestro’: siete mandos medios aceptan responsabilidad

Las voces entrecortadas de las víctimas al recordar los hechos que vivieron, pero también la de los comparecientes de las Farc, arrepentidos por el daño causado, marcaron el ritmo de la audiencia. La magistratura dirigió la conversación, pero los protagonistas fueron los sobrevivientes, las familias y los perpetradores, que estaban sentados cara a cara.

(También le puede interesar: El presidente Petro insiste en su propuesta de 'tribunal de cierre': la viabilidad, en duda)

Cabizbajos y poniendo de entrada la palabra perdón en sus bocas, cuatro ex mandos medios del Bloque Occidental: ‘Pacho Chino’; Jesucristo Jiménez Cuéllar; Gustavo Arbeláez Cardona y Carlos Mario Cardona León ‘el Paisa’ explicaron la política criminal usada para la toma de rehenes, graves violaciones a la libertad y delitos derivados como tratos crueles e inhumanos, esclavitud y violencia sexual.

“Fue la peor política de las Farc (...) parte de los colombianos nos aborrecen por el secuestro (…) no tuvimos humanidad porque violamos todos los derechos internacionales y todos los derechos humanos”, dijo el compareciente Cardona.

La investigación arrojó que los más de 200 secuestros cometidos por esta estructura en el Valle del Cauca, Cauca y sur del Chocó tuvieron tres móviles: los fines extorsivos -siendo este el principal motivo-, el intercambio de rehenes con guerrilleros presos y el control territorial. En la primera sesión se abordó la primera causa.

“Hubo secuestros que hicieron las Farc para pedir 1.000 millones de pesos, en donde estos secuestrados se convertían en un botín. Había que pagarlo para devolverlo a sus seres queridos”, dijo alias ‘El Paisa’.

“El secuestro fue el error más grande que cometimos. Esto (se) salió de las vigilancias de la guerrilla misma porque trajeron personas que no tenían el sustento, el capital de los 1.000 millones”, agregó.

Frente a esta confesión, la magistrada relatora del caso, Julieta Lemaitre, hizo una salvedad. “Quiero aclararle, señor Cardona, que aún si la víctima de secuestro tuviera la plata para pagar los 1.000 millones de pesos que pedía las Farc, fue un crimen muy grave y no había ninguna justificación”.

(Lea además: 'Los resultados de la JEP no se pueden medir por el número de sentencias': Presidente Ramelli)

Precisamente, la audiencia reveló que la otrora guerrilla había establecido como tope este valor: personas cuyas familias pudieran negociar un millón de dólares por su liberación. Sin embargo, en la práctica secuestraron a gente que no tenía cómo pagar esta suma. Algunos se endeudaron para pactar el rescate y otros no pudieron llegar a ningún acuerdo y sus familiares permanecieron más tiempo o fueron desaparecidos en cautiverio.

Lemaitre también explicó que en la región se presentaron circunstancias que agravaron el secuestro como crimen de guerra, entre estas el intercambio de la víctima por un familiar, el pago para recuperar el cuerpo del secuestrado o la desaparición de la persona y la negativa de dar información sobre su paradero.

“Hay muchas quejas (de las víctimas de secuestro) de que muchos fueron asesinados, varios fueron golpeados, varios hablan de abusos sexuales, de condiciones de no tener el abrigo suficiente, de malos tratos (...) nosotros no tuvimos suficientes mecanismos para evitar eso que estaba ocurriendo. Todos esos hechos que relatan las víctimas fueron ciertos”, reconoció ‘Pacho Chino’ en la Audiencia.

Dos mujeres y un hombre fueron los voceros de las víctimas de este patrón criminal de secuestro extorsivo. Tres testimonios que ilustraron con detalles las violencias sufridas tanto por los sobrevivientes como por los familiares y los padecimientos diferenciados como la violencia sexual en el caso de las mujeres.

Henry Sánchez, una de las víctimas de secuestro, contó que su padre, Silvio Alberto Sánchez, estuvo desaparecido por cuatro años. “Fue muy difícil encontrar el cuerpo de mi padre en una montaña, cuatro años después de su secuestro, con un tiro de gracia y torturado por un arma cortopunzante”.

Alias Pacho Chino le contestó. “Siento mucho el secuestro de su papá, a usted le tocó asumir toda esa carga. Yo asumo la responsabilidad como coordinador del Comando Conjunto de Occidente por su afectación tan grave, por esos delitos que cometimos contra usted y que no son amnistiables”.

El segundo testimonio fue el de Luz Mérida Ocampo, secuestrada en 2002 en la vía que conduce de Cali hacia Buenaventura. Por su liberación, le pidieron a su esposo la utópica cifra de 1 millón de dólares. Ella también fue violada en cautiverio repetidamente, sufrió desnudez forzada y malos tratos.

(Complemente su lectura: ¿Por qué no asistieron las familias de los 12 diputados a la audiencia de reconocimiento de secuestro del Bloque Occidental de las Farc?)

“Ustedes fueron paridos por una mujer, yo creo que a ninguno de ustedes les gustaría que le hicieron eso a sus madres, a sus hijas, a sus hermanas”, les refutó a los comparecientes luego de relatar las torturas y los daños psicológicos producto de los vejámenes que padeció.

El exguerrillero Gustavo Álvarez fue quien contestó a su testimonio. Además de pedirle perdón por las consecuencias de salud que sigue cargando, recordó a otra víctima (Juan Aristizábal), que también fue secuestrado en una vía, en medio de los retenes que hacía la antigua guerrilla.

“Me recordó que tuvo que dejar a su hija en el carro para irse con la guerrilla y que eso todavía le duele. Yo hoy tengo una hija y me duele que eso haya sucedido”, dijo Arbeláez.

La audiencia cerró con el testimonio de Olga Yanet González, quien sufrió el secuestro y desaparición de su padre. La víctima puso de precedente que, “espera que la paz realmente le devuelva la humanidad” al país. Y pidió a los comparecientes tener “el mayor acto de empatía, buscando y entregando los restos" de quienes todavía se desconoce su paradero.

(Notas relacionadas: Este es el expediente en la JEP en contra del general (r) Mario Montoya por 'falsos positivos' por el que le negaron la entrada a Estados Unidos: está a punto de ir a juicio)

Sara Valentina Quevedo - Redacción Justicia