Secuestro: lo que quedó faltando tras la primera audiencia de ex-Farc

El sonido de las cadenas estrelladas contra la mesa hizo eco en el auditorio. El sargento de la Policía César Augusto Lasso —secuestrado junto a otras 60 personas el 1.º de noviembre de 1998, después de resistir las 72 horas de combate de la toma de Mitú— las llevó hasta el lugar para recordar su cautiverio.

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Se le cayeron al piso y el ruido del metal contra la madera retumbó. Se puso de pie, rodeó su cuello con los eslabones –como lo hicieron tantos días y tantas noches los guerrilleros de las Farc–, y su imagen, esta vez en libertad, fue memoria de esa barbarie que sufrieron por lo menos 21.396 personas en Colombia: el secuestro.

Lasso se sentó, y su mirada atravesó los seis metros que había entre su mesa –donde estaba con otros dos de la Fuerza Pública que estuvieron retenidos– y la mesa de enfrente –la de los siete exjefes máximos de las Farc imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante los secuestros cometidos por la extinta guerrilla.

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Y dijo: “Estas cadenas de la ignominia, de la degradación, espero que no se repitan en el país”.

Unas horas antes, en el mismo auditorio de la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá –donde este martes se llevó a cabo la primera de tres jornadas de la audiencia de reconocimiento de los ex-Farc por secuestro–, el exguerrillero y hoy líder de reincorporación Pastor Alape había aceptado que el uso de esas cadenas fue solo uno de varios tratos crueles e inhumanos que el grupo rebelde implementó en el cautiverio.

Con el rostro enrojecido y los ojos puestos en el excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien pasó ocho años en cautiverio y no apartó su mirada un solo segundo, Alape dijo: “No estoy aquí para que esto sea un acto de un show mediático, sino porque estoy convencido de que la paz se construye desde el corazón. Nuestra organización se volvió una fábrica de odios, de dolor. Con el dolor que estábamos causando, la falta de control que teníamos sobre las unidades y cómo se desbordó el tratamiento de una organización que se planteaba la lucha por el humanismo, termina desarrollando acciones dolorosas de humillación contra ciudadanos”.

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Esas dos escenas, que se vivieron en apenas algunos minutos de las más de siete horas de la audiencia, son parte del cuadro del esclarecimiento de verdad, el reconocimiento de responsabilidad y la búsqueda de justicia que está tratando de pintar el país y, sobre todo, sus víctimas y victimarios, de la mano de la JEP.

La diligencia –que continuará este miércoles 22 y jueves 23– es clave en el camino para formular las primeras sanciones contra los excomandantes guerrilleros, y fue posible luego de algunos aplazamientos que generaron críticas de parte de las víctimas.

De hecho, durante la audiencia varias insistieron en la necesidad de ahondar en los testimonios y recabar información para establecer la suerte y paradero de las personas que fueron desaparecidas en medio de los secuestros.

La diligencia de este martes abordó uno de los tres patrones identificados en la política de toma de rehenes de las Farc: las privaciones de la libertad de civiles, militares y policías para forzar intercambios por guerrilleros presos.

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Cuando los siete excombatientes tomaron la palabra por primera vez, cada uno relató de manera escueta sus razones para aceptar los cargos endilgados por la JEP. Aunque hubo malestar ante la falta de detalle en esa primera intervención, los ex-Farc ampliaron su reconocimientos luego de escuchar a las víctimas, que pudieron plantearles reparos y demandas puntuales.

El exrepresentante a la Cámara Orlando Beltrán, secuestrado por 6 años, afirmó: “Ustedes son una manada de asesinos y criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana. Esta página de dolor hay que pasarla. Es mejor la paz que la guerra prolongada”. Y cuestionó: “¿Quiénes estuvieron detrás del delito de secuestro en el departamento de Huila? Que el país conozca quiénes auspiciaban la guerra, quiénes les colaboraban”.

El excomandante guerrillero Pablo Catatumbo, quien estuvo en el secretariado desde el 2008, aseguró que la decisión de secuestrar personas para forzar el canje fue “equivocada, irracional e inhumana”, y se comprometió a “hacer todo lo posible porque se satisfagan esas justas y válidas demandas de verdad” que plantearon las víctimas.

