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JEP abre macrocaso para juzgar crímenes contra pueblos étnicos
La jurisdicción identificó un universo de más de 1'350.000 víctimas con pertenencia étnica.
Acto de armonización indígena en la declaración de la JEP. Foto: JEP
Este martes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de un nuevo macrocaso para investigar las violencias cometidas contra pueblos étnicos en el marco del conflicto armado.
Según explicó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, en el macrocaso 09 hay un universo de víctimas de al menos 1'350.181 personas con pertenencia étnica. "Vamos, en nombre de la humanidad, a brindar justicia a estos pueblos", declaró.
Magistrada de la JEP Belkis Izquierdo en la apertura del macrocaso étnico en la JEP. 13 de septiembre de 2022 Foto:JEP
La magistrada Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, añadió que este caso juzgará los crímenes que no estén siendo investigados dentro de los otros macrocasos que ya había abierto la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Los presuntos responsables que serán investigados son las ex Farc, de la fuerza pública y otros agentes del Estado o terceros civiles.
De los 976 informes entregados a la Sala de Reconocimiento, 435 tienen componente étnico y de ellos, 177 fueron analizados para la identificación preliminar de patrones de macrocriminalidad.
"Es claro que la violencia producida por la guerra afectó profundamente los territorios étnicos y, con ello, las relaciones transgeneracionales, incluyendo la capacidad de los integrantes de las comunidades para preservar y transmitir sus saberes tradicionales y sistemas de conocimiento propio, medicinales, alimentarios, de justicia, de educación, entre otros", añadió Izquierdo.
Izquierdo informó que tras el análisis de los informes e información presentada a la JEP se encontró que hay un universo provisional de 1'350.181 víctimas con pertenencia étnica.
El hecho victimizante más documentado es el desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparición forzada, aunque también hay registros, entre 1964 y 2016, de 14.261 víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica documentada; esta información está siendo analizada para ser integrada en los patrones criminales de este caso o del caso sobre violencia sexual (Caso 11).
En cuanto a los territorios, por el momento la Sala de Reconocimiento tiene en etapa de concentración cuatro regiones en las que se han identificado 375.967 víctimas, de las cuales 190.607 pertenecen a Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio; 89.994 a Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes; 33.540 a Amazonía y Orinoquía; y 61.826 a Chocó en la zona de influencia del Medio Atrato.
Los patrones de macrocriminalidad
Apertura macrocaso étnico en la JEP. 13 de septiembre de 2022 Foto:JEP
En el macrocaso 09 la JEP investiga tres patrones en los cuales se cometieron crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado.
El primero son 'Conductas no amnistiables cometidas por las Farc-EP contra la autodeterminación y la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos y territorios étnicos en ejercicio del control social y territorial'. En este patrón se concentran los crímenes cometidos para destruir las estructuras organizativas o comunitarias de los pueblos étnicos a través de ataques sistemáticos contra sus derechos de autodeterminación y autonomía. También están aquí los crímenes que comprometieron la pervivencia y existencia física, cultural y espiritual de los sujetos colectivos a través de la destrucción de sus Territorios, sitios sagrados y el entorno natural.
Según la magistrada Izquierdo, quien además es una mujer arhuaca, los informes presentados a la JEP relatan que en algunas regiones las Farc implementaron como estrategia desestructurar a pueblos étnicos con acciones dirigidas tanto a la afectación de la existencia física de las personas como a las estructuras culturales en las que se basan sus saberes propios.
El segundo patrón que se investiga son crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública u otros agentes del Estado, o en connivencia con terceros civiles o paramilitares, dirigidos a la privación de derechos fundamentales individuales, colectivos y territoriales de los pueblos étnicos en ejercicio del control territorial y la radicalización de lucha contrainsurgente.
En este caso se habla de cómo esos actores vigilaban y regulaban permanentemente la vida social, bajo una lógica de discriminación contrainsurgente en la que se señalaban a de los pueblos étnicos de ser colaboradores de grupos guerrilleros.
Algunas prácticas sociales, culturales y espirituales de las comunidades fueron objeto de control por parte de la fuerza pública: JEP
"Algunas prácticas sociales, culturales y espirituales de las comunidades fueron objeto de control por parte de la fuerza pública que les impuso restricciones al de alimentos y medicamentos, a la movilidad con la fijación de horarios para actividades sociales y culturales, y del control en el tránsito por el territorio colectivo; así como el despojo de los territorios de los pueblos étnicos en ejercicio del control territorial y/o como consecuencia de alianza con terceros o agentes económicos", expuso la presidenta de la Sala de Reconocimiento.
Además, algunos de los informes analizados por la JEP señalan que la fuerza pública se instalaba en sitios sagrados, de fragilidad ecosistémica, centros educativos, de salud y espacios comunitarios, involucrando a integrantes de los pueblos étnicos en el conflicto armado en contravía al principio de distinción.
Finalmente, la JEP investiga un tercer patrón macrocriminal por crímenes no amnistiables por el tipo de armas utilizadas en el conflicto, así como el uso de métodos ilícitos utilizados para atacar. Aquí se agrupan los crímenes relacionados con tomas a poblaciones, homicidios de civiles pertenecientes a pueblos étnicos, homicidios de combatientes con pertenencia étnica puestos fuera de combate, destrucción de bienes culturales y lugares de culto, así como otros ataques y afectaciones a la población étnica.
El acto de comunicación de la apertura del macrocaso 09 cerró con un ritual de armonización en el que el taita Pablo Zaifarecudo, sabedor ancestral del Pueblo Murui muina y huitoto, agradeció a la JEP por la oportunidad que abre con la apertura de este caso y señaló que los pueblos indígenas siguen aportando a la construcción de país y del mundo desde sus cosmovisiones. "Somos aliento de vida", señaló.
Igualmente, Yensis Bolaños, sabedora ancestral, defensora de derechos humanos perteneciente a la organización afro La Comadre entonó una canción para agradecer a los ancestros y orishas la oportunidad en la JEP. "Gracias por hacer realidad nuestros sueños", concluyó.