Por 45 días más, a partir del 7 de enero del 2020, se ampliarán las medidas cautelares que la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó sobre el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, donde reposan
cuerpos provenientes de cementerios de la zona de influencia de Hidroituango, así como otros del cementerio Universal de Medellín.Esta medida se toma por la presunción de que, entre aquellos restos, podría haber personas desaparecidas que no han sido identificadas. En consecuencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la misma que adelanta diligencias en Dabeiba, San Onofre y otros municipios del país, ordenó identificar 33 cuerpos del cementerio Universal, para luego entregarlos a sus familiares.
Las medidas cautelares sobre el laboratorio, ordenadas desde inicios de noviembre, consisten en un sellamiento parcial y temporal con el fin de preservar y conservar los cuerpos hasta que la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tome medidas para la identificación por parte de Medicina Legal y la entrega, cuando sea posible.
Estas medidas surgieron de la audiencia que los magistrados de la JEP llevaron a cabo en Medellín para indagar por la presencia de personas desaparecidas en los municipios de influencia de Hidroituango.
A raíz de esto, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP inspeccionó ese laboratorio, a donde fueron llevados restos de los cementerios de los corregimientos de Orobajo, en Sabanalarga; Barbacoas, en Peque; y La Fortuna, en Buriticá.
La UIA encontró que no había clasificación, registro ni organización documental adecuada sobre los cuerpos trasladados. Sobre los de Orobajo, se encontró que había “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los que pertenecen”.
En ese momento, también se halló que de los cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio Universal, de Medellín, el 23 por ciento corresponden a personas de cuya muerte se puede presumir causa violenta.
Esto es de particular interés para la JEP porque en el marco de la solicitud de medidas cautelares sobre al menos 16 lugares del país, está incluida la Comuna 13, y se quiere corroborar si víctimas de desaparición forzada en esa zona de la ciudad terminar en el cementerio Universal.
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