La alerta de la Procuraduría por los riesgos que implicaría limitar los tiempos y recorte presupuestal a la JEP

En los últimos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado en la agenda noticiosa luego de la propuesta que lanzó el comisionado de Paz, Otty Patiño, de adelantar la fecha de cierre ese tribunal de paz y del recorte presupuestal que tendría la jurisdicción. Ambos temas hicieron que la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta. 

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Ante este último escenario, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, en diálogo con EL TIEMPO señaló que la decisión “es preocupante” toda vez que se le dio destinación diferente a recursos que llevaba 2 años gestionando el tribunal.

“Son 450.000 millones de pesos que iban a ser garantizados de acá al final del periodo de gobierno con los cuales se iba a financiar la sostenibilidad de los proyectos restaurativos. Ahora que los recursos gubernamentales desaparecen, nos dejan en el limbo”, dijo Vida.

Por lo anterior, el Ministerio Público, consideró que reducir el alcance y presupuesto de la JEP “comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado”.

“Limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”, señaló la Procuraduría en un comunicado y recordó que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. “Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia”, dijo.

En la alerta, el Ministerio Público, además señaló que “es fundamental que la autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”.

Redacción Justicia