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¿Qué va a contar 'Otoniel' en JEP? Detalles de su propuesta y revelaciones
En documento de 119 páginas menciona a generales que habrían tenido vínculos con paramilitares.
Alias Otoniel fue capturado este 23 de octubre. Foto: Policía Nacional
Mientras sigue su trámite de extradición a Estados Unidos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se está encargando de asegurar que las verdades que conoce Dairo Antonio Úsuga David, el máximo cabecilla del ‘clan del Golfo’, se queden en Colombia.
El capo, conocido como 'Otoniel', hablará el próximo 8 de marzo ante los magistrados de la JEP sobre las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes para ser presentados como bajas en combate por el Ejército: los llamados 'falsos positivos'.
Y en un documento de 119 páginas, conocido por EL TIEMPO, menciona a dos generales en retiro, exaltos mandos de la Brigada XVI del Ejército, que opera en Casanare, y un subdirector del extinto DAS de esa región, que habrían trabajado en conjunto con los paramilitares del Bloque Centauros (al que perteneció 'Otoniel').
Úsuga David ya rindió declaraciones ante la JEP sobre el conflicto en el Urabá, y ahora fue llamado como testigo en el caso 03, que investiga los ‘falsos positivos’.
Lo que va a contarse
En el documento —que es una solicitud de la defensa de ‘Otoniel’ para que el capo pueda someterse a la JEP— se cuentan los hechos que estaría dispuesto a revelar.
Uno de estos tiene que ver con su participación como colaborador, cómplice y coautor en calidad de tercero civil y se refiere a las acciones ilegales “ordenadas, planeadas y ejecutadas por altos mandos del Ejército Nacional en el departamento del Casanare y el Meta, en concreto por parte de los generales (r) Leonardo Barrera Gordillo y Henry William Torres Escalante”, cuando estos fueron comandantes de la Brigada XVI, en los años 2005 y 2007 respectivamente, se lee en el oficio.
Captura de un video del canal de las Fuerzas Militares de Colombia. Foto de archivo. Foto:Captura de video
Algunas de las acciones que el capo señala son las ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos.
La defensa de ‘Otoniel’ dice que, de ser aceptado su sometimiento, declarará por los hechos en los que tenga responsabilidad directa e indirecta dentro del macrocaso 04 de la JEP, sobre la situación en Urabá.
Especialmente, los relacionados con las masacres de San José de Apartadó, Peque y otros crímenes de lesa humanidad, así como asesinatos de campesinos, indígenas, afrodescendientes, de colectivos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y población LGBTI.
También señaló que hablará de supuestas operaciones conjuntas realizadas en las regiones de Urabá, Córdoba, Chocó y los Llanos Orientales, entre paramilitares y del Ejército, Policía y DAS.
Dará información sobre desaparecidos
De otro lado, el capo del ‘clan del Golfo’ aseguró que dará a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas información precisa sobre “fosas o lugares en los que se encuentren cuerpos de civiles y armados dados por desaparecidos”, y otros crímenes perpetrados por el bloque Centauros de las Auc, al que perteneció y que delinquía en los Llanos Orientales.
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el capturado exjefe del 'clan del Golfo', declaró en una audiencia que duró cinco horas ante la JEP. Captura de pantalla Foto:Captura de pantallla
Ante la Comisión de la Verdad, Úsuga afirma en el documento, que contribuirá a la verdad del conflicto atestiguando “desde mis inicios como guerrillero de las Farc en el año de 1986 hasta el momento de mi entrega a la justicia colombiana en el año de 2021 como comandante de las Autodefensas Gaitanistas”, la otra denominación del ‘clan del Golfo’.
Según la defensa de ‘Otoniel’, esto permitiría “construir un relato amplio y sincero de los efectos desastrosos de la guerra para la sociedad colombiana en su conjunto a lo largo de casi siete décadas de conflicto”.
Además, el jefe del grupo armado se compromete a contribuir a la reparación de las víctimas y la no repetición, con acciones como formular un plan de reparación que debe ser concertado y aprobado por organizaciones de víctimas y comunidades más afectadas por el accionar de grupos paramilitares en las regiones de Urabá, Córdoba, Antioquia, Casanare y Meta.