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Entrevista
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Fiscalía de la JEP habla sobre el juicio contra Publio Mejía, el estado de las otras dos acusaciones y los riesgos de seguridad de los firmantes
El Director de Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, habló con EL TIEMPO, en medio del primer juicio adversarial que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz.
Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP Foto: UIA-JEP
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) está estrenando sus funciones de 'fiscalía' en el primer juicio en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien fue llevado al Tribunal de Paz porque no aceptó su responsabilidad en los 'falsos positivos' que se le imputaron. Sobre este hito de la justicia transicional habló el director de esa Unidad, Giovanni Álvarez, así como sobre los juicios pendientes, los riesgos de seguridad de las víctimas y comparecientes y el proyecto del primer Centro para la Atención Holística de Violencia Sexual, en la Orinoquía.
¿El coronel (r) Publio Mejía irá a la cárcel por 20 años?
Cuando un fiscal presenta una acusación es porque está convencido de la responsabilidad de aquel a quien acusa. En este caso hemos adelantado una investigación muy rigurosa, profunda y cuidadosa, que nos permitió recaudar todos los elementos materiales probatorios que van a permitirle al fiscal solicitarle a la Sección de Ausencia de Reconocimiento, una vez concluida la audiencia, que se aplique la máxima pena, que es de 20 años. Estamos convencidos de qué se tienen las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del compareciente.
¿Cómo ha sido la recepción por parte de las víctimas del proceso que se adelanta?
Con las víctimas hemos mantenido una comunicación, como nos ordena la ley, fluida y permanente. No sólo les hemos contado cómo está avanzando la investigación sino que les hemos permitido participar en la misma. De hecho, a muchas víctimas se les escuchó a lo largo de la investigación, porque es importante saber en qué consistió el daño que sufrieron e identificar cuáles son las expectativas de restauración que tienen.
¿Cómo va el proceso con las otras dos acusaciones?
Frente al caso del coronel Juan Carlos Figueroa, que también tiene que ver con los 'falsos positivos' del batallón de La Popa, aún no se ha iniciado como tal la fase del juicio, estamos pendientes. Y el otro caso, el de Luis Fernando Almario ya se hizo el traslado del escrito de acusación, pero se han presentado situaciones a lo largo de la investigación y está pendiente que se resuelvan unos asuntos procesales por parte de la magistratura. Hasta que no se resuelvan no se podrá avanzar con la siguiente fase que es la de preparatoria y ya la audiencia pública como tal.
¿Qué respuesta le da a las críticas de las víctimas, los comparecientes y los colombianos en general, que piden una sentencia pronta?
Yo creo que ya estamos cerca. Ya se iniciaron los juicios, que son el paso previo a que se pueda producir una sentencia. El juicio que se está adelantando viene haciéndose de forma acelerada y ha fijado unas fechas que van a permitir evacuar lo más pronto posible la audiencia y seguramente cuando esta termine, quedaremos en manos de los magistrados para que se conozca la sentencia que corresponda que, tengo que decirlo como director de la UIA, espero que sea lo más pronto posible.
El coronel (r) Publio Mejía fue acusado por 'falsos positivos' cometidos por el batallón La Popa. Foto de la audiencia preparatoria del caso, el 16 de julio de 2024 Foto:Isabella Gómez Cordón. JEP
¿Por qué aún no hay acusaciones en contra de los comparecientes de las Farc?
No tenemos acusaciones que tengan que ver con los comparecientes de las Farc, porque no han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación casos que los involucre.
Si no aceptan su responsabilidad en las imputaciones de violencia sexual, ¿irían a juicio?
Quien no acepta la responsabilidad, y sea considerado por los magistrados como máximo responsable, podrá ser enviado la Unidad de Investigación y Acusación. Una vez sea enviado, ahí si iniciamos nosotros el proceso, que tiene un estándar probatorio muy exigente. Aquí tenemos que probar cómo ocurrió el hecho, cuándo ocurrió el hecho, por qué ocurrió el hecho, cuál es la participación del compareciente y por supuesto el grado de responsabilidad. Esto implica una investigación mucho más rigurosa. De manera que estamos esperando que la Sala de Reconocimiento decida a quienes van a enviar, especialmente los que tengan que ver con las imputaciones por violencia sexual. Pero se tiene que agotar primero la fase dialógica, que es la columna vertebral del proceso de justicia transicional. Quien no reconozca será enviado a la UIA y una vez llegué aquí irían a oficio.
¿Cuál es el plazo que ellos tendrían para aceptar su responsabilidad y que no sea considerada una "responsabilidad tardía", que incurre en una sanción privativa de la libertad?
