‘Nos preocupa riesgo de arruinar el modelo’: JEP sobre juzgar a nuevos actores

Esperando poder dar respuesta pronta y de calidad a las expectativas de las víctimas, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Carlos Vidal López, asumió su mandato de 2 años este viernes. Vidal habló sobre los retos para la JEP, el avance de los casos y las preocupaciones de la Jurisdicción frente a la ‘paz total’ que propone el Gobierno.

Continuar en lo que venimos haciendo bien, que es adelantar nuestras investigaciones de los crímenes más graves que ocurrieron en el conflicto sobre los máximos responsables, allí hemos tenido logros importantes que se materializan en nuestra primera resolución de conclusiones.

El presidente (Eduardo) Cifuentes deja una JEP que ya está funcionando en todas sus dimensiones, y lo que sigue, por supuesto, es producir resultados de muy alta calidad en tiempos razonables; entre ellos, unos particularmente importantes van a ser las primeras sanciones propias de la Jurisdicción.

En tercer lugar, la capacidad que hoy tenemos nos va a permitir profundizar la participación de las víctimas en la Jurisdicción, esmerando nuestra posibilidad de responder a sus demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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La elección estuvo con unos empates, lo que muestra también la vitalidad de la discusión, este era el primer ejercicio en que hay varios candidatos, en la elección anterior esto fue un consenso y en la primera, pues fue una selección en la que nosotros no participamos, entonces también estábamos iniciándonos en eso y fue un diálogo muy provechoso porque nos permitió enriquecer las posibilidades que vemos hacia adelante, pero también ponernos de acuerdo sobre cuáles son los problemas y los logros que tenemos.

Ya estamos trabajando, hay una voluntad inmensa de los magistrados no solo en cumplir su trabajo como jueces, sino en contribuir a fortalecer aquellos sitios donde nosotros necesitamos trabajo adicional.

Hoy en día tenemos una capacidad mayor, hay que poner de presente que nosotros no solo nos instalamos en la JEP, sino que nos tocó construir herramientas y los tiempos han sido muy cortos en el contexto de cualquier istración de justicia nacional o internacional, y hoy creo que ya nos sentimos en una institución madura, donde nuestras herramientas ya están claras, nuestros procedimientos están muy definidos, lo que nos permite esperar que en el futuro próximo las decisiones ya estén por una carrilera que está armada, y que por lo mismo sean más céleres.

Una de nuestras fortalezas es que se trata de una jurisdicción temporal que no está destinada a perpetuarse, entonces tenemos una preocupación no solo de cumplir nuestra labor, sino cumplirla en los tiempos que están previstos en la ley y la Constitución. A nosotros nos restan cinco años de periodo para investigar, y cinco años más para terminar los juicios.

Parte de los logros en el método que tenemos es que ya empezamos a saber cuáles son los recursos presentes y futuros que necesitamos, y por supuesto, el resultado que nos da es que nos hacen falta muchísimos recursos, eso hace parte de una discusión con el Gobierno Nacional.

Nosotros necesitamos recursos del presupuesto nacional incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, esa es una conversación muy cordial que tenemos con el gobierno actual, pero también para eso necesitamos canalizar recursos de la cooperación, todo ello con la idea de que las investigaciones masivas requieren recursos masivos y esa es una de las funciones de la presidencia, el presidente Cifuentes la desempeñó con lujo, dejándonos unos recursos muy importantes, pero en eso habrá que seguir trabajando.

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Tratándose de procesos tan complejos y donde hay una participación masiva de víctimas y comparecientes, no es posible en manera alguna hacer un cálculo preciso, pero lo que sí tenemos es procesos que permiten prever resultados prontos. Tenemos ya una resolución de conclusión en el caso 1 contra el antiguo secretario de las Farc por el tema de secuestro, una resolución que está concluida y que tiene muy avanzada la discusión, lo que hace prever que en poco tiempo podrá salir.

Lo mismo los nuevos resultados en el caso 3, eso va a ser una seguidilla ya de decisiones que vienen saliendo. Pero quisiera también llamar la atención en que el producto de la JEP, además de esas decisiones judiciales, son nuestras audiencias, donde las víctimas han podido visibilizarse, donde ha habido reconocimientos de los comparecientes y donde el país ha incorporado eso a diálogos cotidianos sobre la paz, y yo creo que ese es uno de los aportes más importantes que hacemos.

Primero, muchas de las propuestas de los comparecientes fueron descartadas de tajo por las víctimas, que vieron que no les funcionaban, pero quisiera advertir que las sanciones propias no van a salir exclusivamente ni en gran parte de las propuestas que están ahí, esas son un punto de arranque de algo mucho mayor.

Cabe esperar nuevas audiencias de debates muy intensos de proyectos que está construyendo la Jurisdicción con el Gobierno Nacional, proyectos muy ambiciosos que tendrían un poder restaurativo muy grande. La resolución de conclusiones muestra unos proyectos que son el abrebocas de una cosa mucho mayor, y la vigilancia la hace la Misión de verificación de la ONU, o sea, una cuestión cuya seriedad está garantizada.

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Por ejemplo, tenemos los primeros proyectos piloto de un plan masivo de desminado y educación en el riesgo de minas que estaría preparado para vincular tal vez a cientos y hasta miles de comparecientes de manera permanente por muchos años, la labor de desminar el territorio colombiano nos va a ocupar décadas hacia adelante, y nadie duda de la capacidad restaurativa que tiene liberar a territorios de esos artefactos y poderles devolver la tranquilidad a muchos territorios.

