Por perfilamientos ilegales, JEP estudia medidas cautelares a abogados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó un nuevo estudio de medidas de protección. Esta vez, sobre los abogados y representantes judiciales de las víctimas acreditadas en el caso 03, conocido como el de 'falsos positivos' o de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Este proceso tiene que ver con los presuntos perfilamientos ilegales conocidos por la opinión pública contra cerca de 130 personas, entre las cuales también están periodistas y políticos.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP estudiará medidas cautelares debido a que grupos de abogados, representantes de víctimas y defensores de derechos humanos, presentaron un memorial en el cual indican los incidentes. Los califican como riesgos desproporcionados contra su integridad personal, seguridad e intimidad como intervinientes especiales en el caso 03.

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Se trata de actos de perfilación, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y revisión de información pública en redes sociales que, según los denunciantes, constituyen actos ilegales de inteligencia en su contra.

El estudio incluye a 14 abogados: Reinaldo Villalba Vargas, Soraya Gutiérrez Argüello, Sebastián Felipe Escobar Uribe, Franklin Castañeda Villacob, Daniela Stefanía Rodríguez, Blanca Irene López Garzón, Óscar Pardo León y Olga Silva López, César Santoyo Santos, Liliana Castillo Hernández, Sergio Arboleda, Alberto Yepes, Juan Carlos Niño Camargo y Manuel Alejandro García.

Estos pertenencen al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), a la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), a Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), al colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), a la Asociación Minga, a la Corporación Jurídica Libertad, al Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), a la Comisión Colombiana de Juristas y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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Se realizarán análisis de riesgo urgentes a cargo de la Unidad de Investigación y Análisis de la JEP. Esa entidad también debe, por orden de la magistratura, hacer un análisis de contexto sobre la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos que participan como abogados en el caso de 'falsos positivos'.

En el estudio, la JEP también solicitó informes sobre las investigaciones adelantadas respecto a estos perfilamientos, que se hicieron desde varios batallones donde funcionan oficinas de inteligencia y contrainteligencia militar. Estos informes fueron solicitados a la Corte Suprema, la Fiscalía General y la Procuraduría.

El caso 03 investiga los hechos cometidos por de la Fuerza Pública como 'falsos positivos'. La JEP informó que, hasta la fecha, 2.680 o ex de la Fuerza Pública han sido sometidos a la JEP y, de estos, 2.011 estarían involucrados en esos hechos de ejecuciones extrajudiciales.

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Los militares activos y retirados han rendido 225 versiones y unas 10 más ya fueron programadas. Entre estos, 146 suboficiales, 43 oficiales subalternos, 12 oficiales con rango de Mayor, 9 con rango de Teniente Coronel, 7 con rango de Coronel y 4 generales.

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