Voces a favor y en contra de las objeciones de Duque a ley de la JEP

Luego de que el presidente Iván Duque anunció sus objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la última norma que falta por entrar en vigencia en este esquema de juzgamiento de crímenes cometidos durante el conflicto, expertos dividieron sus opiniones sobre el fundamento y las consecuencias de esas objeciones.

Los abogados consultados por EL TIEMPO hablan, de una lado, de que estas objeciones no significan que la JEP queda paralizada y que son totalmente válidas, y de otro lado, se refieren a que significan un desconocimiento no solo al acuerdo de paz con las Farc, sino a la Constitución misma y a la Corte Constitucional, dado que ese tribunal ya se había pronunciado sobre ella. 

Para Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los juristas que diseñaron este modelo de juzgamiento para excombatientes, señala que luego del anuncio de Duque "se concluye que la JEP sigue funcionando, que el Presidente está asumiendo un riesgo político innecesario de que las objeciones no pasen en el Congreso y de que se polarice la sociedad".

Para Henao es claro que en dado caso de que prosperen las objeciones en el Congreso, su efecto es que estas "volverían a la Corte Constitucional" para su análisis. "Así pasaran las objeciones volverán a la Corte, que normalmente debe desecharlas, con lo cual se llega otra vez al punto de antes de su intervención (la de Duque)".

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien le había sugerido al presidente Duque objetar dicha norma que fija principios y detalla procedimientos claves de la JEP, señaló que "el anuncio de una reforma constitucional limitada y apenas con 6 objeciones para afianzar los derechos de las victimas e impedir la impunidad son la oportunidad para cerrar este capítulo de la normativa". "La paz y la JEP no están amenazadas", agregó Martínez.

Por su lado, el exnegociador del acuerdo de paz de La Habana y exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien impulsó en el Congreso las normas de implementación de lo pactado, dijo que "el presidente Duque, al objetar la ley estatutaria, está desafiando y desconociendo un fallo de la Corte Constitucional y generando inestabilidad e incertidumbre por parte del Estado a los acuerdos de paz. Es una grave equivocación".

Diego Martínez, abogado del hoy partido Farc, a su turno señaló que "la objeción no es contra la ley estatutaria, sino contra las decisiones de constitucionalidad que produjo la Corte interpretando la JEP".

"No es cierto que no se afecte el funcionamiento de la JEP, el efecto práctico es la lentitud en cada uno de los trámites, la idea era agilizar", añadió Martínez.

Para el abogado Jaime Castro, "el presidente Duque fue coherente con su posición como senador y candidato. Fue claro en explicar que objetaba 6 de los 159 artículos por inconvenientes y no por inconstitucionales; no asumió funciones que no le correspondían. Y no se está creando ningún traumatismo a la JEP".

En el espectro político, el expresidente de la República y presidente del partido Liberal, César Gaviria, rechazó la decisión de Duque de objetar pues desconoce lo pactado con más de 10.000 exguerrilleros de las Farc y anunció que en este caso se le debe consultar a la Corte Constitucional, antes de que el Congreso se pronuncie sobre las objeciones, pues la aprobación de la ley estatutaria se dio bajo un trámite especial.

"Por tratarse de un procedimiento especial -el del denominado fast track-, por tratarse de una ley estatutaria ya revisada por la Corte y por el hecho de que la propia Corte decidió en su parte resolutiva que el proyecto debería enviarse al Presidente para 'su sanción' considero necesario que, antes de iniciar con el trámite legislativo en el Congreso, para estudiar las objeciones presidenciales se consulte a la Corte Constitucional si son posibles las objeciones o si por el contrario se debe negar su trámite", dijo Gaviria.

Se espera que este lunes, el partido Farc se pronuncie oficialmente, sin embargo, Pastor Alape, uno de sus líderes, le dijo a este diario que la decisión de Duque es "muy grave, de inseguridad jurídica total, afecta la reincorporación en toda su dimensión. Es el más violento ataque a La Paz desde la firma del acuerdo. Es un ataque al Estado de Derecho, desconoce a la Corte Constitucional en su fallo sobre la JEP".

REDACCIÓN PAZ

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