No tengo la capacidad de ponerle una fecha a esto, pero hay que resaltar que nadie en Colombia tiene la obligación de autoincriminarse y un compareciente tiene el derecho de escoger entre reconocer responsabilidad o no, de manera que el hecho de que un compareciente no reconozca no es una catástrofe para la JEP sino que se activa el camino adversarial, como ya está pasando con tres o cuatro casos; esto pasa a nuestra Fiscalía, que se encarga de acusar, y la Sección de Ausencia de Reconocimiento los va a juzgar con todas las garantías judiciales, pero en el caso de encontrarlos responsables, tendrían hasta 20 años de cárcel, y tenemos previsto un mecanismo bastante rápido de juzgamiento. Lo que hace prever que las decisiones en esa dirección no se demoren tanto.

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Hay que considerar que el Gobierno concedió las amnistías más amplias posibles, pero lo que no se puede amnistiar se tiene que juzgar, entonces nosotros hacemos las dos cosas: juzgamos lo que no se puede amnistiar y le concedemos la amnistía a lo demás, tenemos una Sala de Amnistía que se ocupa de los antiguos de las Farc, pero al mismo tiempo, una Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se ocupa de los de la Fuerza Pública.

Claro, hay una preocupación muy grande por que esas vías sean más rápidas, y esperamos dar resultados muy pronto que permitan que de manera masiva esas personas se puedan incorporar a la ciudadanía mientras nosotros nos ocupamos del juzgamiento de máximos responsables.

No estoy en capacidad de dar una fecha, nosotros hicimos nueve audiencias con víctimas en todo el país para discutir esa última priorización que es decidir qué es lo que investigamos y qué no, lo que sigue ahora es afinar la construcción del caso para abrirlo, eso se llama una concentración de investigación, y vamos a destinar un conjunto importante investigadores.

¿Faltan más casos?

La JEP ya definió su horizonte de investigación, este es un mensaje muy importante: no hay más casos, son esos 11, ya ese es el horizonte de investigación de la Jurisdicción, es un horizonte bastante grande, los tribunales transicionales normalmente están ocupados en uno o dos casos, nosotros nos vamos a ocupar de 11 macrocasos.

La relación de la JEP con la Corte Penal Internacional es estrecha, no solo estamos cumpliendo estándares internacionales del Estado colombiano en investigación, sino que la experiencia de la JEP tiene un capítulo determinante en la costumbre internacional, cualquier tribunal transicional que se esté diseñando tiene que mirar la práctica nuestra, entonces el trabajo con la I es un trabajo de cumplimiento de estándares.

Por otro lado, ellos nos ofrecen apoyo técnico, estamos informando permanentemente de nuestro trabajo y tenemos equipos conjuntos en los que estamos investigando temas muy importantes para ellos como el de las sanciones propias o violaciones particulares en Colombia que son especialmente difíciles en el derecho internacional.

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La Jurisdicción se debe a la paz, y cualquier iniciativa de paz en el país nosotros la tenemos que apoyar. Ahora, cualquier iniciativa de paz tiene que tener un componente de istración de justicia, la JEP es un modelo, no es el único ni el último y tal vez no sea el mejor, pero es el que tenemos y es el más avanzado en el país. En ese sentido, somos los que más experiencia tenemos y la ponemos al servicio del Gobierno, de la opinión y de la nación.

Lo que sigue son diseños que les corresponden al Gobierno Nacional y al Poder Legislativo, nosotros estamos en toda la disposición de brindar la asesoría, pero también estamos expectantes sobre cuál es el diseño que se haga y qué rol tendremos nosotros; cuentan con nuestro absoluto compromiso con la paz.

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En Colombia, la jurisdicción fue diseñada en el proceso con las Farc para juzgar a los de las antiguas Farc, la Fuerza Pública, terceros, funcionarios del Estado, eso es lo que podemos hacer hoy. Esas competencias las puede modificar el Congreso, pero nos preocupa que el acuerdo no solo nos dio una dimensión de competencia, sino que el diseño está para esas obligaciones, entonces lo que no podría pasar es que se tome el mismo diseño de la JEP, con sus mismas capacidades, y se suponga que simplemente se trata de subir nuevas personas para juzgar 'ya que juzgaste a este, juzga a aquel'... si nos metemos en el 'ya que' podemos correr el riesgo de arruinar el modelo.

Por eso nos ponemos en el lugar de tener toda la disposición para que esos diseños serios, consecuentes, institucionales, puedan avanar, cumpliendo un gran aporte que creemos que podemos hacer hoy, que es demostrar que un sistema de justicia tiene todo que aportar a la paz y que ese es el camino, pero que los diseños que vengan sean muy cuidadosos, respecto de las capacidades, los recursos, los alcances y las posibilidades que tengan.

Hoy en día, con el marco legal y constitucional que tiene la JEP, ellos recibieron un debido proceso y debido a sus acciones fueron expulsados.

Con el derecho que tenemos hoy, están expulsados de la Jurisdicción y ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo nos pueden ordenar que los recibamos; cosa distinta es si se modifica el marco legal y constitucional y nos crearan una competencia que pudiera abrir ese camino, pero con lo que tenemos hoy, ellos están fuera y han recibido el tratamiento y garantías judiciales que requerían.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

En Twitter: @MIOF_