JEP ordena proteger cuerpos de zona de Hidroituango en poder de UdeA

El sellamiento por 45 días del Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, donde reposan cuerpos que fueron exhumados de cementerios en zona de influencia del proyecto Hidroituango, es la primera medida cautelar ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la solicitud que las víctimas le hicieron para proteger 16 lugares del país donde habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Esta decisión es tomada después de que la JEP realizara una audiencia pública en Medellín, el 8 y 9 de octubre, en la cual se detectaron irregularidades en el proceso como esos cuerpos fueron y siguen siendo manejados por esa institución de educación superior, en convenio con Empresas Públicas de Medellín.

La JEP inspeccionó el laboratorio y encontró que no había clasificación, registro ni organización documentales adecuadas sobre los cuerpos que fueron trasladados hasta allí, provenientes de los cementerios del corregimiento Orobajo, en Sabanalarga; Barbacoas, en Peque, y La Fortuna, en Buriticá, municipios antioqueños en zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico.

En el auto de la JEP se lee que al inspeccionar los cuerpos que serían de Orobajo encontraron “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían”.

Otro hallazgo en ese laboratorio fue que aunque la antropóloga y docente Timisay Monsalve, quien estuvo al frente del traslado de los cuerpos, dijo en la audiencia pública que estos provenían de los tres cementerios, la JEP solo encontró clasificados los provenientes de Orobajo.

La JEP también encontró que de los cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio Universal, de Medellín, el 23 por ciento corresponden a personas cuya muerte puede ser por causa violenta.

La Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento, encargada de estudiar estas medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, también estudia decretar medidas cautelares sobre el cementerio Universal, debido al desorden istrativo que pone en peligro los restos humanos de personas que podrían haber llegado allí después de ser desaparecidas en la Comuna 13, en el occidente de la ciudad.

La JEP ordenó a la Universidad de Antioquia, a la cual vinculó formalmente al caso, enviar toda la información sobre los convenios entre esa entidad y los cementerios de Sabanalarga, Barbacoas y Peque, en el norte de Antioquia, y el Universal, en Medellín. En especial, “toda la información detallada sobre el traslado de cuerpos esqueletizados o restos óseos que se haya hecho al laboratorio de la universidad, precisando cuándo, cuáles y cuántos cuerpos de personas no identificadas o incluso señalados como de personas desaparecidas fueron exhumados y trasladados”.

La Universidad de Antioquia también deberá explicar cómo ha manejado esos cuerpos y cuáles han sido las medidas de protección tomadas hasta ahora.

Con estas medidas, los únicos autorizados a ingresar al laboratorio de la Universidad de Antioquia, de manera temporal, son los funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, así como quien tenga autorización previa de la Sección de la JEP.

Las medidas cautelares no significan que se cierre el laboratorio completo, sino que hay restricciones sobre los cuerpos objeto de la indagación de la JEP. Los demás que estén en el laboratorio no tendrán ninguna restricción.

JUSTICIA

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