La guerra de los murales: el despido, las amenazas y la polémica en torno a 'Las cuchas tienen razón'

El hallazgo de restos humanos en La Escombrera terminó envuelto en un torbellino político por la responsabilidad sobre los hechos que enmarcaron la desaparición de las personas que fueron exhumadas allí después de 20 años de búsqueda. Además de las declaraciones opuestas del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, así como las de personalidades de diferentes orillas de la opinión pública, uno de los símbolos que se erigió en torno al debate fue un mural en las principales ciudades del país, que ha sido objeto de vandalismo, amenazas y ahora un despido de uno de los funcionarios de la Jurisdicción.

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Una mancha negra hoy cubre a medias el mural 'Las cuchas tienen razón', ubicado en la calle 45 con carrera Séptima, en Bogotá. Por lo menos en tres oportunidades, grupos de artistas y activistas han vuelto a pintar la frase, que posteriormente, en una guerra de pinceles, es manchada por simpatizantes políticos de la oposición o personas que dicen "defender la infraestructura pública". 

En Medellín, donde está ubicada La Escombrera, en la que se buscan víctimas de desaparición de la Comuna 13, el tira y afloja político por esta expresión artística, plasmada en el deprimido del Terminal del Norte, ha involucrado a las más altas esferas del poder público, al alcalde Federico Gutiérrez y al jefe de Estado.

Al día siguiente de haber sido estampado, la Alcaldía decidió cubrirlo, según se justificó, como "una medida en contra de las expresiones de odio que fueron añadidas a la frase inicial", entre ellas una imagen del expresidente Álvaro Uribe. 

Sin embargo, sobre la decisión llovieron críticas desde diferentes sectores sociales y políticos, entre ellas la del Presidente, quien calificó de "fascista" a Gutiérrez, y la de la Defensora del Pueblo. Tras una reunión entre la istración y el colectivo de artistas urbanos, el grafiti fue repintado.

En Cali, la controversia tomó un carácter violento. Además de la guerra de los rodillos y después de haber sido vandalizado en un par de ocasiones, en un enfrentamiento entre ciudadanos de sectores políticos contrarios, un hombre amenazó con un arma de fuego a un grupo de jóvenes quienes se encontraban restaurando el mural. 

Se trata de un militar retirado del Ejército que habría estado vinculado como escolta en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que tuvo un contrato en la Personería distrital de Cali hasta el 31 de diciembre pasado.

La polémica incluso trascendió las fronteras y el mural fue pintado en Berlín, Alemania. Aún desde allí despertó contradicciones y los colombianos que lo dibujaron fueron denunciados por "terrorismo internacional". 

La última movida en torno a este conflicto la dio la JEP, entidad que, junto con la Unidad de Búsqueda, desenterró e identificó los primeros restos óseos, después de diez años desde la primera intervención. Este tribunal también ha estado en el ojo del huracán porque atribuye como principal causa de las desapariciones las 34 operaciones militares que se ejecutaron en la comuna entre los períodos 2001-2004, entre ellas la Operación Orión, ordenada bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y comandada por el general (r) Mario Montoya.

Por su participación en uno de los actos "vandálicos" en contra del mural 'Las cuchas tienen razón', en Manizales, la Jurisdicción decidió cancelarle el contrato a Simón Arango Noreña, un joven militante del partido Centro Democrático. 

"Bajo sus facultades contractuales y legales, la Jurisdicción Especial para la Paz terminó de manera unilateral el contrato de prestación de servicios suscrito por Simón Arango Noreña con esta entidad en razón a los actos de conocimiento público que afectan de manera grave los derechos y la dignidad de las víctimas, en especial su derecho a la memoria", informó la JEP. 

Y agregó: "La JEP manifiesta su absoluto rechazo a todo acto o declaración que vulnere sus fines, principios y valores ligados de manera inequívoca con la cultura de paz y la dignidad y centralidad de todas las víctimas, con mayor firmeza cuando se trate de funcionarios, servidores o contratistas vinculados a la entidad". 

A propósito, la senadora María Fernanda Cabal trinó que "respaldaba a Simón en su derecho a la libre expresión", quien presuntamente demandaría a la entidad por su despido.

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"Tan drásticos y legalistas quienes reclaman que la narrativa de la violencia NO es propiedad de ustedes, burócratas derrochadores que ven “normal” que en ocho años no exista sentencia a reclutadores y violadores de niños. Respaldamos a Simón en su derecho a la libre expresión", publicó en su cuenta de X. 

La defensora del Pueblo, Iris Marín, quien ha defendido los murales y rechazado los brochazos que los han cubierto, le dijo a este diario que "borrarlos es ir en contra de la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras", quienes durante años han arañado la montaña en busca de respuestas.

"Hay que respetar la lucha de estas mujeres, pero también hay familias, personas, hombres, jóvenes que están buscando a quienes desaparecieron (...) Muchas de estas mujeres están muriendo buscando memoria entonces hay que respaldarlas, hay que apoyarlas, no agredirlas y no generar una relativización general de cosas que las víctimas han conquistado a través de los años", recalcó la funcionaria.

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Redacción Justicia