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Sobre la afectación a la Fuerza Pública, Alape dijo: “Mirábamos al militar como representante de violencia de Estado, no mirábamos al ciudadano debajo del uniforme. Por eso fuimos indolentes”. Y añadió: “Reconocemos el dolor a quienes no pudieron criar a sus hijos, quienes no pudieron ayudar a su familia, a quienes murieron en cautiverio y quienes están desaparecidos. Tenemos responsabilidad política de buscarlos y calmar el dolor”.

En una de sus intervenciones, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) pidió perdón. “Ojalá la humanidad, la sociedad y en especial las víctimas, de verdad nos puedan perdonar. Sé que las heridas va a ser imposible repararlas, pero sí podemos buscar la sanación”, dijo Londoño.

Al cierre de la audiencia, el abogado Daniel Vargas, de la Comisión Colombiana de Juristas, le dijo a EL TIEMPO que “en términos generales, las víctimas se encuentran satisfechas con lo manifestado por los comparecientes. Sin embargo, el aporte a la verdad sigue siendo incompleto por parte de estos a pesar de la sinceridad que se siente en algunas de sus intervenciones. Se necesitan manifestaciones expresas sobre cada uno de sus casos y aportes a la verdad sobre estos”.

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Vargas, quien representa a más de 1.000 víctimas acreditadas en el caso 01, señaló que hace falta profundizar en información sobre terceros o funcionarios públicos que participaron en la comisión de estos crímenes.

“La deuda sobre el tema de los desaparecidos sigue presente y es necesario que se logre la ubicación de estas víctimas”, añadió.

En las últimas horas de la diligencia, los familiares de los secuestrados que nunca regresaron intervinieron para pedirles a los ex-Farc que indaguen en el interior de las estructuras para saber qué pasó con los desaparecidos.

“Necesitamos saber la verdad porque es lo único que nos queda de la dignidad que fue avasallada”, dijo Edna Rivas, hermana del capitán Elkin Rivas, secuestrado en 1998.

Aunque la reparación económica no es competencia de la JEP, la mayoría de las intervenciones de las víctimas –en especial, los de la Fuerza Pública– hicieron énfasis en la deuda de los ex-Farc y el Estado en términos de indemnizaciones.

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“De dónde acá, de un solo brochazo, se borra la reparación económica. En el acuerdo de paz no quedó ese tema. Estamos hablando del perdón y les habla alguien que ha perdonado, pero que no puede soslayar las demandas de justicia y de reparación que están haciendo las víctimas”, indicó Sigifredo López, el único de los 12 diputados del Valle que sobrevivió al secuestro.

En enero del año pasado, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó a siete exintegrantes del secretariado de las Farc crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01 por secuestro y otras privaciones graves de la libertad.

En el proceso aparecen otros hechos vinculados a los secuestros, tales como abusos sexuales y violaciones, malos tratos permanentes, tortura psicológica a través de falsos fusilamientos, cobro de rescate por cadáveres, plagios indiscriminados, incluso de mujeres embarazadas y niños, trabajos forzados, asesinatos y desapariciones.

Los cálculos de la JEP sobre el número de personas secuestradas por las Farc llegan a 21.396 desde los años 80. De ellas, 1.860 están reportadas como víctimas de desaparición forzada y otras 627, como asesinadas.

En abril del año pasado, los exguerrilleros aceptaron por escrito su responsabilidad en los hechos imputados, y ahora se dio paso al reconocimiento público y el pedido de perdón, que se inició ayer en Bogotá e irá hasta el jueves de esta semana.

Después, lo que viene es evaluar si el reconocimiento cumple con los criterios y, si esto ocurre, los magistrados tienen tres meses de plazo para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá la sanción por imponer a los excombatientes.

Dos de los temas claves que deben definirse en esa instancia son si se mantiene el cargo de esclavitud, y si los excombatientes que están en el Congreso pueden mantener sus curules. Está en manos de la JEP determinar la compatibilidad entre la ejecución de la condena que será impuesta y la participación en política de los sometidos a su jurisdicción.

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Por ahora, habrá que esperar a que se desarrollen las dos jornadas restantes de la audiencia de reconocimiento, que definirán en buena medida el futuro judicial de los ex-Farc procesados y, de paso, la satisfacción de las víctimas sobre sus expectativas.

REDACCIÓN JUSTICIA

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