Los interrogantes en torno a la imposición de las primeras sanciones de la JEP a los exfarc

Pasó otro año sin que se impusieran las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las decisiones más esperadas desde la firma de los acuerdos del Teatro Colón. Reuniones entre el alto Gobierno y la magistratura han dado pistas sobre los avances en las condiciones para su implementación. Sin embargo, persisten varias dudas de aspectos de crucial importancia.

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Recientemente, un borrador presentado por el Ministerio de Justicia a la JEP, en el que se proponía la creación de zonas especiales para que los comparecientes cumplieran las penas restaurativas, causó revuelo. 

Las 'Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria', como se bautizaron en la propuesta, lugares similares a los llamados ETCR, en los que los excombatientes adelantan el proceso de reincorporación a través de proyectos productivos, no fueron bien recibidas por el núcleo del antiguo secretariado de las Farc.

Los antiguos cabecillas de la guerrilla pidieron la derogación de la propuesta que establece restricciones a la movilidad y vigilancia supervisada en estos espacios para garantizar el cumplimiento de las sanciones, argumentando que la iniciativa va en contra de los Acuerdos de Paz.

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También pidieron tumbar el Conpes 4094, el andamiaje para la ejecución y sostenibilidad de las medidas restaurativas. Sin esta hoja de ruta, advierten desde el Gobierno, se tardaría entre seis y ocho meses en diseñar una nueva estrategia, lo que postergaría otro año la tan anhelada primera sentencia fruto del desarme de las Farc. 

Las sanciones propias, que son las que cobijan a los máximos responsables que reconocen su participación en los graves crímenes del conflicto, van de los cinco a los ocho años, y se cumplirán mediante trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador. En este sentido, el lugar y la forma en que se pagará la pena juegan un papel clave, de cara a las expectativas de las víctimas.

A propósito de la polémica, la JEP no se ha pronunciado. Fuentes de este tribunal aseguran que están estudiando detenidamente la propuesta y que, en enero de 2025, mes en el que se reunirán nuevamente con el Ejecutivo en una mesa técnica, darán una respuesta sobre el borrador.

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Así las cosas, uno de los interrogantes que se buscaba despejar con el proyecto del Minjusticia, el 'dónde', quedó en suspenso. 

La ministra Ángela María Buitrago ha salido a bajarle las revoluciones a la controversia, enfatizando en que se trataba de un esbozo y que está sujeto a comentarios. "Nosotros lo que hicimos fue entregar un documento en donde decimos, mire, estas zonas se pueden utilizar para que las víctimas dialoguen, pero eso no quiere decir que hayamos decretado una política pública ni se haya definido cuáles son los componentes de las sanciones propias", le dijo a este diario. 

Y resaltó que lo más importante es que se haya reactivado la instancia de diálogo JEP - Gobierno para acelerar el proceso de imposición de la sentencia. 

Las características de las sanciones son competencia de la JEP y eso lo dejó claro la cabeza de la cartera de Justicia, quien aseguró que el Ministerio hace aportes a algunos componentes pero respeta la autonomía de la Jurisdicción. 

El cómo se implementarán las sanciones sigue siendo una incógnita. Ha habido reuniones entre la JEP y los comparecientes bajo un completo hermetismo, en las que se estaría definiendo la forma. Sin embargo, estos acuerdos no han sido comunicados al Gobierno, con el que se debe ejecutar el proyecto.

"Ya se han definido algunas cosas al interior de la JEP que no son públicas. Desde este contexto, sería importante conocerlas porque no sabemos cuáles son los acuerdos (...) Se tiene que transparentar qué es lo que van a imponer, porque como no han impuesto la primera sanción, tampoco se sabe cómo estarán enfocadas", agregó la ministra.

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Hay un amplio abanico de posibilidades. En los últimos tres años la JEP ha adelantado proyectos de prueba, con recursos de la cooperación internacional, que han sido un adelanto de las sanciones reparativas que impondrá. Hay uno de restauración ambiental, en el Sumapaz, otro de educación y riesgo de minas, en Antioquia, y uno de sanación espiritual, en Nariño. 

Este anticipo no ha estado exento de críticas por parte de algunas de las víctimas, quienes se sienten insatisfechas con el componente restaurativo. Por esta razón, tendrá que definirse si se ajusta la estrategia y existirá una homogeneidad en las sanciones. 

Otro tema sujeto de estudio es si la actividad política que han adelantado desde el Congreso e instancias territoriales contaría como reparación. Lo cual es una opción a la que la JEP no le cierra del todo la puerta. Fuentes de ese tribunal analizan el tema, que será determinado en la sentencia.

Hasta el momento, la única alcaldía que ha ganado Comunes (el partido político de las exFarc) ha sido la de Turbaco, en 2020, con Julián Conrado. Y su trabajo legislativo tampoco se ha destacado.

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El "cuándo" sigue en el tintero. Si bien todo parece indicar que 2025 sería el año en el que se emitirá la primera sentencia, la magistratura no se ha atrevido a dar una fecha exacta. Lo que sí se anticipa es que será por el macrocaso 01, sobre secuestro, en contra del antiguo secretariado, quienes ya reconocieron su responsabilidad por este crimen y pidieron perdón a las víctimas.

Redacción Justicia