El plazo que en la dinámica del desarrollo del proceso establezca la magistratura. Ellos manejan unos términos prudenciales de acuerdo al tamaño de la investigación y a la cantidad de gente que está investigando. Nosotros en la Unidad sí tenemos unos plazos de carácter legal que están establecidos en la norma.
Si el Coronel Publio Hernán Mejía acepta su responsabilidad en el transcurso del juicio que se adelanta, ¿ qué beneficios jurídicos obtendría?
Él puede manifestar su aceptación incluso hasta antes que se prefiera la sentencia y allí el magistrado tendría que entrar a evaluar cuál es la pena a aplicar, que, si bien sería privativa de la libertad, porque se agotó la fase en la que podría tener a la sanción propia, obtendría una considerable rebaja, por la utilización del derecho a la última palabra.
¿Cómo está la situación de riesgo de los comparecientes y víctimas de acuerdo a las últimas investigaciones que han hecho?
Uno piensa que en un proceso de justicia transicional no hay riesgos, se equivoca, fueron sabios quienes estructuraron el proceso y dispusieron que la UIA brindara un programa de protección. Hay muchas víctimas, testigos y por supuesto más intervinientes del proceso que por su participación en la jurisdicción han tenido riesgos. Tenemos un buen número de personas protegidas a través de los distintos mecanismos que ofrecemos. Para que esto funcione de la mejor manera posible se debe garantizar que quienes participen en el proceso puedan hacerlo de forma tranquila y con todas las garantías de seguridad. Aún hay personas que quieren que no se sepa la verdad de lo que ocurrió en el conflicto y una forma de disminuir el índice de manifestaciones de verdad en estos procesos a través de la amenaza de quienes participan en ella.
Magistratura de la JEP, en el anuncio de las nuevas imputaciones en el subcaso costa Caribe Foto:JEP
Una testigo de los casos de Dabeiba fue baleada, ¿cuántas personas han sufrido atentados o han sido asesinadas bajo la protección de la Unidad?
Hemos tenido la fortuna de que no ha habido muchos casos hasta el momento y espero que así sea hasta el final. Las medidas han sido eficientes, pero por supuesto los riesgos persisten; de no ser así, no tendríamos gente con medidas de protección. Hemos adoptado diferentes tipos de medidas, porque no siempre poner un vehículo blindado en los territorios es lo más eficiente. A veces lo mejor es sacar a las personas del entorno donde existe el riesgo. El caso de la Dabeiba nos permite tomar unas medidas que nos han permitido proteger mejor a esa persona y así ha venido funcionando reiterativamente.
¿La UIA le garantizará la seguridad a los comparecientes para que adelanten los proyectos productivos que les exige la justicia y que les deben a las víctimas?
Nosotros no tenemos un programa de protección, sino un sistema de prevención. Identificamos los riesgos, cuáles posibles daños se pueden presentar, como, por ejemplo, para que en algunas zonas del Caquetá los comparecientes puedan cumplir sus sanciones restaurativas, y concluimos que para que puedan hacerlo de forma adecuada, eficiente y tranquila, vamos a requerir del apoyo de la fuerza pública. La jurisdicción no tiene los medios para controlar el orden público en algunos sectores del país que indudablemente siguen siendo peligrosos por la actuación de distintos grupos armados al margen de la ley.
O sea que la medida preventiva por ahora es que adelanten las sanciones restaurativas fuera de esos territorios…
Exacto. Nosotros identificamos los territorios y tenemos la obligación de decir que, en este momento, en esa zona no están dadas las condiciones para que la jurisdicción pueda enviar a alguien a que cumpla una sanción restaurativa porque podemos estar poniendo en riesgo su vida. Esto requiere de la participación y de la actuación decidida Del ministerio de defensa para que se garanticen las medidas de seguridad.
¿Cómo va el proyecto del Centro de Atención de Víctimas de Violencia Sexual?
Este es un proyecto en el que hemos venido trabajando desde hace varios años, porque hemos identificado, de acuerdo con las necesidades y el clamor de las víctimas, la urgencia de que en Colombia exista un mecanismo de atención integral para las víctimas de violencia sexual. Estamos tratando de implementar el sistema que diseñó Denis Mukwege, nobel de paz, que es un sistema de atención que implica atención médica, incluso en algunas ocasiones tratamiento reconstructivo, atención psicológica, atención jurídica, pero además que la víctima, una vez que pase por este proceso, pueda salir y reintegrarse a la sociedad de forma productiva. Hemos venido trabajando con 1.700 víctimas de todos los sectores y de todas las poblaciones del país. Mujeres, mujeres trans, hombres y población LGBT... Este es un gran reto que tenemos, frente a una deuda con las víctimas, pero en general con toda la sociedad colombiana.